Los reclamos de siempre y la oportunidad política

Todos sabemos que estamos en un año electoral y que desde siempre los gremios son actores políticos, además de sindicales. Por eso muchas veces, tras los reclamos sectoriales, hay ocultas intenciones para gravitar en decisiones políticas ajenas a la cuestión planteada en la medida de fuerza que se realiza.

No por ello, las reivindicaciones que subyacen carecen de validez, mucho menos para los afiliados. Sólo planteamos que hay un uso político de estas de parte de la dirigencia. 

Las razones del paro de este martes, más allá de cualquier otra intencionalidad de los referentes gremiales, apunta a cuestiones que hacen a la justicia para con los trabajadores y con los pasivos.

Las banderas que se levantan y que motivaron una gran adhesión a la medida de fuerza son dos temas que se vienen discutiendo hace tiempo: la modificación en el impuesto a las Ganancias y un sinceramiento del índice del costo de la vida. En función de esto último, se solicita un aumento de emergencia a los jubilados, que en su mayoría cobran por debajo del Mínimo, Vital y Móvil que, a su vez, se sustenta en las cifras oficiales sobre la inflación que, de más está decir, distan significativamente de la realidad. 

En materia económica, todo tiene que ver con todo porque si el Gobierno da índices “retocados” del costo de la canasta básica, la alimentaria y la general, a través de un Indec direccionado, ya partimos de datos incorrectos sobre lo que necesitan un ciudadano y una familia para vivir. 

Lo del impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores asalariados no resiste más análisis que la necesidad recaudatoria del Gobierno. Partiendo de la premisa de que lo sueldos son convenidos y no guardan relación directa con la capacidad productiva de una persona. Es decir, aunque un empleado quisiera trabajar más horas para ganar más, no está en su capacidad de decisión la posibilidad de hacerlo. Por lo que su ingreso no es una ganancia si no una retribución por su prestación. Amén de ello, el piso a partir del que se cobra no guarda relación con el costo de vida. Pongamos un ejemplo: un empleado que cobra en bruto 15.010 pesos debe tributar y sabido es que quien tiene ese ingreso, con familiares a cargo y eventualmente pague un alquiler, no está precisamente “ganando” dinero. Además, por estar en esta escala, no percibe asignaciones por escolaridad. Es decir, para el Gobierno es un potentado y no las necesita. A mayor escala salarial tampoco es justificado: se entiende que el empleado que cobra más es porque tiene mayores responsabilidades, que le fueron asignadas por su capacidad, generalmente adquirida en años y con dinero invertidos en su formación profesional o técnica. En estos casos, por ser proporcional, el impuesto es aun más gravitante, llegando a significar la compra de un auto, por usar un ejemplo que grafique la magnitud del tributo. 

El reclamo de base es por la eliminación, más en un clima inflacionario que erosiona las oportunidades de quienes cobran cifras fijas y acuerdan aumentos una vez al año por negociación paritaria, aunque también se brega por un punto medio de negociación que sería la suba del mínimo no imponible a valores más ajustados al costo de vida. 

El reclamo por los pasivos, aun cuando perciben dos aumentos al año, también tiene asidero. Por empezar esos aumentos parten de un piso extremadamente bajo para un sector de la población que tiene necesidades elementales que atender y que, por otra parte, les corresponde por sus años de aporte. El anciano concurre más al médico, consume más medicamentos (no todo es atendido por Pami), necesita de terceros para trasladarse y sobre todo necesita alimentarse bien. Además, a diferencia de los activos, en su mayoría no pueden tener trabajos alternativos o de fin de semana para completar salario. A su vez, estos aumentos que se otorgan dos veces al año son fijos y generales, por lo que su efecto es dispar: no es lo mismo que se aumente un 10 por ciento quien cobra 3.800 pesos (380) que el caso en que el haber es de 10.000 (1000). Aquí también hay algo de irracionalidad, como sucede con el impuesto a las Ganancias.

Es sobre las bases de estas cuestiones, que el paro del martes próximo está consiguiendo tantas adhesiones. Aunque modificarlas para el Gobierno implique un desequilibrio, son reclamos generalizados y con mucho sentido común. 

Las cabezas visibles de la medida son Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, de los sectores gremiales opositores al Gobierno. Aunque en este caso la medida de fuerza fue idea de unos 22 sindicatos del transporte, a la que luego se sumaron las dos CGT y finalmente adhirió también la CTA de Pablo Micheli y el gremio de los bancarios. 

Pese a que son gremios de muy distinta referencia política y gremial, la reivindicación por el impuesto que pesa sobre los salarios unifica la postura en el arco sindical. 

Mientras tanto, desde el Gobierno se mantiene firme, hasta ahora, el rechazo a modificar en el corto plazo el tributo o elevar las escalas del mínimo no imponible de Ganancias. A su vez, los gremialistas tampoco esperan que el paro genere una reacción de la presidenta. Conocen su forma de actuar y saben que, de encararse una modificación, no será como acto seguido al paro sino, por ejemplo, en cercanía de las elecciones, primarias o generales. El kirchnerismo nunca quiere exhibirse como dominado por una agenda de terceros, aun cuando las necesidades sean urgentes y genuinas, como en este caso.

La pretensión de los sindicatos es que el Gobierno dé respuestas, pero también esperan que quienes asuman tras las elecciones, tengan en cuenta estos reclamos en forma más o menos perentoria, si es que no consiguen nada del kirchnerismo antes de que dejen el poder.

Como lectura entrelíneas de los últimos movimientos, puede verse que los gremios oficialistas, entre los que se encuentran los del transporte, gradualmente se van alejando del Gobierno porque además de no ver cumplidos sus reclamos, ya están pensando en el post kirchnerismo, lo que, sumado a los gremios que ya hace tiempo están en la vereda de enfrente, augura poca paz social en los meses antes de las elecciones.