Otra vez la frazada es corta

En una nueva acción que genera el efecto de la frazada corta, el Gobierno anunció la eliminación del arancel del 35 por ciento para la importación de computadoras, notebooks y tablets, lo que significará precios hasta 50 por ciento más bajos que los actuales para los consumidores, pero también la pérdida de miles de puestos de trabajo, según advirtió la industria nacional. Una medida que beneficiará  a una gran porción de la población pero que provoca zozobra en unos 5.000 empleados, mayormente ensambladores, que podrían ver afectadas sus fuentes de trabajo, si es que el mismo Gobierno no procura una acción que morigere el efecto.

Si no en todas, en la mayoría de las decisiones que toma un gobierno sucede esto de perjudicar a unos para beneficiar a otros. El tema es tener un criterio, un “norte” para cada determinación. Y en este caso fue el de equiparar los precios de los productos tecnológicos a los del resto de la región, con la premisa de hacerlos más accesibles a la población y erradicar el contrabando “de hormiga” que existe, a manos de quienes compran en el exterior, más barato, para vender a tarifas argentinas, las que son tan altas por la carga impositiva, que les deja un interesante margen.

Pensar en el grueso de la población que podría beneficiarse con este esfuerzo del Estado, de rescindir recaudación, pone la reubicación de la mano de obra que eventualmente quedaría sin trabajo, en un plano menor, por cruel que parezca. Y al igual que está sucediendo en Estados Unidos, deberemos acostumbrarnos a que muchas labores dejarán de existir, por el avance de la tecnología, por lo que no será este el único caso en que los asalariados tendrán que reconvertirse. Pensemos, a lo largo del último siglo la cantidad de oficios que han desaparecido, que obligaron a sus prestadores a buscar otra ocupación. Es el devenir de la historia, y contra ello poco se puede hacer.

El tema a atender es que, ante semejante esfuerzo que supondrá está medida para el propio Estado y para la parte de la población que se pueda ver afectada, todo siga el curso previsto y se mantenga el espíritu de la medida. Para ello, el Gobierno deberá controlar que los empresarios no se hagan su “agosto”, quedándose parte de ese arancel descontado como parte del precio de la computadora. 

La realidad es que la tecnología en la Argentina cuesta entre tres y cuatro veces más que en países de la región, lo que la torna inaccesible a todos los bolsillos y genera un flujo de recursos al exterior, ya sea para consumo propio o para contrabando. Esta diferencia se da no solo porque en nuestro país hay claros abusos en el valor de la mercancía sino también porque en algunos productos tienen impuestos internos más altos que en el resto de los países vecinos.

Por eso el Gobierno tomó la decisión política de bajar aranceles de importación para que ingresen productos de tecnología más baratos. Como es obvio, esto implica una desprotección a los puestos de trabajo de quienes ensamblan computadoras en la Argentina, sectores que deberán reconvertirse porque al fin, cuando la frazada es corta, como en este caso, se ha optado por priorizar el beneficio para muchos antes que unos pocos.

La medida entrará en vigencia en marzo, por lo que las firmas que producen estos artículos en el país tendrán tiempo como para definir si pueden reconvertirse, mientras el Gobierno garantizó que otorgará subsidios a los trabajadores por desempleo y a las empresas que opten por incorporar al personal excluido de los sectores en reconversión. El anuncio con semejante anticipación fue necesario para tomar los recaudos que amortigüen el efecto pero lamentablemente, de manera colateral se vive el perjuicio de un parate en las ventas del sector, que no esperan que mejore ni siquiera para las Fiestas. Es que lógicamente nadie va a comprar ahora un artefacto que sabe que en marzo costará la mitad.

Como contrapartida a la medida, para suavizar los efectos, el Gobierno tiene previsto implementar facilidades de financiamiento para la compra de notebooks de ensamblado nacional, como por ejemplo programas de 18 y 24 cuotas. A su vez, el Estado se compromete a adquirir 250.000 notebooks para el Programa Conectar Igualdad.

Desde el Gobierno prevén que, con participación del Estado, aquellos trabajadores que verán cesadas sus actividades serán absorbidos por nichos más competitivos como el sector de luminarias LED, TV digital, energías limpias, robótica, entre otras. La reconversión de la que hablábamos más arriba. 

En síntesis, la idea es que en la Argentina se bajen los precios de los productos tecnológicos, apelando a la baja de aranceles a la mercancía extranjera pero ayudando a la competitividad a los ensambladores nacionales.

Hay otro objetivo, además de abaratar la computación: bajar los precios a las TV, microondas, aires acondicionados y celulares, a partir de reducir los costos de logística y carga impositiva que hacen la diferencia, en muchas oportunidades, con el mismo producto extranjero.

En este plan de bajar precios al consumidor, el Estado ha mostrado predisposición a ceder de su parte al reducir los impuestos y asumir el costo de la mano de obra que quede liberada, pero hay otros componentes que hace al alto costos que pagamos por los bienes: el ya mencionado flete y las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, principal medio de pago de los argentinos. El Gobierno va cercando a los bancos cuyos abusos con la compra con plástico ya es legendario y que impide (por las altas comisiones) que los planes en cuotas sean realmente beneficiosos para el comercio.

Luego de la investigación abierta por la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia sobre el mercado de pago y la ley con media sanción en el Senado para bajar las comisiones de las tarjetas de crédito a la mitad, esta semana el Gobierno les presentó a los bancos su propio proyecto para transparentar el costo del financiamiento, que a estas horas es uno de los más altos de la región. 

La realidad es que si vamos a bajar aranceles a los productos extranjeros es inevitable poner bajo la lupa el sobrecargo que representan comisiones bancarias, impuestos internos y logística, porque son todos más altos que en el resto de los países y es a razón de todos que terminamos pagando más por lo mismo. 

Si tenemos una frazada corta, como siempre decimos, no queda otra que todos los sectores pongan de su parte para que la Argentina pueda producir y crecer, sin que esto sea ganancia para unos y privaciones para otros.