No es gratis

En una entrevista que se le hiciera en 1984 a Milton Friedman en la Universidad de Islandia, en ocasión de una disertación, uno de los académicos presentes le reprochó que los asistentes se hubieran visto obligados a pagar una entrada bastante cara para escucharlo, rompiendo por primera vez la tradición de gratuidad de la institución. Agregó que lo consideraba una restricción a la libertad académica.

Friedman respondió que, en cualquier caso, alguien estaba pagando el costo de ese evento. Si se trataba de conferencias “gratuitas”, quería decir simplemente que quienes pagaban eran personas que no asistían a la conferencia: los ausentes subsidiaban a los presentes. En inglés, el equívoco se percibe a simple vista: free significa a la vez “libre” y “gratuito”. Quizás por eso los angloparlantes estén mejor prevenidos contra el engaño que en otros contextos lingüísticos.

El episodio sirve para reflexionar críticamente en torno a una efeméride reciente: el pasado 22 de noviembre se conmemoró el 70º aniversario de la eliminación de los aranceles en las universidades públicas. En el texto del Decreto Nº 29.337 se encuentra un desplazamiento conceptual que no es inocente: la justificación radica en que una forma racional de promoción y acceso a los estudios universitarios es su gratuidad. Gratuidad y no arancelamiento se convirtieron así en falsos sinónimos.

La educación universitaria tiene su costo. No es gratuita. No lo es para los alumnos, que tienen que disponer de materiales, transporte, manutención, además del tiempo necesario que se escatima a realizar actividades remuneradas. Se denomina costo de oportunidad.

La gratuidad es una ficción propia de las clases medias y altas. Para alumnos de clase media-alta es irrelevante pero para los de clase baja se vuelve crítico. Es sabido que a los pobres las cosas les cuestan proporcionalmente más que a los ricos. Un padre o alumno pobre tiene perfecta conciencia no solo de los costos asociados con la opción por una educación universitaria sino que además sabe bien que está renunciando por varios años a obtener un ingreso inmediato. El no arancelamiento ciertamente ayuda, pero no define.

Tampoco es gratuita para quienes financian con un impuesto regresivo como el IVA la educación superior pero no pueden -ni ellos ni sus hijos- acceder a un grado universitario. En la Argentina los pobres pagan la educación a los ricos. “Gratis” en este contexto quiere decir que unos usan y disfrutan mientras que otros pagan.

El principio de gratuidad aplicado a las instituciones públicas genera conductas irresponsables. En el caso de la universidad lo peor no es, como pudiera suponerse, el proceder de los alumnos sino el de los directivos. El rector de la UBA, Alberto Barbieri, declaró recientemente que si tomaran examen de ingreso pasaría menos del 25 por ciento. La universidad pública argentina, por otra parte, tiene una de las ratios más bajas de egresados por alumnos de la región. ¿Para qué sirve esa relación tan desproporcionada? Para engordar presupuestos.

Si se adoptara un criterio de administración de recursos racional y responsable, teniendo en cuenta el enorme dispendio que supone el criterio actual de admisión, debería imponerse el examen de ingreso e idear otra forma de justificar presupuestos: por ejemplo, un sistema de becas eficaz que permita concluir los estudios a aquellos alumnos que desertan por razones económicas.

El discurso de la gratuidad coexiste graciosamente con la consabida idea de que es necesario ver la educación como una “inversión” y no como un “gasto”. Razonamiento extraño, porque la gratuidad supone que no hay compromiso de recursos. Lo decisivo para saber si se trata de una inversión es si el beneficio excede al gasto. A principios de los 90 un profesor de la Universidad de Cuyo desarrolló un método para estimar el costo por egresado. En algunas carreras las cifras de entonces eran realmente escandalosas. ¿Qué resultados arrojaría hoy, con un 25-35 por ciento de eficacia terminal como promedio nacional?

Se dice que un bien o servicio es público cuando está abierto al uso y disfrute de todos. En ocasiones existe algún requisito para acceder a ellos. En el caso de la universidad es necesario poseer un nivel determinado de conocimientos y hábitos, usualmente validados por instituciones  correspondientes. Si el acceso al bien es bloqueado por razones que no corresponden a la índole del mismo, deja de ser público. Es lo que sucede en la universidad pública argentina: el criterio real de acceso no es el saber sino el nivel socioeconómico. Si tomamos los datos más optimistas (los hay bastante peores, con razones atendibles) solo 19% de la población universitaria pertenece al quintil más bajo. La universidad argentina dejó hace tiempo de ser factor de movilidad social ascendente a pesar de que se expandió su oferta y hoy está mucho más accesible geográficamente.

En la Argentina de hoy es imposible financiar la educación universitaria exclusivamente con arancelamiento. No es la solución a nada, lo que sí cabe es garantizar el acceso a quienes efectivamente quieran estudiar y que lo económico que hay por detrás de esta elección (lucro cesante, gastos de transporte y materiales) no sea un impedimento. Para ello los recursos que se destinan deben ser optimizados, lo que implica que el acceso a una carrera universitaria se produzca esencialmente de acuerdo a méritos académicos y condiciones intelectuales (eso ya es difícil en las condiciones actuales), con alternativas posibles y sistemas compensatorios. Si hubo un secundario que falló en la transmisión de los saberes que requiere desde el día uno la universidad (o bien que el alumno no incorporó), pues ese pretensor de un título deberá compensar ese desfasaje antes de hacer usufructo de la universidad pública.  Es importante conocer para valorar por eso es inaceptable que se engañe a los estudiantes universitarios sobre los costos de la educación que reciben: a cuánto asciende, quiénes la pagan y de qué modo lo hacen. Es imprescindible realizar una pedagogía de la escasez, en la que tanto alumnos como profesores y directivos aprendan a usar y preservar recursos valiosos de forma responsable y racional.