No se trata sólo de ineficiencia y de más radares, sino de menos corrupción contra el narcotráfico

La problemática del narcotráfico en Argentina, sobre la que tantas veces hemos vuelto en esta misma página editorial, está hoy siendo el mayor reclamo de las instituciones y la sociedad al Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia se sumó esta semana al pronunciamiento de la Iglesia sobre el avance del narcotráfico y le demandó al Gobierno medidas concretas para combatir el ingreso de drogas por el norte del país.

Los integrantes del máximo tribunal resolvieron pedir en forma “urgente” la solución de los problemas planteados por jueces federales de Tucumán, Salta y Jujuy, por donde la droga ingresa como si nuestras fronteras fuesen un verdadero colador. Si bien no se menciona, las cosas en el noreste tampoco son muy distintas: Chaco y Corrientes están plagadas de pistas clandestinas, cualquier habitante de esa provincia las conoce y hasta sabe de sus horas de operatividad.

Entre otras medidas, amén que se descuenta que es imperativo que los radares funcionen, se solicitó la designación de magistrados para ocupar cargos vacantes, la habilitación de nuevas secretarías penales y el incremento del personal de fuerzas de seguridad asignado a las investigaciones sobre estupefacientes.

Los jueces del norte advirtieron que hay un crecimiento preocupante del narcotráfico en las fronteras de esa región. En los juzgados de Salta y Jujuy entraron 19.642 causas en 2012, la mayoría vinculadas con infracciones a la Ley Antidrogas. Es decir que cuando finalmente los controles funcionan, aparece un nuevo “palo en la rueda”, dado por la escasez de personal para dar curso a las causas y lograr condenas efectivas que saquen del ruedo a los criminales.

La Corte manifestó que el 31 del mes pasado se enviaron al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad esos documentos con las demandas firmados por los jueces de la zona norte, “sin que, a la fecha, se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos”. Por eso el máximo tribunal intervino reclamando que, “en razón de la extrema gravedad de las circunstancias denunciadas, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas”.

Antes de la resolución de la Corte, y cuando el tema ya estaba en todas las redacciones de los diarios, radios y noticieros de televisión, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, había dicho –como atajándose- que se desarrolla “una gran actividad contra el narcotráfico, que no se agota en una frontera o un radar”.

También el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, se anticipó a la decisión de la Corte para anunciar que la Aduana contaría con más equipos para escanear contenedores. 

Ambos funcionarios se refirieron concretamente a puntos reclamados por los jueces federales, en una coordinación que demuestra el conocimiento de que una inminente resolución de la Corte que dejaría mal parado al Gobierno.

Este reclamo de la Corte tiene más peso político que real, dado que el Gobierno no siempre cumple con las recomendaciones de la Corte. No obstante, ante la sociedad, queda como un llamado de atención sobre cosas que no se están haciendo bien.

Los jueces norteños advirtieron también sobre la instalación de grupos extranjeros que están operando en hechos ilícitos en la frontera. No lo dijeron específicamente pero se sabe que esa referencia fue dirigida a ciudadanos colombianos que desde hace algunos años empezaron a radicarse en las zonas calientes del contrabando y también en las áreas de comercialización. El último hecho mediático que da cuenta de esta realidad ocurrió dos semanas atrás en el coqueto country Nordelta. 

Tal vez lo que más grafique la gravedad de la situación sea precisamente esta instalación de grupos extranjeros en nuestro país con fines de producción y comercialización de estupefacientes. Esto habla de que ya no somos un país de tránsito y consumo sino un productor y exportador, habida cuenta de que aquí no hay férreos controles que impidan este trabajo. Por eso la predilección de estos grupos por Argentina frente a otros países. Esta triste preferencia comenzó hace unos 10 años, en esto el kirchnerismo no puede hacer la vista gorda ni culpar a gobiernos anteriores.

La realidad, no el libreto de Berni, es que hasta ahora el Estado hizo muy poco para prevenir y combatir el narcotráfico y la urgencia que siente la Corte Suprema de Justicia parece tener la dimensión de las falencias que se padecen en Argentina, pero también con el peligro que se cierne sobre el país y que, días atrás, fue puesto de manifiesto por el Episcopado.

Basta repasar el detalle de lo que se reclama para advertir por qué en las fronteras existen un crecimiento preocupante del narcotráfico, la trata de personas, el incremento del contrabando y la instalación de miles de extranjeros que cometen esos delitos, según describe el documento de los jueces de Salta y Jujuy. El detalle parece un inventario del total desinterés o incapacidad de nuestras autoridades nacionales para enfrentar un problema crucial.

Según los jueces, falta mayor presencia de fuerzas de seguridad; faltan radares; falta una política integrada nacional y provincial; faltan cárceles; faltan crear más juzgados federales y poner en funcionamiento algunos que ya fueron creados hace cinco años, en 2008; faltan puestos de Migraciones y de Aduana; faltan edificios judiciales y falta personal para investigar los delitos del narcotráfico. Acaso ¿sobra algo? Sí, sólo presos, causas judiciales que no se pueden investigar y delincuencia organizada.

Lo que falta en el análisis de los magistrados, es que el narcotráfico no avanza si antes, mediante los desmesurados fondos con que cuenta, no ha perforado sectores de la policía, de la Justicia y del poder político. No se trata sólo de ineficiencia y de más radares, que hay que tenerlos sin ninguna duda, pero lo más importante es, siempre, el factor humano. En este caso, los bolsones de corrupción que en todos los estamentos y la gran cantidad de dinero que mueve un negocio de producción y compra-venta que aparentemente “no mata a nadie”, fueron permitiendo que los narcos avanzaran en la Argentina.