Macri hizo un gesto claro por la libertad de expresión
Si hay un sector donde la grieta se reflejó con virulencia en los últimos años fue el periodismo. El kirchnerismo enfrentado con los medios existentes de la Argentina y creando un completo equipo de medios -gráficos, radiales, televisivos (incluido el canal estatal, y digitales con sus correspondientes periodistas- generó una suerte de guerra por imponer dos realidades bien distintas, lo que dejó a la sociedad presa de la mala información y de las verdades a medias.
Por momentos esta lucha se volvió escandalosa, cuando se hicieron escraches públicos a conocidos comunicadores y hasta una suerte de juicio popular en el que se los trataba de traidores a la Patria por sus opiniones o por el solo hecho de pertenecer a los medios críticos del poder.
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El emblema de este estilo de comunicación contestatario fue el programa 6-7-8, que transmitía la TV Pública, desde el cual se atacaba a periodistas, politólogos y dirigentes más de lo que se informaba o analizaba un asunto. Básicamente, se hacía periodismo de periodistas, esto es hablar del emisor y sus formas más que del mensaje en sí mismo.
Como resulta ocioso plantear, todos los medios gráficos, televisivos y radiales desaparecieron prácticamente cuando el kirchnerismo perdió las elecciones, algunos de manera drástica, dejando en la calle a sus trabajadores sin mayores explicaciones. Sencillamente porque ninguno nació con la vocación de informar ni mucho menos se consideró que fuese un negocio sostenible. Simplemente se lo alimentó mientras fue útil mediante la pauta oficial. Cabe señalar que el criterio para distribuir los dineros públicos en concepto de publicidad y difusión ha de ser el de la eficiencia, ubicando la pauta en los medios que cumplen debidamente con el fin de que la gente se entere de lo que el Gobierno le quiere decir. Y ya sea en tirada, como en espectadores u oyentes, ninguno de estos medios oficiosos del kirchnerismo cumplía la premisa; solo se los subsidiaba con disfraz de publicidad. Y como eran medios de escasa a nula repercusión real, nunca lograron publicidad genuina que les permitiera mantenerse a flote post K.
La desaparición de muchos de estos medios, una disminución notoria de avisos oficiales en general, pero en particular en las emisiones de Fútbol para Todos y la TV Pública, amén de la ausencia de cadenas nacionales, fueron los cambios más evidentes que hubo en la difusión de los mensajes de gobierno. Pero entre lo más sustancial se inscribe la adhesión del presidente Macri a la Declaración de Chapultepec, un acta de compromiso por el cual quien suscribe se obliga a garantizar la libertad de expresión y prensa y el acceso a la información. Este documento data de 1994 y no son los Estados los que suscriben sino los responsables de turno, si es su voluntad. También pueden hacerlos, siempre individualmente, otros dirigentes y funcionarios. Durante los gobiernos kirchneristas nunca, nadie, se adhirió. Tampoco los gobiernos del eje bolivariano -Venezuela, Ecuador y Bolivia- lo hicieron.
En términos simples, la declaración se basa en el concepto de que ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio que se trate. Tan simple y a la vez tan amplia premisa, a la que en los últimos 22 años solo había adherido Carlos Saúl Menem, entre nuestros presidentes, hasta este martes en que firmó Macri. Fue en la Casa Rosada, con las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en un breve acto.
Por este acuerdo Macri se comprometió a no restringir la divulgación de información, a no obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, a investigar actos de violencia contra la prensa, a evitar la censura previa y a garantizar que no se premie ni castigue a los medios y periodistas con publicidad oficial, entre otros puntos.
Es un gesto para destacar, aunque esta firma no obliga ni sanciona si no se cumple, de modo que en la marcha del Gobierno se verá si finalmente tendremos una libertad de prensa amplia, sin las formas abiertas de ataque al derecho de expresión que padecimos en el kirchnerismo, ni tampoco formas sutiles de presión bajo la mano invisible del poder (llamados telefónicos a propietarios de medios para frenar alguna investigación periodística o el disciplinamiento por medio de una distribución inequitativa de la pauta oficial).
Tras el encuentro y la firma de Macri estampada en el documento tanto la SIP como Adepa destacaron el giro en la relación del Gobierno argentino con la prensa, tras años de confrontación constante. Incluso en una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, señaló que en los últimos 12 años la SIP realizó seis misiones a la Argentina por los constantes ataques contra la prensa. Además, en esos años se emitieron 51 comunicados, 41 resoluciones y se publicaron 26 informes en los que se relata la situación que se vivía en el país. Lo que no es de extrañar porque tanto Clarín como La Nación tienen representantes en la Sociedad Interamericana de Prensa y tenía informados a sus miembros de todos los países respecto de la situación de la Argentina.
La realidad es que la grieta periodística aún no está cerrada y, por primera vez en muchas décadas en la Argentina, los periodistas mantienen enfrentamientos serios de acuerdo al posicionamiento ideológico que tuvieron en estos doce años de gobierno k. No es que no haya sucedido antes, el problema es la masificación del conflicto y la virulencia de la pelea que comienza por posturas política e incluso termina en el terreno personal.
Paralelamente a la grieta, los periodistas que se mantuvieron independientes u opositores al gobierno anterior están realizando una importante tarea de investigación respecto de la corrupción k, y han obtenido más informes que la Justicia misma. La que durmió el sueño del justo doce años y ahora han acelerado el paso de manera abrupta.
La declaración firmada por Macri establece pautas interesantes como por ejemplo la obligatoriedad de brindar la información respecto de las cosas públicas, evitar cualquier tipo de violencia destinada a amedrentar o coartar la libertad de expresión. Los medios y periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que digan. La concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios.
Todos son postulados muy importantes pero teóricos, ya que en definitiva se ve en la práctica si el Gobierno es tan tolerante a la crítica como afirma y tan amplio a la hora de escuchar todas las voces, como reza el slogan de la nueva TV Pública.
En realidad, desde que Macri asumió no tuvo conflictos con la prensa, la que de todos modos está enfrascada en la investigación de la corrupción del gobierno anterior, de modo que tampoco ha padecido ataques en líneas generales. Lo más cuestionado de su gestión en estos meses ha sido el tarifazo, pero no se conoce que hayan intentado amordazar al periodismo que ha criticado ampliamente los costos de los servicios.
Un toque de alerta fue la reunión que mantuvo con Marcelo Tinelli, presumiblemente por la imitación que realizan en Bailando por un Sueño y donde el presidente se sentiría ridiculizado. Pero podría tratarse de una susceptibilidad del resto del periodismo que criticó mucho el encuentro, cuando quién sabe Macri se estaba encontrando con Tinelli el empresario y no el conductor.
Es un gesto definitivamente valioso y auspicioso para la prensa y para la sociedad que el presidente haya firmado la Declaración de Chapultepec. El tiempo dirá si los hechos se corresponden con las intenciones.
















