Los riesgos de la anomia en una sociedad sin reglas

Hace unos días la sociedad observaba con asombro el pobre resultado de las Pruebas Aprender y se horrorizaba de ver plasmada en la realidad la repetida advertencia sobre las consecuencias que, en el mediano y largo plazo, iba a tener la tragedia educativa. Como si el futuro tan temido hubiera llegado, el saldo del desinterés parece a la vista. De la mano de ello, alcanza con leer las noticias de todos los días o mirar la televisión y las crónicas que se replican en redes sociales para observar que lo que sucede puertas adentro de las aulas y se refleja en evaluaciones, se reproduce en casi todas las dimensiones de la vida social. Y no es algo privativo de la escuela y mucho menos de los chicos. Más bien es el triste reflejo de una sociedad que va perdiendo aquellos valores que algún día le resultaron edificantes.

Estudiantes que no comprenden lo que leen, que no superan, o lo hacen con gran dificultad, pruebas que ponen en juego sus competencias; alumnos que discuten en el aula con docentes o jóvenes que esperan a estudiantes y profesores en la puerta de un instituto terciario para robarles sus pocas pertenencias o agredirlos, constituyen las fotos que día a día propone la realidad.

Una sociedad agobiada por la pobreza, la marginalidad; corroída por el crecimiento exponencial del narcotráfico y las actividades delictivas, se suman a un panorama bastante desalentador en términos de futuro.

Piqueteros obstruyendo el legítimo derecho a circular en reclamo a necesidades también legítimas. Una policía que no actúa porque hace tiempo perdió la autoridad y teme que en el cumplimiento de la ley cualquier acción se interprete como un acto represivo. Y como contracara de ello, en otros cortes, esa misma fuerza decide intervenir y termina reprimiendo a quienes marchan por alguna causa sin el respaldo de grandes aparatos políticos ni el peso de organizaciones sociales que conviven con el poder de turno y comparten sus intereses. Esta enumeración de situaciones que se reproducen en las calles de los principales centros urbanos del país, se suman a un presente preocupante y se naturalizan como parte del paisaje cotidiano.

En lo individual, la irritabilidad ante situaciones mínimas, el cansancio ante problemas repetidos, la sensación de injusticia frente a lo importante y de impotencia frente a la incertidumbre, aparecen como un caldo de cultivo peligroso.

Ni hablar de las agresiones recurrentes que sufren agentes sanitarios y profesionales de la salud en el ejercicio de su función, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier guardia hospitalaria. Como si aquellos lugares que hicieron grande el país como fueron la escuela, los hospitales y las propias calles donde transcurría la vida en sociedad, hubieran dejado de ser lo que fueron y se hubieran desnaturalizado dejando que gane la batalla la violencia y la hostilidad.

Lo peligroso es que nada se hace para transformar esta situación. Por el contrario, quienes deberían trabajar para volver a unir el tejido social en un marco de armonía, son quienes reproducen la violencia por acción u omisión. Y es así como se va constituyendo una crisis de representación que hace que los ciudadanos no se identifiquen con sus líderes, que pierdan la confianza en sus instituciones o no encuentren en ellas el canal de resolución de los problemas.

Una justicia que no siempre actúa con la celeridad que debiera; un poder político que tanto en lo legislativo como en las cuestiones ejecutivas parece divorciado de las verdaderas prioridades de buena parte de la ciudadanía, van generando las condiciones para que este fenómeno de anomia se agigante y crezca con consecuencias peligrosas y conocidas para un país que en otras épocas ya sufrido su impacto.

Hasta hace unos años, la voz del docente tenía una autoridad que nadie se hubiera atrevido a relativizar. Lo mismo pasaba con la palabra de un médico o de cualquier servidor público. Y la calle, que históricamente fue un espacio de reivindicación de derechos y en democracia un ámbito de expresión de reclamos; hoy se ha transformado en el terreno fértil para el ejercicio de una violencia sin límites. 

No hay que irse demasiado lejos en el tiempo para recordar episodios trágicos no solo de una violencia institucional reprochable en cualquiera de sus formas, sino de un profundo desprecio por el patrimonio común y por esos bienes tangibles e intangibles que pertenecen al conjunto social más allá de la ideología de cada uno.

El lugar que ha ganado la desconfianza cívica, la falta de respeto a la autoridad y a los otros, ha propiciado el resquebrajamiento de los atributos que hicieron de la sociedad argentina lo que fue. Ante la gravedad de los hechos de corrupción sin justicia que exhibe el país casi como estandarte, ya no está tan clara la idea de que la educación y el mérito son el camino de ascenso en la escala social. Ante el crecimiento de la delincuencia en sus formas más sofisticadas, hace que para muchos la aspiración ya no sea el trabajo. Ante el apremio que viven aquellos que ponen en marcha la rueda productiva del país, la ausencia de seguridad jurídica y previsibilidad, hacen que el esfuerzo ya no parezca el camino.

Frente a ello, la autoridad de quienes tienen la responsabilidad sustantiva de conducir los destinos de un país que parece a la deriva, se desdibuja también. Es ahí donde crece la anomía, dejando en el imaginario social la idea de instituciones que resultan incompetentes al momento de crear las condiciones para establecer nuevos acuerdos que le permitan al país recuperar esa senda histórica que lo posicionó entre los más grandes del mundo.

Restablecer la autoridad y la confianza en las instituciones es una tarea que debe emprender el conjunto social, pero también de quienes tienen u ostentan un poder de representación, para que la recuperación de esa senda de progreso no resulte una utopía o una idea colmada de nostalgia. Hay que trabajar seriamente en una nueva configuración de legitimidad que parece perdida. Hacerlo requiere esfuerzo, ejemplo, coherencia, atributos para el ejercicio de la buena política, esa que propicia la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la sana convivencia. La construcción colectiva de un mejor futuro vale este intento imprescindible. No hacerlo, es terminar de definir la anomia, como destino inevitable, con sus riesgos conocidos.