Más "platita", ¿en qué bolsillos?

Que la Argentina está inmersa en una grave crisis económica, sanitaria, social y de seguridad no hay dudas. El concepto podría ser extensivo al ámbito de las instituciones de gobierno, considerando la alarmante demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pronunciarse sobre un conjunto de causas que llegaron a su mesa de entradas, un Poder Ejecutivo que recientemente modificó prácticamente la mitad de los integrantes del Gabinete debido a que no funcionaban -aunque el disparador fueron los resultados de las Paso- y un Congreso que ni siquiera trabaja a media máquina. En un año electoral, diputados y senadores oficialistas y de la oposición desaceleran su dedicación para la labor legislativa y debemos resignarnos a una menor cantidad de reuniones de comisión, sesiones públicas y aprobación de leyes. 

En síntesis, esta foto que devuelve la Argentina de un país fragmentado con la mitad de la población pobre no es solo responsabilidad de Macri. En los últimos 18 años, el gobierno estuvo a cargo del kirchnerismo, que en términos discursivos levanta las banderas de la igualdad pero que en la realidad nuestra de cada día gobierna un país con 20 millones de pobres. Ese mismo kirchnerismo siempre esquiva la autocrítica y se esfuerza por redireccionar sus culpas hacia otros como una metodología necesaria para la supervivencia política. Sin embargo, no fue suficiente para convencer al electorado. Ya no alcanza con el relato y una mística que operaba como una especie de encantadora de serpientes. 

Un candidato oficialista (nuestro exministro de Salud provincial, Daniel Gollán) se sinceró en los últimos días cuando confesó que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiera molestado tanto" en un intento por explicar el resultado electoral adverso para la coalición gobernante. Quizás dio en la tecla más allá que millones de argentinos están descontentos con el gobierno por la gestión de la pandemia de Covid y particularmente los bonaerenses, que estuvimos a merced de sus decisiones.  

Ahora bien, en la Argentina aparecen estimaciones sobre cómo será la economía en 2022. Desde el Gobierno nacional se reafirmó que este año la economía crecería 8 por ciento luego de haber retrocedido 10 por ciento en 2020. Y para 2022, el rebote se desaceleraría hasta llegar a un aumento de 4 por ciento del PBI de acuerdo a los cálculos oficiales. Sin embargo, estas previsiones se presentan como optimistas teniendo en cuenta que el mercado en el último Relevamiento de Expectativas, que elabora el Banco Central, proyectó un aumento del PBI de apenas el 2,4 por ciento. Incluso de organismos internacionales como el FMI, que espera que el país rebote apenas ese 2,4 el año que viene; o de la Cepal, que anticipó una expansión de la economía de 2,7 por ciento del PBI para 2022.

La Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), por su parte, pinta un paisaje aun más gris para los argentinos en 2022: afirma que Argentina será el país que menos crecerá en 2022, tras lograr una recuperación este año. Un informe de Organización estimó que el Producto Bruto de la Argentina crecerá apenas 1,9 por ciento en 2022, lo que la ubica última en la tabla de los países del organismo.

Ha quedado en evidencia, quizás con mayor nitidez a partir de la pandemia de Covid, la distancia existente entre la clase política y los argentinos de a pie. En ese terreno que separa a unos y otros ha echado raíces un sentimiento de hastío sobre el cual crece la antipolítica y la apatía, signo de los tiempos en el que el Estado en todos sus niveles no está presente como corresponde. La radiografía social del país es un contundente argumento sobre lo mal que funciona el Estado presente, una figura retórica obligada para los funcionarios adscriptos al populismo. 

Podría considerarse que la antipolítica y el rechazo creciente a la casta dirigencial se asienta también en la creencia de que no todos somos igual ante la ley. En efecto, funcionarios y legisladores con causas de corrupción con investigaciones avanzadas continúan como si nada viviendo de la teta del Estado, con frugales salarios y dietas, sin rendir cuentas ante la Justicia y alejados de cualquier sistema ligado a la transparencia. En la política también rige el "todo pasa", aquella emblemática sentencia patentada por Julio Grondona, el otrora todopoderoso mandamás de la AFA, con la que hacía referencia que tanto el éxito como el fracaso (y en este país también las culpas por hechos de corrupción) son fugaces y se desvanecen con el transcurso del tiempo. 

Más allá de algunas excepciones, los políticos no van presos. Y más allá de otras excepciones, también se enriquecen. Como el líder de La Cámpora y actual diputado nacional, Máximo Kirchner, quien declaró un patrimonio de 400 millones de pesos en 2020, lo cual representa un incremento del 37 por ciento en comparación con el año anterior, en línea con la tasa de inflación registrada durante ese período.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) una herencia de 2.848.072 dólares repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que viene repitiendo en sus presentaciones de los últimos años. Durante el año pasado, Kirchner incrementó su patrimonio en 69 millones debido a la devaluación del peso.

De acuerdo al tipo de cambio oficial de fines del año pasado, esos plazos fijos equivalieron a 239.095.683 pesos, a lo cual hay que agregarle 27 propiedades que son parte de la herencia que le dejó su padre Néstor Kirchner, y de una donación realizada por su madre Cristina Kirchner tanto para él como para su hermana, Florencia Kirchner.

El legislador kirchnerista declaró tener participación accionaria en las sociedades familiares Hotesur SA por 10.151.867 pesos y en Los Sauces SA por 6.667.337, más un crédito para cobrar de esa firma por 1.148.511 pesos. También informó sumas de dinero heredadas por un total de 12.838.079 pesos, y dos vehículos que valuó en 1.237.500 pesos.

Por cierto, acaba de terminar la campaña de las Paso. Y no parecen destacarse los informes sobre los gastos de partidos o candidatos. Hasta que no haya transparencia plena, cabe la duda (hasta incluso la certeza) de que eso también corre por cuenta de todos los argentinos que pagan impuestos.