Peor el remedio que la enfermedad

Suele pasar, en todos los órdenes de la vida pero con temibles efectos en la cosa pública, que cuando se hacen las cosas mal, se buscan las peores soluciones para arreglarlas. 

Esto está sucediendo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que decretó la liberación inmediata de 800 procesados con prisión preventiva pero sin sentencia, lo que generó preocupación y malestar en los gobiernos nacional y provincial.

Lo que no se dice en general en los medios y es una parte clave del análisis, es que se trata de los encarcelados sin orden judicial. Este espantoso vicio de origen, porque nadie puede estar preso sin estar sujeto a derecho, involucra a las fuerzas de seguridad que no realizaron los trámites judiciales correspondientes y una Justicia que no sólo es lenta, sino que nunca debió permitir que esto sucediera. 

Sobre la base de estos malos procedimientos y en la superpoblación carcelaria que esto genera no sólo en la provincia cuyana sino en todo el país, es que lo abogados pidieron poner fin al hacinamiento y que se cumpla con el Código Procesal Penal, que establece que los fiscales tienen 10 días para pedir una prisión preventiva y los jueces, 24 horas para concederla. Es decir, se requirió la aplicación estricta de la ley, sin perjuicio de sus efectos en la sociedad. En términos coloquiales, se está aplicando un remedio peor que la enfermedad. 

Con el desastre ya hecho por los propios funcionarios, ahora la Corte lo quiere arreglar soltando a posibles inocentes y posibles culpables. Como no se cumplieron los pasos procesales que corresponden, los magistrados Omar Palermo, Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez consideraron que el 50 por ciento de los presos está en una situación legal precaria y tomaron una decisión que se traducirá en una masiva liberación de presos.  No es difícil de imaginar lo que esto puede provocar y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo advirtió claramente: “Crea un ambiente de indefensión en la población de esa provincia”.

Lo que hizo la Corte Suprema de Mendoza es aceptar un recurso de hábeas corpus colectivo que implicará la liberación de más de 800 presos encarcelados sin orden judicial. Todo estuvo mal hecho desde el comienzo con estos detenidos y ahora para fin de año, la población de Mendoza, convidada de piedra en esta cadena de errores policiales-judiciales, podría verse envuelta en una ola de delitos.
El Gobierno nacional intenta evitar que se implemente este fallo y, además, buscar que dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, para ver cómo se soluciona el conflicto creado. La Corte mendocina pidió que los fiscales presentaran las razones de las detenciones y el juez de Garantías los avale. En la parte resolutiva del fallo mendocino se sostuvo: “Someter a control jurisdiccional, en el plazo máximo de 24 horas, las detenciones que dispongan a partir del día de la fecha; regularizar en el plazo de 60 días la situación procesal de las personas detenidas sin orden del juez competente; los jueces de garantía deberán realizar el control jurisdiccional de las detenciones ordenadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal, resolviendo el requerimiento en el plazo de 24 horas; disponer que la prisión preventiva debe ser ordenada en el término de 10 días contados a partir de la imputación o, en su caso, de seis días desde la detención o la falta de ella desde la indagatoria, e indicar en la resolución que ordena la prisión preventiva el tiempo de duración de la misma, estableciendo los controles periódicos”, entre otros puntos. Pero la Justicia aduce que no llegará en esos plazos.

No sabemos cómo terminará esta situación que se ha planteado en Mendoza, en que legalidad, legitimidad y sentido común se riñen entre sí para determinar quién prevalece. Pero sí advertimos que el problema del Poder Judicial, con sus dilaciones, vacancias, saturación y normas remendadas una y otra vez dando lugar a intersticios que son muy bien aprovechados por abogados sagaces, tiene consecuencias cada vez más nocivas y peligrosas. Por un lado, el famoso dicho “justicia lenta no es justicia”. Ni para culpables ni para inocentes. No puede ser que una persona deba esperar años para ser condenado o absuelto, con el perjuicio que ello implica, como tampoco corresponde que los damnificados no vean cerradas sus heridas con una sentencia en tiempo y forma. Pero además nos encontramos con situaciones como la de Mendoza, en que los abusos en los tiempos y formas procesales puede ser la puerta de salida para sujetos que, aunque víctimas de estas fallas, no han dejado de ser un peligro para la sociedad.

Como telón de fondo, o más bien empujando desde atrás esta camionada de incoherencias, está el Servicio Penitenciario. La escasa infraestructura, su obsolencia, los bolsones de corrupción llevan al hacinamiento y a las pésimas condiciones de alimentación e higiene de estos ámbitos, que no deben ser un spa pero sí cumplir con condiciones mínimas de alojamiento. En los últimos 25 años la población en general ha crecido un 30 por ciento y en particular, lamentablemente, también el delito se incrementó de manera exponencial. Sin embargo, no se ha provisto al Sistema Penitenciario de más plazas en proporción. Claro que no reporta la misma gratificación –ni el mismo rédito político- inaugurar cárceles que escuelas u hospitales. Pero son necesarias y hoy no están. Hay más población potencial para ellas y la Justicia aporta lo suyo para que, encima, estén mal ocupadas. Porque sin dudas, entre los muchos convictos con prisión preventiva de hoy, habrá unos cuantos que terminen siendo exonerados. Mientras tanto, allí estuvieron, contribuyendo al hacinamiento y a que quien debiera estar allí quede en su domicilio por falta de espacio.

Es fuerte escuchar lo que puede pasar en Mendoza pero, en realidad, no sorprende. Es más, a cuentagotas, en cantidades más discretas, es una práctica frecuente. Porque la Justicia en la Argentina se ha vuelto lenta e ineficiente y esta es una cuestión pendiente muy importante. Del mismo modo que las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios no funcionan ni mínimamente bien.

Y es así como en medio de las fiestas, fechas muy señaladas para los argentinos, se debe salir a apagar un incendio, donde todos los protagonistas en su momento, echaron nafta al fuego.