Oyarbide otra vez en el ojo del huracán ¿dejará el poder de protegerlo?

Llegan, ocupan los titulares y luego pasan; así de efímera suele ser la vida de los escándalos políticos. Otra particularidad es que sus protagonistas suele salir indemnes, no precisamente con una absolución, simplemente indemnes. Y una tercera característica –que va hermanada de la segunda- es que los protagonistas son generalmente los mismos de siempre, que logran escabullirse de las responsabilidades, por el estilo con el que nadan en las aguas del poder. Cada tanto, algún personaje corre la suerte de chivo expiatorio que es “entregado al matadero” como gesto de buena voluntad política. Pero en general, suelen ser bien amparado por sus fueros, sostenidos por el poder de turno, temeroso de “caer” junto con ellos en la cadena de responsabilidades si son debidamente sometidos al proceder de la Justicia. 

Dos casos corrientes de esto que hablamos son el vicepresidente Amado Boudou y el juez federal Norberto Oyarbide que desde aquel emblemático caso Spartakus (no el de Pergamino sino el que lo tenía al juez como protagonista, junto al mediático Luciano Garbellano) durante el mandato de Carlos Menem hasta este último en que frenó un allanamiento por pedido de la Casa Rosada, siempre eludió el juicio político amparado por el poder. Tapó más de un escándalo del menemismo y en tiempo récord sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito, tiene “pisado” el escándalo de las viviendas de Madres de Plaza de Mayo con Sergio Schoklender. Sabe hacer favores y se los saben devolver, evidentemente.

Ahora el nuevo escándalo que lo envuelve es tan elocuente que incluye su propia confesión de parte: admitió haber frenado allanamientos después de recibir una llamada de un funcionario de la Casa Rosada.

El caso ya está en Consejo de la Magistratura, donde enfrenta a opositores y kirchneristas; la oposición ayer pretendía acelerar la pesquisa, es decir, que empezara a correr en ese momento el plazo para que el magistrado se defendiera de las acusaciones y el oficialismo, que por la mañana había anunciado que acompañaría este plan, por la noche cambió de opinión.

No obstante, el expediente comenzó a avanzar: se acumularon las denuncias contra Oyarbide, se sorteó al consejero que oficiará de instructor del caso (el kirchnerista Carlos Moreno) y el oficialismo informó que convocará a la Comisión de Disciplina y Acusación para que el jueves próximo resuelva si notifica al juez. No es un gran paso adelante, pero veremos qué sucede en esa reunión.

Oyarbide en este caso tiene tres denuncias en su contra, las tres por haber admitido oficialmente que frenó investigaciones por presión del Gobierno. 

El escándalo del juez no estaba incluido en el orden del día del plenario de esta semana, pero apenas comenzado el encuentro, el consejero por los abogados porteños, Alejandro Fargosi (PRO), y los radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad pidieron que el Consejo se abocara a tratar con urgencia el caso, que también salpica al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y que preocupa mucho al Gobierno.

La vinculación viene porque el allanamiento que frenó Oyarbide que se realizaba el año pasado en una financiera propiedad de Guillermo Greppi, quien se sintió extorsionado por los funcionarios policiales que realizaban el operativo por lo que llamó (como quien llama al 911, según explicó) a Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini. Y desde esa oficina habría emanado el llamado a Oyarbide para que suspendiera la medida.

En los pasillos los consejeros kirchneristas integrantes de la Magistratura afirman que el caso no es para tanto y defienden sobre todo la actuación de Carlos Liuzzi, el funcionario que llamó a Oyarbide para pedir que se frenara un allanamiento. Según el empresario Greppi, lo que estaba haciendo la Policía Federal era un saqueo y no un allanamiento. En este caso el juez debió constituirse en el lugar y, en todo caso, reemplazar y sancionar a esos policías. Pero frenar el allanamiento por un llamado del poder sin confirmar los dichos no es el modo de cumplir su tarea. Además, lo que señalan en la oposición es la estrecha relación que quedó demostrada entre la financiera y el Gobierno, como para que hicieran llamados directos de esta índole.

Propyme es el nombre de esta especie de mutual a la que se le detuvo el allanamiento por pedido de Liuzzi y que complicó más la histórica relación de confianza entre la presidenta Cristina Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, además desató sospechas en la Casa Rosada acerca de su posible relación con la financiera investigada.

Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, le imputa a Zannini varios fracasos políticos. Esos encontronazos, que desencadenaron discusiones, obligaron a Cristina a tomar partido por su hijo, pese a que Zannini siempre integró la mesa chica de Olivos. Esto no implica que mañana la presidenta vaya a echar al funcionario, porque Zannini conoce los entretelones del kirchnerismo desde que era mano derecha del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Es tan improbable como riesgoso para ella, en este caso como en el del cuestionado Julio de Vido.

Volviendo a la situación del juez Oyarbide, sería de esperar que en su caso como el de Boudou, con tantas denuncias que pesan en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Gobierno –respectiamente- actuasen como corresponde, dejando la actitud protectora que el mantienen desde hace años e igualando ante la ley en su condición de ciudadanos, que es previa a la de funcionarios.