Nos falta realismo y nos sobra espíritu crítico

En algún momento los argentinos debemos establecer pautas lógicas en función de los objetivos que tenemos. Y que esas pautas no discriminen según intereses particulares sino que se apliquen de manera general, en función de lo que se considera que es el bien común. Decimos esto porque nos especializamos en ser críticos del Estado, pero cuando se intenta modernizarlo o hacerlo eficiente también puede llegar a molestarnos.

Quizá porque nos falta realismo y nos sobra espíritu crítico, pero lo cierto es que cuando planteamos que un Gobierno debe hacer más eficiente su trabajo, debemos incluir tanto lo que es simpático de anunciar y hacer como aquello que no lo es. Pareciera que nos cuesta asumir los costos de los mismos sueños que tenemos.  Dicho en términos populares, “si nos gusta el durazno hay que aguantarse la pelusa”.

Para poner un ejemplo concreto, vale la cuestión de los empleos públicos. Históricamente se ha arreciado con críticas al sobredimensionamiento del Estado, sobre la incidencia que tiene el pago de la nómina en el presupuesto y sobre que ello no redunda en eficiencia. Sin embargo, cuando se avanza en un racionamiento mediante el despido de contratados (una figura imposible de sostener desde el sector público por su ilegalidad) se genera la sospecha de que el Gobierno no está haciendo lo que debe y que está rompiendo la regla de oro de que todo siga como hasta ahora. Nos quejamos de los ñoquis, de que haya 10 empleados para atender un solo teléfono, pero la prescindencia de personal ocioso o innecesario para cumplir con el trabajo, no hay empatía social sino por el contrario, aparece la queja.

Dejamos fuera del análisis a “la grieta” que hace a la lógica de sectores más estatistas que consideran ilógico despedir a estatales, tengan o no tarea asignada, o más liberales que se escandalizan por este comportamiento de los gobernantes. Miramos a los independientes, que fueron los que definitivamente apoyaron el triunfo de Mauricio Macri y seguramente no defrauda cuando cumple una de las premisas por las cuales recibió los votos ganadores: modernizar y hacer más eficiente el Estado, aplicando criterios más difundidos en el sector privado. Porque cuando una empresa tiene empleados de más, sencillamente no es viable su continuidad en el tiempo, y esa es una regla de oro que le cabe también –y con más razón- al Estado, que debe administrar con lógica el dinero que es de todos, pensando en los que estamos ahora y en los que vendrán.

No podemos menos que preocuparnos los pergaminenses cuando el intendente Javier Martínez dice que el 80 por ciento del presupuesto comunal se va en salarios. No hace falta decir que si el 20 por ciento es lo que resta para obras, inversiones y servicios, hay que tener un pensamiento mágico para creer que se pueda mejorar la administración con estos números. Si este caso cercano nos hace ruido, debemos asumir que en los otros órdenes sucede algo similar. Es proporcional. Si todos, como vecinos y próximos que somos, conocemos a alguien que cobra de la Municipalidad por hacer nada o abusa de su estabilidad laboral con licencias y otros recursos, debemos asumir que en Provincia y Nación, casos de este tipo se multiplican exponencialmente. Es decir que si consideramos que aquí puede y debe mejorarse la relación salarios/presupuesto, la misma vara debemos utilizar para analizar el accionar de Vidal o Macri. 

Volviendo al plano nacional, a la fecha se contabiliza un total de 10.921 cesantías de empleados en distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional. Esta cifra es el 5 por ciento de la dotación correspondiente a ese sector y, según anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2.800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.  La cifra que parece alta, es al fin un 1,4 por ciento de la dotación heredada por el nuevo Gobierno, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.

Los números son implacables y la cifra para el Estado es importante: se pueden ampliar partidas de hospitales, de seguridad, de educación o estar en condiciones de adecuar los salarios de quienes merecen quedarse en la plantilla. No soluciona todo el problema de la administración pública, ni mucho menos, pero ayuda a eficientizar el gasto.

El Gobierno afirma que los despedidos son contratados en la planta temporaria de la administración, en distintos ministerios. La figura del contratado no es improcedente per sé: por ejemplo, si por un lapso se deben requerir los servicios de un auditor, lo lógico es realizar un contrato temporal y no introducirlo en la planta permanente. Pero en nuestro país se ha hecho mal uso y abuso de esta modalidad, presumiblemente para introducir gente al Estado sin tener que justificar su ingreso ni someterla a cuestionamientos sobre su calificación o necesidad. Nadie puede ignorar que hay quienes tenían un contrato del Estado para la militancia o como retribución a ella, fueran o no a cumplir funciones. Esto viene sucediendo en gobiernos peronistas y radicales sin distinción: pagar favores políticos a cambio de puestos públicos. Y en esto nadie puede llamarse a engaño.

Obviamente que entre los contratados habrá personal que concurría a trabajar o tenía alguna función concreta, no todos eran “ñoquis” como se les dice a los que van sólo a cobrar el sueldo. Pero el problema es si ese contrato era necesario; allí está la raíz del asunto. Son cuestiones que, más allá de que el despido a nadie le gusta, vienen atadas a comprender que un contrato en negro en el Estado tampoco es la solución de vida que un joven puede tener, ya que está permanentemente a “tiro de decreto”, como se dice, y además no tiene los beneficios laborales que garantiza la ley. Son formas de trabajo claramente ilegales, que se combaten desde el Estado al mismo tiempo que se las utiliza y que los distintos gobiernos han mantenido al solo efecto de seguir tomando gente sin cumplir los requisitos necesarios del empleo público. 

El Estado llegó a tener un 30 por ciento o más de empleos precarizados y esto plantea no solo una cuestión legal, ya que no se puede tener trabajo en negro y menos en el sector público, también una cuestión ética, de ejemplaridad. Porque si las administraciones públicas fogonean el trabajo informal, ¿cómo perseguir a los privados que también lo hacen?

La situación, aun con los despidos no está solucionada, porque el Gobierno recibió 70 mil contratados y despidió unos 11 mil, de modo que si el resto se mantiene en su trabajo porque se necesita, deberán ingresarlo a la planta permanente, lo que el macrismo anuncia que será el próximo paso. Aquellos que tienen años de contratos y tras un examen serán regularizados.

El proceso de revisión y de depuración del personal había comenzado en diciembre y se instrumentó por medio del Decreto Nº 245/2015, por el cual el presidente Macri instruyó a todos los funcionarios a revisar las contrataciones que se efectuaron en los últimos tres años en los ministerios, empresas públicas y organismos estatales descentralizados. La tarea ya terminó, de modo que tampoco habrá nuevos despidos por parte del Estado.

En medio de la discusión sobre la polémica ley antidespidos en el Congreso, varios fueron los legisladores opositores que plantean sus críticas por las cesantías en el Estado. La oposición y los gremios están en contra de estas medidas, porque en realidad o piensan distinto, lo que es válido, o están llevando agua para su molino, tema al que estamos acostumbrados entre oficialistas y opositores, aunque ya es hora que todos dejen la adolescencia política y comiencen a madurar sus decisiones.

Lo que quizá ahondó las diferencias con la oposición y los sectores sindicales es que el sector privado, aun antes del sinceramiento de tarifas, aprovechó el momento y también generó despidos. Sobre todo en las grandes empresas se produjeron bajas, amplificando la problemática.

Debemos asumir de una vez por todas que en la aplicación de medidas generales necesarias en pos de un saneamiento del Estado siempre habrá particulares damnificados, pero los Gobiernos deben administrar para lo general, no para cada ciudadano en particular, que sí deberá contar con los medios para hacer valer los derechos que considera le fueron avasallados. Pero las medidas, en este caso, prescindir de personal que fuera contratado de manera precaria e innecesaria, deben aplicarse, entre otros motivos, para proteger a los propios trabajadores y sus carreras. Perseguir la eficiencia implica acciones que son antipáticas pero que el común de la gente entiende y aprueba; luego están los directamente damnificados que lógicamente harán oír su queja, pero es lamentable que los políticos de nuestro país, que han estado de un lado y el otro, se opongan a avanzar en este camino de cuidar el dinero público, simplemente porque es una medida impopular.