Por la reacción de los narcos, en Santa Fe se está librando una buena lucha contra las drogas

No son novedad los problemas que la Argentina tiene con las drogas, tampoco la instalación del narcotráfico en el país, con todas sus características, las cuales varían según el vocero del Gobierno que se trate. Por ejemplo, para el jefe de Gabinete “Coqui” Capitanich no somos un país productor de drogas, cuando se han cansado de descubrir “cocinas” de cocaína en el Conurbano bonaerense, empezando por las desmanteladas en el resonante caso de la “Ruta de la Efedrina” en el que perdieron la vida los jóvenes Forza, Bina y Ferrón. Si bien se los vinculó inicialmente con la industria farmacéutica, poco después quedaría claro que este precursor tenía como destino las famosas “cocinas” donde se “estira” el clorhidrato de cocaína.

El combate al narcotráfico no puede ni debe ser cuerpo a cuerpo; ya lo dijo el ministro Berni: matemáticamente es imposible darle lucha. Se necesita fundamentalmente la decisión política de combatirla con herramientas puntuales. Por eso es signo positivo la propuesta del Gobierno de convenir con las provincias un frente conjunto contra la venta de drogas al menudeo, que es una problemática en plena expansión. No obstante, no es ese el camino. Empezando por el consumidor, nunca se llega al narcotraficante. A estos personajes, que operan bajo la modalidad de crimen organizado, se los neutraliza con las instituciones del Estado, muchas ya existentes, cuando son bien utilizadas. Lamentablemente en nuestro país se ha desmantelado la principal estructura que podía detectar estas organizaciones: la UIF. La Unidad de Investigación Financiera, creada para detectar entre otras cosas el lavado de dinero, es la vía que permitiría dar con estos personajes que acumulan ingentes sumas de dinero que deben introducir en el circuito legal mediante empresas fantasma. De esa forma, de arriba hacia abajo y no al contrario, es como se desbaratan estas bandas. Pero en nuestro país, sin mayores explicaciones aunque presumiblemente por temores personales de sus miembros (se dio en medio de los affaires de Lázaro Báez y Amado Boudou), el Gobierno desmanteló esta Unidad que aún sigue inactiva. 

A pesar de esta falencia pero con la colaboración de la Afip, en la provincia de Santa Fe se ha podido llegar a desbaratar al grupo conocido como “los Monos”. Sus inversiones familiares –incongruentes con las actividades comerciales que declaraban tener- condujeron al procesamiento de 35 personas en Rosario bajo el cargo de asociación ilícita. No debe llamar la atención que en los últimos tiempos se haya registrado una cantidad terrorífica de muertos y atentados –entre ellos un intento de magnicidio sobre el gobernador Antonio Bonfatti- puesto que esto es el indicativo que en esa provincia se está dando una lucha certera al narcotráfico. Estos delincuentes, evidentemente, se están sintiendo “tocados”, si utilizamos un término del tradicional juego de la Batalla Naval. Y esa es una buena noticia: el combate está siendo efectivo, aunque con lamentables costos.

Es alarmante pero es auspicioso, por eso es para destacar principalmente la actitud del gobierno santafecino y la independencia y valentía de los magistrados de esa provincia, que saben que -dada la calaña demostrada en hechos anteriores- que este procesamiento puede costarles la vida.

Otra cuestión, que no es menor, es que una parte importante del fallo trata sobre los policías involucrados con el grupo narcocriminal. Fueron procesados ocho uniformados de la policía de Santa Fe, entre ellos Juan Maciel, que directamente formaba parte de la banda. Este cabo se desempeñaba en la Secretaría de Delitos Complejos y pasaba información a los líderes de la banda sobre los movimientos de la Policía. Otro uniformado que fue procesado es Guillermo Cardini, que prestaba servicio en la Brigada de Automotores. Allí también trabajaba otro de los incriminados, el subcomisario Germán Herrera.

Dicho esto sin ignorar que el jefe máximo de la policía de Santa Fe apareció el año pasado involucrado directamente con una banda de narcotraficantes y debió dejar el cargo mientras era procesado.

Volviendo a nuestro planteo inicial, sobre la importancia de atacar políticamente y desde arriba hacia abajo el drama del narcotráfico, viene bien este caso para plantear que es muy probable que sin esta investigación financiera del negocio (que, insistimos, debiera provenir de la UIF) nunca se hubiese llegado a “los Monos” y a las familias que las encabezan. Entonces, la cadena que comienza con la detención del consumidor que deschava a su vendedor y éste a uno más importante, termina inexorablemente en el policía o funcionario necesariamente cómplice, pero nunca llega al criminal de este sucio negocio. A este eslabón -que es el más importante- se lo atrapa desde el propio Estado y sus instituciones, no cuerpo a cuerpo, desde la detención de “perejiles” y consumidores. El tema es que para que estas bandas de crimen organizado comenzaran a operar en el país es obvio que debieron contar con connivencia política, de allí que la lucha siempre se encare por el lado que no roce a estos actores.

La droga no se extiende con tanta facilidad sin protección política.

En el caso de Santa Fe, si bien aparece la Policía involucrada, la buena noticia es que el poder político y la Justicia no son parte del negocio y, como queda claro por la reacción de los narcos, están planteando un serio combate. Son tristes y lamentables las muertes ocurridas pero a la vez son la señal de que tocó fuerte al narcotráfico como organización criminal.