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Milagro Sala, los delitos que se le imputan y los pedidos por su libertad

01 de diciembre de 2016 a las 12:00 a. m.

La Argentina frente a un cambio político que fue auspiciosamente recibido en muchos países del mundo, hoy atraviesa por una situación de crítica y reclamo por la detención de la dirigente social Milagro Sala.

No solo la ONU pidió su liberación, sino que en un nuevo capítulo de conflicto internacional contra la Argentina por la detención en Jujuy de la líder de la Túpac Amaru, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA)  Luis Almagro, reclamó también la “inmediata liberación” de la dirigente, cuestionada judicialmente por varias causas penales.

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Por medio de una carta dirigida a Sala, en su calidad de diputada del Parlasur, el jefe de la OEA destacó que “el más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación”. A su vez, Almagro escribió en su misiva que el reclamo por la libertad de Sala “se suma a su condición de parlamentaria electa del Parlamento del Mercosur, elemento que no puede ser desconocido”.

La carta del titular de la OEA también tiene un párrafo que resulta ser un mensaje directo al Gobierno ante el reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó como “arbitraria” la detención de Sala y es una suerte de preámbulo de lo que podrá definir sobre el mismo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA. Así, Almagro escribió: “En un Estado de Derecho, el imperio de la ley alcanza a todas y cada una de las personas más allá del lugar que ocupen en la sociedad, independientemente de que se tenga o no un cargo político. En un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley”.

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El titular de la OEA dejó en claro que comparte la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de las personas de la ONU y ante la disyuntiva del Gobierno de cumplir o no con las recomendaciones que dio ese organismo internacional sobre la situación de Sala, Almagro lanzó desde la OEA que confía en que “el Estado argentino, en cumplimiento de los acuerdos interamericanos y universales, sabrá dar pronta cabida a las solicitudes recibidas desde la comunidad internacional”. 

El Gobierno argentino parece haber advertido en estas palabras que son un alerta respecto a que la ONU fallará en contra de nuestro país en este caso que se viene ventilando y aun cuando no se trata de un fallo vinculante, en este caso frente a la justicia jujeña, coloca al país en una posición incómoda, ante la posibilidad de ser considerada una nación que tiene presos políticos porque observan en la misiva por Milagro Sala un mensaje directo para que el gobierno de Mauricio Macri cumpla con el mandato del Grupo de Trabajo de la ONU.

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En la Casa Rosada hay dos posturas diversas al respecto: un sector cree que el informe de ese organismo “no es vinculante” y otro grupo dice que la Argentina debe cumplir con el mandato de un organismo internacional al que adhirió el país.

En este sentido deberemos sincerarnos hasta el hueso, porque lo que sucede en la ONU y en la OEA no es caprichoso. La realidad es que la prisión de Milagro Sala fue desde el comienzo inconveniente, ya que fue detenida en febrero por protagonizar una protesta al nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con quien mantienen un antiguo litigio. Con posterioridad salió a relucir que el manejo del dinero de las viviendas que le autorizaba a realizar el Gobierno nacional k a la agrupación Túpac Amaru, tenía irregularidades, como se ha destapado en muchas otras obras públicas del período kirchnerista.

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Sin embargo, pensar que es la jefa de esta operatoria es sencillamente, cortar el hilo por lo más delgado. Mientras, sin ir más lejos, Julio de Vido, que es quien hizo los desembolsos de dinero, se pasea tranquilamente por los pasillos del Parlamento, ella está presa. 

Posiblemente haya habido jugosos retornos en este pasamanos de los fondos nacionales que a través de entidades construían viviendas. Lo vimos, por ejemplo, en Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo. Pero esos retornos, lo más probable, habrá que investigarlos, fueran a parar a los bolsillos de los funcionarios, como José López, que tiró nueve millones de dólares en bolsos dentro de un convento y por eso está detenido.

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Los temas que rodean a Milagro Sala deben investigarse y detectarse todas las irregularidades y no mantenerla en prisión en forma preventiva. En estos casos se deben fundamentar las decisiones judiciales, porque la libertad de una persona no es pasible de discrecionalidades de ningún tipo.

Sobre la base de estas cuestiones y viendo que no hay motivos suficientes para tenerla presa, un grupo de trabajo de Naciones Unidas estableció que la detención “es arbitraria” por la existencia de un entramado de “acusaciones consecutivas” y solicitó al Gobierno su inmediata liberación. El inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo vulnera la independencia judicial y no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva, de acuerdo a la conclusión del organismo. Asimismo establece que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada.

Esta decisión del Grupo es consecuencia de una denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el Cels  y Andhes en febrero de este año, luego de su detención en la provincia de Jujuy.

 

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El Gobierno, en realidad, se resiste a intervenir en la Justicia de Jujuy, sin embargo el gobernador Morales que no parece ajeno a lo que está sucediendo en su provincia, está dejando en una situación de vulnerabilidad a la Argentina sosteniendo y haciendo sostener en su región, donde muchos funcionarios judiciales han sido nombrados por él mismo, una situación más que dudosa respecto a la prisión de una dirigente social.

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