Obama decidió un blanqueo de inmigrantes y desató la crisis con la oposición

E

stados Unidos ha seguido una política migratoria complicada; siendo un país rodeado por vecinos más pobres ha tenido y sigue teniendo oleadas de ciudadanos, en su mayoría latinos, que se radican anualmente en su país.

Sus exigentes leyes para adquirir ciudadanía (que incluyen exámenes de todo tipo, requerimientos de conducta y muchos años de residencia), muy distintas a las nuestras que son demasiado amplias, ha llevado a millones de personas a trabajar de manera precaria, muchas veces sin cobertura social, salvo quienes ostentan residencias provisorias por haber iniciado el camino hacia la ansiada “green card” (carta de ciudadano). Los que permanecen sin papeles, muchos amparados en que no pueden deportarlos si tienen hijos menores de edad, viven sin ninguna garantía constitucional y sin cabertura sanitaria, además de la imposibilidad de viajar fuera del país.

Siempre ha sido un debate esta cuestión en Washington, entre aperturistas y conservadores. Tanto que hace casi 30 años (28 para ser exactos) que el tema está en un status quo. Se sabe que hay muchos ilegales, que trabajan y tienen ya sus hijos que son norteamericanos, pero su situación personal sigue siendo la misma que cuando ingresaron.

Finalmente esta semana se produjo el anuncio más esperado por millones de familias en esta condición en los Estados Unidos. Un decreto de Barack Obama saca de la informalidad a casi la mitad de los indocumentados del país, en el mayor avance en la materia desde 1986, cuando el republicano Ronald Reagan impulsó la última gran oleada de regularización de inmigrantes.

Cerca de cinco de los 11 millones de inmigrantes ilegales, la mayoría de origen latinoamericano, se verán beneficiados por el decreto anunciado por Obama.

Tuvo que salir por decreto porque la legislación al respecto votada el año pasado en el Senado no ha logrado consenso en la Cámara de Representantes. Y no se ven posibilidades de que se logre su aprobación futura porque tras los últimos comicios de principios de mes, el Partido Republicano se ha quedado con la mayoría, cuando es el Demócrata el que postula la regularización. El decreto de Obama tiene su oportunidad política al lanzarse en este momento; trae la intención de recuperar el voto latino que acaba de perder, justamente por no haber cumplido la promesa de campaña sobre este tema. La medida no es tan amplia como se esperaba en función de lo pregonado pero al menos contentará a esta importante franja de la población y la predispondrá mejor para las elecciones de 2016, para la presidencia de la Nación.  

La idea es regularizar en forma temporal con permisos de trabajo a residentes extranjeros sin documentos, bajo determinadas condiciones, como ser padres de hijos nacidos en Estados Unidos y tener una larga permanencia en el país; por eso no alcanza a todos sino que comprende a la mitad de los actuales ilegales.

Como el tema es ríspido para buena parte de la política norteamericana, Obama explicó: “Son las cosas que puedo hacer con mi autoridad legítima como presidente para mejorar el sistema, al mismo tiempo que sigo colaborando con el Congreso y lo exhorto a aprobar un proyecto bipartidista exhaustivo que resuelva todo el problema”.

El decreto, o más bien la “orden ejecutiva” que firmó Obama es una herramienta que permite al presidente hacer cambios de política pública y, en ciertos casos, dar solución temporal a temas que no se solucionaron en el Congreso, como en este caso, que se trata de una reforma largamente prometida por Obama -su principal bandera de campaña por la reelección-, pero que no ha logrado sortear a los representantes republicanos, que se oponen tenazmente.

Como decíamos, este tema tiene además un costado político: los latinos son ya la segunda lengua en Estados Unidos y sus votos son muy buscados en las elecciones. Fueron además los que le dieron el triunfo a Obama (y se lo quitaron este mes) y los republicanos saben que si aprueban esta ley, se la adjudicarán igual a los demócratas que fueron quienes hicieron la promesa.

De hecho, Obama consiguió su reelección en 2012 por los votos de la comunidad hispana que se volcó a las urnas tras su promesa de blanqueamiento. Pero en las recientes elecciones de medio tiempo los republicanos lograron mayoría en las dos cámaras legislativas y Obama se convenció de que el Congreso no actuaría y decidió la preparación de las órdenes ejecutivas, análogas a nuestros decretos, ante la crisis política que esto desató entre los líderes de la oposición.

Es la segunda vez en sus seis años de gobierno que Obama promueve un cambio concreto en la siempre polémica situación de los indocumentados extranjeros. Su administración aprobó en 2012 el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que habilitó a 600.000 jóvenes que cruzaron la frontera antes de 2007 a obtener un permiso de trabajo y estudiar en la universidad (Estados Unidos antes garantizaba la educación sólo para menores de edad; cumplida esta instancia eran pasibles de ser deportados hijos y padres).

La apuesta vuelve a subir y unos cinco millones de personas podrían obtener esta vez sus permisos de trabajo y evitar vivir temerosos de la deportación. La medida buscaría proteger, entre otros, a los padres de ciudadanos norteamericanos o residentes permanentes, siempre que esos padres vivan en el país desde hace más de cinco años de manera continua. Ninguno de los beneficiarios tendría sin embargo el camino abierto a la ciudadanía sino que este trámite continúa con sus habituales exigencias. Además, cuando Obama termine su mandato luego de las elecciones de 2016, su sucesor podría derogar estas normas con otra orden ejecutiva. Pero no parece probable que lo haga, porque en definitiva chocaría con la gran comunidad hispana que tiene importante peso electoral.

Pese a todo, los republicanos amenazan con hacer caer el decreto ya que afirman que este tipo de decisión es una atribución del Parlamento y no del Poder Ejecutivo. Pero esto no es lo mismo que si asume un próximo presidente republicano y la deje sin efecto, sería un conflicto jurídico complejo porque los derechos adquiridos serían vulnerados.

Mientras tanto, diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes presentaron ante la Casa Blanca unas 260.000 peticiones que recordaron a Obama, su promesa para que la mantenga, es decir enfrente a los republicanos que pretenden obligarlo a dejar la norma sin efecto. Esta problemática ya es puramente política, porque quienes van a obtener el permiso hace años que trabajan en Estados Unidos y allí están criando a sus hijos. Lo que implica es que al no ser ilegal, puede obtener un salario en blanco (normalmente las empresas se aprovechan de los que no tienen papeles para pagarles menor jornal), pagar sus impuestos y tener servicios sociales. 

No es poco.