Por la desregulación en servicios de salud, la discapacidad vuelve a estar en alerta

En las últimas semanas volvió a sobrevolar la posibilidad de una iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

En una explicación sencilla, la Andis pretende que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual cuando en realidad las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado y equitativo.

Esta iniciativa puso en alerta a las instituciones, profesionales que trabajan con personas con discapacidad así como también a los familiares de los mismos.

Con el afán de tener una mirada integral sobre esta desregulación y la preocupación que esto genera en diferentes ámbitos, LA OPINION conversó con quienes trabajan en discapacidad en Pergamino.

Rechazo a la iniciativa

Belén Busalacchi es la presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad de Pergamino. Explayándose sobre esta temática, Busalacchi dijo que "todas las personas e instituciones que trabajamos por y para el beneficio de las personas con discapacidad rechazamos esta desregulación que propone la Andis" y explicó que "este modelo de decreto instaura que las obras sociales establezcan, de manera independiente, el arancel de las prestaciones para personas con discapacidad dejando de lado el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Esta acción vuelve a poner a la discapacidad en emergencia y es inconstitucional porque va en contra de lo establecido por la Ley Nº 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, que establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia. La misma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social".

Por último la presidenta del Consejo aseguró que el hecho de que cada prepaga u obra social pueda determinar su valor arancelario "generaría un sistema fragmentado y desigual de coberturas de prestaciones para las personas con discapacidad".

¿Cómo funciona el sistema?

Verónica Ferreira, vicepresidenta del Consejo de Personas con Discapacidad de Pergamino explicó detalladamente cómo funciona el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

"Las obras sociales se financian, principalmente, por los aportes de los trabajadores y los empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta un tres por ciento de su sueldo para financiar la obra social y el cinco por ciento lo aporta el empleador. Del total, emanado de los aportes que reciben las prepagas u obras sociales, entre un 80 y un 85 por ciento se destina para la prestación del servicio y el resto, entre un 15 y 20 por ciento, al Fondo Solidario de Redistribución que tiene como objetivo el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos, a través del Sistema Unico de Reembolso que hoy todos los auditores conocemos como SUR. Este sistema hace que a la obra social se le devuelva lo que se gasta en todos los tratamientos y rehabilitaciones para las personas con discapacidad. 

El Fondo Solidario de Distribución no solo se ocupa de esto sino también de subsidiar a las obras sociales pequeñas, a las que no tienen tantos afiliados como las grandes prepagas. Quien administra este Fondo Solidario es la Superintendencia de Salud, la reguladora de todas las obras sociales y prepagas que incluyen no solo a las personas con discapacidad sino sin discapacidad".

Nomenclador

La Superintendencia de Salud tiene un nomenclador, que es una tabla de valores asignada para las prestaciones que paga la obra social a la persona con discapacidad. En este marco, "lo que se pretende realizar desde la Andis es derogar la Ley de Prestaciones Básicas de Discapacidad por la que se rige este Fondo de Redistribución. Lo que ocasionaría esto es que 'se caiga' el nomenclador y se pierda el trato igualitario para todas las personas que de alguna otra forma necesitan rehabilitación por discapacidad, es decir, la persona con discapacidad que tiene una prepaga u obra social con mayor cantidad de afiliados recibiría una prestación que la persona con discapacidad afiliada a una obra social pequeña no la recibiría".

Precarizar al profesional

Para Ferreira, de avanzar esta derogación se verían afectados también los profesionales y las instituciones que trabajan en discapacidad porque "se precarizaría su trabajo". Y agregó: "Seguramente las prepagas más grandes abonen más valor más significativo por cada prestación ya que cuentan con un fondo amplio debido a la cantidad de afiliados que registra pero éste no sería el caso de las obras sociales sindicales por ejemplo que no tienen tantos afiliados".

Vulneración de derechos

Afirmando que "la discapacidad hace mucho tiempo que viene en emergencia", la entrevistada manifestó que "con esta derogación se estaría vulnerando los derechos por demás. Consecuentemente muchas personas con discapacidad y su familia quedarían a la deriva porque entendemos que muchos prestadores no van a querer seguir trabajando por los montos que se pretenderían pagar".

El impacto en instituciones y profesionales

Las instituciones y los profesionales que trabajan con personas con discapacidad se verían muy afectados por esta propuesta de la Andis. Al respecto Mónica Bañuls, del Centro de Día Esperanza afirmó que "nos impactaría de lleno", aunque a título personal Bañuls indicó que "no creo que se pueda avanzar en esta iniciativa porque hay muchos legisladores comprometidos con esta causa y hay una población importante en alerta".

Que la discapacidad está en emergencia no es novedad. Al respecto la directora del Centro de Día Esperanza dijo que "venimos sufriendo, en primera persona, las irregularidades que ya se están dando por el atraso del pago de las prepagas y obras sociales de las prestaciones a las personas con discapacidad que vienen sufriendo, desde hace mucho tiempo maltrato y destrato. También con sus familiares y los profesionales que trabajan en discapacidad, que ven precarizado su trabajo". En este mismo sentido confirmó que "Ioma por ejemplo tiene un arancel que es muy inferior al estipulado por la Superintendencia de Salud, que no se condice con la realidad económica que estamos viviendo. Y esta situación se agravaría con todas las obras sociales y prepagas en caso de avanzar con esta propuesta de la Andis".