Por si alguien tenía dudas, está claro quién manda

Alberto Fernández, definitivamente, no pudo resistir la ofensiva de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, y tuvo que entregar a su ministra de Justicia, Marcela Losardo, amiga y socia de toda la vida y en quien confiaba ciegamente. Su reemplazo, Martín Soria, es la alternativa más confrontativa con el sistema judicial y anuncia una etapa de claro conflicto institucional. Se viene una ofensiva sobre los jueces y fiscales que tienen en sus manos algunas de las ocho causas contra la vicepresidenta, sus hijos y antiguos funcionarios de su etapa como presidenta (2007-2015).

Llaman la atención varios aspectos de este relevo. En primer lugar, el tiempo transcurrido desde que anunció la salida de Losardo -una semana- y la designación del reemplazo. Y, sobre todo, el argumento para justificar la despedida de su amiga: dijo que estaba “agobiada” debido a que es una persona que no procede de la política. Un dato que no es cierto, ya que fue secretaria de Justicia durante varios años, con Néstor y con Cristina Kirchner como presidentes. “El tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo también el presidente, blanqueando que la nueva etapa estará basada en lo que parece se ha convertido en la nueva madre de todas las batallas del kirchnerismo: el sometimiento del Poder Judicial.

La renunciada ministra siempre fue cuestionada por Cristina Kirchner y el sector duro que le responde. Se le reprochaba que nunca respaldó la teoría del lawfare (persecución judicial contra los líderes populares, con el apoyo de los “medios hegemónicos” y “los poderes concentrados”), y que tampoco se preocupó por defender a los presos y condenados del anterior gobierno kirchnerista. Y, fundamentalmente, de no hacer nada para desactivar las causas judiciales -la mayoría por corrupción- que desvelan a Cristina Kirchner. Era, por donde se la viera, una ministra moderada, democrática y respetuosa de la división de poderes. Muy lejos de las necesidades de la vicepresidenta y de la concepción que ésta tiene de la Justicia y de la división de poderes.

En verdad la ministra no tuvo tranquilidad en ningún momento. Su segundo, Juan Martín Mena, que tuvo su paso por los servicios secretos, fue impuesto por el kirchnerismo duro y actuó como delegado de Cristina. Lo mismo puede decirse del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

La impaciencia de Cristina Kirchner va de la mano de los reveses judiciales que viene cosechando. Entre ellos, se destacan dos: una resolución de la Cámara de Casación, declarando constitucional la declaración de arrepentidos en la llamada “causa de los cuadernos”, en la que un chofer del ministerio de Planificación tomó nota detallada de los viajes recaudando sobornos entre empresarios. La otra causa que disparó las alarmas fue la condena a 12 años de prisión por lavado de dinero de la obra pública al empresario Lázaro Báez, amigo, socio y testaferro del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Causa en la que también fueron condenados cuatro de los hijos del empresario. Algo que, por comparación, preocupa también a Cristina Kirchner, ya que sus dos hijos también están involucrados en la trama de corrupción.

La principal tarea del nuevo ministro será impulsar la ofensiva final contra la Justicia. El problema es que, como recordaba recientemente el periodista Diego Cabot, que destapó el escándalo de los “cuadernos”, no es posible barrer con las pruebas acumuladas durante años en las causas que más preocupan y ocupan al kirchnerismo. Señala también que los abogados “se han convertido en perdedores seriales de recursos de todo tipo”, ya que decenas de diferentes jueces y diversos tribunales los han rechazado.

El perfil duro del nuevo ministro, Martín Soria, lo fue desarrollando en las redes sociales, donde defiende la existencia del lawfare y mantiene una posición clara de confrontación con los medios que no se someten al oficialismo: “Los periodistas son una mierda”, dijo sin ninguna inhibición. En la pasada campaña electoral, donde fue elegido como diputado por la Provincia de Río Negro, agredió a algunos periodistas. Fue el creador de la frase “Comodoro PRO”, en un juego de palabras entre Comodoro Py, nombre de la calle donde están los juzgados federales donde se ventilan los casos de corrupción, y el PRO, partido del expresidente Mauricio Macri.

La vicepresidenta no solo teme que las causas en su contra avancen y tenga que empezar a peregrinar del Senado a las salas de tribunales. También contempla que las elecciones parlamentarias de octubre supongan una derrota. De ser así, tiene la certidumbre de que los tiempos judiciales, tan sensibles en Argentina a los vaivenes de la política, aceleraban sus causas.

Antes de tomar posesión, en diciembre de 2019, Alberto Fernández sostuvo que su vicepresidenta tendría “injerencia cero” en el gabinete. En octubre pasado, la señora de Kirchner aseguraba en una carta pública que “en la Argentina quien decide es el presidente”, pero también dijo que había “funcionarios que no funcionan”, y alentó a los funcionarios “que tienen miedo” a buscarse otro trabajo. Ahí empezó una nueva etapa en la que quedó claro que quien gobierna es Cristina.

Con la entrega de Losardo, la autoridad de Alberto Fernández está totalmente desgastada. Los deseos de la vicepresidenta ya habían conseguido que el presidente se deshiciera de la ministra de Desarrollo Social y Hábitat, María Eugenia Bielsa, después de que se conociera un video de una reu-nión con militantes en la que la funcionaria dijo: “A Cristina la quiero porque ha hecho mucho por los que menos tienen, pero voy a ser sincera, me duele tener que explicar por qué robamos. Robamos, muchachos, robamos, perdónenme que lo diga así, robamos y no hay que robar en la política, la plata del pueblo no se toca”.

Ahora hay que preguntarse quiénes serán las próximas víctimas de Cristina Kirchner.

Por  lo pronto su avance ya se nota también en las decisiones económicas. El ministro del área, Martín Guzmán, quiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -de hecho hace meses que viene diciendo que es inminente-, pero se da por descartado que será después de las elecciones parlamentarias de octubre, por puras razones de política interna. Para llegar a tal acuerdo, el Gobierno debería tomar medidas de ajuste en la economía, algo impensable en un año electoral. Y que entra en contradicción con la posición de Cristina.