Macri y las decisiones por “complejo”

El presidente Mauricio Macri anunció que enviará al Parlamento el paquete de leyes denominado “Programa de reparación histórica” para los jubilados, que ingresó ayer mismo a la Cámara de Diputados y que el oficialismo espera comenzar a discutir en comisión el próximo jueves. Por la oportunidad, una lectura política de esta medida económica es inevitable: frente a una incipiente pero persistente caída de la imagen pública del presidente, era el momento de llegar a la sociedad con el anuncio de un “combo simpático” de acciones destinadas a uno de los sectores más oprimidos. No es que no haya justeza en el asunto (vaya si la hay), pero cuesta creer en la viabilidad de un plan de pagos tan ambicioso en un momento de alto déficit fiscal, retracción recaudatoria por la menor actividad económica y el dudoso panorama de la situación ocupacional.   

Si no fuera que no estamos en campaña y que quien habla no es un candidato sino el presidente en ejercicio, atinaríamos a decir que se trata de una promesa para endulzar los oídos de un abultado número de electores entre los destinatarios actuales y los futuros que, al fin, somos todos. Con todo lo positivo que tiene el paquete y de lo cual nos congratulamos, nos acecha la idea de que podría estar construyendo un nuevo relato, entendiendo tal como una sucesión de ideas que suenan muy bien pero que en los hechos tiene más efectos negativos que positivos para la salubridad de la economía nacional. La cuestión está el sustento de las acciones y no en las acciones en sí mismas. 

Macri hizo el anuncio  rodeado de jubilados, subido a una tarima en el centro de un recinto colmado, en una clara señal a la sociedad de que el Gobierno tiene sensibilidad social y que es falso que solo tome decisiones que favorecen mayormente a los ricos o no los alcanza ostensiblemente con los ajustes.  Más allá de que la oposición lo esmerile con esta acusación, el macrismo parece ser permeable a esta crítica. 

Lo peligroso de esta situación es que para revertir esa imagen de supuesto Gobierno “de ricos y para ricos” comiencen a tomar medidas para las que no se cuenta con los fondos para afrontar esas decisiones simpáticas a la ciudadanía.

Lo anunciado por Macri no puede ser criticado a priori: saldar con los juicios impagos a jubilados y aumentar sus haberes es de justicia. Pero fue más allá y ampliará el beneficio a quienes no iniciaron un juicio, pero podrían hacerlo porque el Estado les debe dinero. El proyecto incluye la actualización de los haberes jubilatorios en alrededor de un 45 por ciento para todos aquellos que no están cobrando lo que les corresponde, hayan iniciado juicio al Estado o no. En el mundo que todos deseamos, esto es fantástico, pero en el mundo real, con los números de nuestra economía, ¿es esto posible?

La clave del asunto está en los fondos con los cuales se pagará esta millonada de fondos adeudados a los jubilados.

Se anunció que para sustentar el proyecto, el dinero provendrá del blanqueo de capitales, que en el oficialismo denominan “sinceramiento fiscal”. Un proyecto que por sí solo se vería muy trabado en el Parlamento, donde es difícil conseguir votos positivos para un blanqueo. Por eso el macrismo, en una jugada claramente política lo ata al pago a los jubilados, tras la excusa (cierta en realidad) de que quienes se llevaron dinero fuera del país sin declararlo evadieron los impuestos y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

De este modo, el oficialismo pone a la oposición en una situación difícil, porque muchos que no quieren que se haga un blanqueo, quedarán enfrentados a los jubilados que, lógicamente, pretenden cobrar la deuda que el Estado tiene para con ellos y que la Justicia ha avalado con miles de fallos. En síntesis, ¿quién en el Congreso se atreverá a no levantar la mano por el pago de juicios y el aumento a los jubilados?

El blanqueo de capitales nunca ha dado mucho resultado en la Argentina, porque la desconfianza que ofrece nuestra economía, que es la razón por la que se fuga el dinero de nuestro país, es la misma ahora que antes. Nadie sabe, a cinco meses de gobierno, cuál será la performance de Mauricio Macri ni mucho menos cómo se comportará la coyuntura económica que de él no depende (Brasil, commodities, clima). De modo que es dificultoso que quienes -declarados o no- tengan sus capitales a fuera, “a salvo” de cualquier vicisitud local, decidan repatriarlos. Con la historia reciente a nuestras espaldas (pasaron recién 15 años del “corralito”, o sea que estamos hablando de la misma generación de damnificados) y la inflación que diluye el valor del peso minuto a minuto, ni siquiera es criticable la decisión, porque invertir o ahorrar en un país donde no se puede proyectar la ganancia a seis meses siquiera, no es precisamente atractivo.

El enojo opositor (que dudamos se refleje en la votación por las razones antes mencionadas) surge también de las históricas fuertes críticas del macrismo a los blanqueos de capitales en general: cada vez que el kirchnerismo los propuso fueron claros en su negativa a este tipo de prácticas, las que consideraron oportunamente, además de injustas, peligrosas por el origen de los fondos que se pueden traer a la Argentina. En este punto, Elisa Carrió también ha dejado asentadas sus objeciones.

La necesidad de fondos para nuestro país ha llevado al Gobierno a abjurar de su propia teoría y ahora plantea un proyecto de blanqueo de capitales, pero precisamente sabiendo de la resistencia que tendrá en el Parlamento, lo anuda al pago de los juicios a los pasivos. En el Gobierno además siguen con atención la reacción de los mandatarios provinciales, con quienes negocia por otros temas, como los aumentos de tarifas.  Así también piensan obtener de allí los votos para el blanqueo.

En la Casa Rosada se muestran confiados en que a la oposición le va a ser muy difícil oponerse a pagarles a los jubilados, lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, más allá de la jugada política todos los pronósticos indican que el dinero del blanqueo no alcanzará para el pago a los juicios de los pasivos, con lo cual el Gobierno se encontrará con un problema serio a la hora de cumplir con este anuncio. Nacido más de un complejo social que tiene el Gobierno que de una decisión pensada y sobre todo, teniendo los fondos para concretarlo.

Nadie ignora que el Estado le ha robado a los jubilados que iniciaron el juicio y lo ganaron, además, dinero de sus haberes y que en cualquier país normal se debe pagar la diferencia de lo que injustamente le retuvieron de sus pagos. Sin embargo la Argentina atraviesa un momento muy particular de su economía y quizás debiera estar más estabilizado para encarar una deuda tan abultada.

La realidad es que resulta por lo menos curioso que un Gobierno que tiene una clara línea liberal, que sincera tarifas aun a costa de la imagen pública del presidente, para acomodar y sincerar la economía. Que se aleja del populismo en la convicción de que es un modelo que se agota en sí mismo y perjudica al país, tome decisiones como esta, sin contar con los fondos para cumplir el anuncio y en un momento donde la Argentina debe cuidar cada peso que ingresa. 

Macri anunciando esta medida parecía más un presidente populista que uno liberal y esa actitud es más claramente política que económica. Más teniendo en cuenta que el Gobierno aun tiene sustento suficiente en las expectativas de la gente como para reacomodar el país y ponerlo en un camino distinto al que veníamos llevando.