No toda mala noticia es finalmente mala 

S i hay algo que es general y que nadie discute, es que en todos los ámbitos del Estado hay cuestiones por revisar en lo que a presupuestos y uso de los recursos se refiere. Dicho en criollo, a escondidas o a sabiendas de quienes tienen que controlar, no hay repartición en la que no haya algún negocio paralelo, dineros mal gastados, y hasta sobregastos para alcanzar a utilizar todo el presupuesto asignado, que por algún motivo viene con más de lo que hace falta.

Si aun con estas falencias, mal que mal, hemos funcionado, tranquilamente se podría dejar todo como está: cada programa con su presupuesto, que las contrataciones hechas en los últimos años sigan su curso, y sanseacabó. Nadie notaría nada pero lo cierto es que si no se está administrando de la mejor manera posible, aquí y allá, en el total la pérdida para todos es mucha.

Por eso uno de los objetivos de Macri en trasladar la eficiencia administrativa que se sigue en la órbita privada, donde cada gasto es analizado, como uno de los modos de bajar el déficit fiscal. No estamos hablando necesariamente de gastar menos en tal o cual rubro sino de gastar lo que haya que gastar, ni un centavo más.

En esta línea, por ejemplo, se decidió disolver el programa Argenta, la tarjeta de crédito de los jubilados y cambiarlo por un nuevo sistema.

Si nos quedamos con el rimbombante título de que desapareció la Argenta, la noticia no suena a buena sino todo lo contrario. Nunca es simpático quitarles un beneficio a los jubilados. Pero, ¿y si detrás de ese beneficio hay un gran negocio para terceros en detrimento del Estado? ¿Y si hubiese una manera más clara y directa de llegar con el crédito a los abuelos? ¿Igual pensaríamos que eliminar la Argenta es una mala decisión, propia de un presidente perverso que quiere perjudicar a los jubilados?

Este sistema se creó en junio de 2012 para los jubilados y pensionados, con la firma Tarshop como intermediaria, la compañía propietaria de Tarjeta Shopping que se reparte un 80 por ciento el Banco Hipotecario y el 20 restante corresponde a Irsa Propiedades Comerciales, dueña de los centros comerciales más conocidos del país.  

Lo que el Gobierno hace ahora es eliminar esta intermediación; el crédito sigue vigente, a través de Anses y de las casas bancarias donde cobra cada jubilado.

El nuevo sistema empezará a funcionar el próximo 28 y estará a cargo en forma directa de la entidad estatal, que otorgará los préstamos a los jubilados depositando el crédito en sus cuentas bancarias. Así, el jubilado podrá extraer el ciento por ciento del dinero en efectivo o hacer compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio. 

Por el sistema que ahora se da de baja, el jubilado debía comprar con la tarjeta especial Argenta en los negocios adheridos, esta modalidad se ha liberado y el pasivo al recibir los fondos puede adquirir lo que quiere.

A su vez el monto del préstamo aumenta de 30.000 a 40.000 pesos a devolver en 12, 24 ó 40 cuotas.

Lo negativo, como siempre sucede en la Argentina es que el costo financiero total de los prestamos llega hasta el 31,64 por ciento anual y los gastos administrativos al 1 por ciento. Si bien implica una reducción con relación a la situación actual, y en especial los gastos administrativos del intermediario que ascendían al 6,78 del préstamo, sigue siendo un costo financiero real alto.

La verdad es que si la meta inflacionaria del Gobierno para 2017 es del no más del 17 por ciento, el costo financiero de estos créditos puede más que duplicar la suba de los precios y el propio aumento nominal de los haberes previsionales según lo que marca la ley de movilidad. Quizá en este punto es donde el Gobierno debiera hacer un esfuerzo conjunto con los bancos bajar estos índices tan altos.

Entre las noticias de las últimas horas, hubo otra que aunque está en las antípodas de la jubilación, reviste el mismo carácter: el de preanunciar una supuesta mala noticia que, en realidad, para bien de todos, no lo es. Se pusieron en revisión judicial 52 de las 55 universidades públicas argentinas por el uso que le han dado a los fondos recibidos.

Esto implicará, sin dudas, que quede al descubierto que aunque sin llegar a la desfachatez de los casos que se conocieron de la Universidad de San Martín y sus programas audiovisuales, muchas casas de estudios cuentan con presupuestos muy por encima de sus necesidades, según la matrícula con la que cuentan. Y tener dinero de más, en el Estado, no implica ahorrarlo para el año que viene, sino tener que gastarlo, en lo que sea, para que no aparezca una subejecución y la cifra sea reducida el ciclo siguiente.

El juego del Ministerio de Planificación Federal que giraba fondos a las universidades para realizar ficciones televisivas fue un innovador y astuto mecanismo pensado en función de la autarquía administrativa de la que gozan las altas casas de estudio por ley; vehiculizaban millones de pesos por allí, a sabiendas que no habría la misma rendición de cuentas que en otras dependencias del Estado.

Pero aun sin este mecanismo tan inescrupuloso, como cosa naturalizada y sin mayor cuestionamiento, las universidades se han convertido en pequeñas ciudades si tenemos en cuenta los presupuestos que manejan, al tiempo que se han multiplicado las casas. En consecuencia, hay cada vez más estructuras para una matrícula que no ha crecido en la misma relación sino que se simplemente se ha dividido. Esta situación es la que se registra particularmente en la provincia de Buenos Aires. Si cada menos de 100 kilómetros se están abriendo carreras, con sus profesores y administrativos pero no hay alumnos nuevos en igual proporción ya que mayormente son los mismos que antes se trasladaban a otras ciudades, ciertamente hay un gasto mayor. Que no sería el problema aquí ya que el Estado estaría acercando los estudios superiores a una mayor población potencial; el asunto es que esas universidades reciben dinero en función de la cantidad de alumnos que pueden alojar, pero no siempre –por no decir nunca- alcanzan estas cifras.

Si las investigaciones que hace el fiscal Marijuán u otro funcionario van sobre estos defases, es probable que alguna universidad vea reducido su presupuesto. Y nuevamente aparecer la “mala noticia” de que el Gobierno le quita recursos a la educación pública superior. En realidad, y teniendo en cuenta que lo que a uno le sobra con seguridad a otro le falta, se trata de ajustarse a la realidad y que cada uno reciba lo que necesita. Ni un peso más.

Por el momento, lo que se sabe es que el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a 52 universidades nacionales para que se investiguen millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por el gobierno kirchnerista.  Entre ellas está nuestra Unnoba.

Y aquí se pone en juego, una vez más, si el dinero de los argentinos está bien invertido o no. Porque todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito, como bien dice el fiscal. Pero más allá de ese aspecto, está el criterio, que va de la mano de lo ético. No solo está mal el no justificar debidamente los gastos o el usar el dinero en actividades improcedentes. También está mal gastar de más, no ser austeros con las erogaciones por el simple hecho de que se recibe un presupuesto abultado porque, como decimos, todo sale de la misma caja, entonces lo que a una universidad le sobra, a otra le falta. 

Entonces, si a raíz de toda esta investigación y de otros controles que se hagan resulta que alguna casa de estudios ve reducido su presupuesto, no nos rasguemos las vestiduras porque se mansilla la educación pública. Por el contrario, pensemos que es para un más eficiente uso del dinero de todos y para que cada uno reciba lo que necesita para funcionar en función de los alumnos que tiene, no los que podría llegar a tener.

Por más que resulte antipático, llegarán los controles y si les sobrara el dinero habrá recortes. No a la educación, esto es claro, sino al desmanejo que se pueda detectar en cualquiera de sus formas.

Estamos ante un momento bisagra, no es sencillo encarar todos estos temas, sin dudas, porque son todas medidas antipopulares, especialmente en bocas de los afectados de manera directa pero lo importante es que en algún momento los argentinos podamos sentir que cuidan nuestro dinero.

Jubilados sin Argenta y presupuestos universitarios bajo la lupa, dos “malas noticias” que debieran alegrarnos.