No hay peor ciego que el que no quiere ver

El 9 de septiembre por las cámaras de la comisaría de Moreno se veía a Marcelo Ameijeira Ríos cuando escapaba por el techo de la seccional junto con otros cinco reclusos que estaban detenidos en esa dependencia.

Dos meses después, Ameijeira Ríos reapareció, nuevamente ante las cámaras, pero esta vez a todo color, utilizándolas como escudo y garantía en una escandalosa y extraña toma de rehenes. 

Frente a las cámaras de televisión le apuntaba a la cabeza a la dueña de la casa de Puerto Rico al 700, en Tortuguitas. Durante más de seis horas, junto con un cómplice, tuvo como rehenes a la mujer, identificada por fuentes policiales como Azucena de Jesús Llave, a su esposo y a su hija de 9 años.

El delincuente y un cómplice irrumpieron en el terreno, sorprendieron al dueño de casa y, a punta de pistola, lo obligaron a entrar en la vivienda, donde estaban su esposa y la hija del matrimonio. Dos familiares que estaban en otro sector del terreno advirtieron lo que ocurría y, al igual que otros vecinos, alertaron a la Policía a través del número de emergencias 911.

Minutos después, la casa fue rodeada por varios móviles de las comisarías de Tortuguitas y de Malvinas Argentinas. Al no poder escapar, los dos delincuentes tomaron como rehenes al matrimonio y a la hija.

A partir de ahí comenzaron con las exigencias, muy puntuales y vinculadas a las específicas situaciones procesales de los protagonistas. Es decir que desde un primer momento quedó en claro que no se trataba de una toma de rehenes para el escape de un robo sino de la búsqueda de ciertas garantías en cuanto a condiciones de detención. Primero le pidieron al negociador del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense que trajera a la jueza y a una fiscal. También exigieron la presencia de las cámaras de televisión para garantizar su integridad física.

Una vez que las cámaras de televisión difundieron la imagen del hombre cuando salió de la casa con un revólver plateado calibre 38 apuntando a la cabeza de Azucena y tomando del cuello a la mujer, varios policías y funcionarios judiciales reconocieron al delincuente. Lo identificaron mucho antes de que el sospechoso diera a conocer su identidad. Se trata de un sujeto con más años de condena en su haber que los de su propia vida. No obstante ello –y sus sucesivas fugas de los lugares de detención- cuenta con el beneficio de un régimen abierto, por el cual goza de salidas transitorias. 

En San Isidro lo conocían como Ameijeira Ríos. Allí lo habían condenado a prisión perpetua por asesinar a un joven durante un asalto. Mientras que en la zona oeste del Gran Buenos Aires también se lo conocía, pero como Cristian Ruiz Díaz, la identidad con la que habría sido identificado cuando huyó de la comisaría de Moreno el 9 de septiembre pasado.

Durante la negociación con el efectivo del Grupo Halcón, Ameijeira Ríos amenazó con matar a la familia. Dijo que tenía tres cómplices y que estaban armados con escopetas y granadas. Incluso trató de involucrar a Daniel Scioli y el ministro de Justicia Ricardo Casal. Por sus antecedentes y el sencillo hecho de que todo lo decía resultaba en una mentira, nadie dio entidad a lo denunciado por el delincuente sobre que la monumental fuga de presidiarios del Penal de Ezeiza había sido acordada por estos funcionarios como parte de una maniobra electoral. Sin embargo, nadie dudó de la veracidad de sus dichos cuando aseguró que, con dinero, un delincuente se puede fugar de la cárcel. Así está nuestro Servicio Penitenciario.

Al fin Ameijeira liberó sanos y salvos al dueño de la casa, a su hija y se entregó junto con su cómplice. Más de seis horas de violenta tensión habían terminado sin víctimas.

La realidad es que la inseguridad en la Argentina es cada vez más alta. Y no hace falta decirlo porque los argentinos lo padecemos todos los días. Un informe de la Organización de Naciones Unidas (Naciones Unidas para el Desarrollo) acaba de catalogar a la Argentina como el país que, en promedio, presenta el mayor índice de robos de América latina, con una tasa de 973 cada 100.000 habitantes.

La cifra fue un duro revés para la gobierno de Cristina Kirchner, que sigue hablando de “sensación de inseguridad” y de magnificación de la problemática por parte de los medios. Lejos de quedarse en el diagnóstico, el informe llama a tomar cartas en el asunto, clamor que se suma al de la Iglesia argentina y al pedido concreto de la Corte Suprema de Justicia, en su caso por el avance del narcotráfico. 

El informe habla de robos, pero en nuestro país hay mucho más: hay narcotráfico con sus cárteles y sicarios, hay violencia, hay impunidad. Y lo peor es que no hay solución de continuidad porque todos estos flagelos no terminan con una condena sino que, por el contrario, se perpetúan y fortalecen dentro del propio Servicio Penitenciario que tiene por misión aislar a quienes son un peligro para la sociedad y procurar su rectificación.

Este propósito es una responsabilidad del Estado, una de sus tareas básicas, de sus potestades, junto con la salud, la educación y la Justicia. Pero para ejercer este rol como se debe y, vistas las circunstancias que se viven, encarar el problema con una posibilidad de éxito a mediano plazo, hace falta visión y voluntad política, profesionalizar las fuerzas de seguridad, hacer más eficiente la Justicia y, sobre todo, terminar con los bolsones de corrupción que anidan en todos los poderes de la República.

Lo que preocupa es que la cuestión de la seguridad ciudadana no es claramente advertida por el Gobierno que se ha resistido a poner en su agenda de prioridades. Tanto que en vez de reflexionar sobre el tema, la Cancillería salió al cruce de ese informe, del mismo modo que un mes antes lo hizo para desacreditar las expresiones de la relatora especial de la ONU para la Independencia Judicial, quien había alertado sobre el riesgo potencial de que se rompa ese principio básico en nuestro país. 

No hay peor ciego que el que no quiere ver.