Los legisladores no quieren ocuparse de problemas de largo plazo

Un nene de tres años murió al ser alcanzado por un disparo que efectuaron dos delincuentes en moto, cuando intentaron asaltar a su padre a la salida de un comercio de la localidad de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. Por el caso fue detenido ayer un adolescente de 16 años.

Una tragedia más, en este caso de un niño muerto por un motochorro menor de edad. Según la Corte Suprema de Justicia la mitad de los detenidos en Buenos Aires son menores y muchos son inimputables (menores de 16 años).

Paulo Agustín Bustamante iba con su padre, de 27 años, a comprar a una pizzería ubicada en el cruce de Mayor Olivero y Prensa Argentina. Cerca de las 20:30, los interceptaron dos jóvenes armados a bordo de una moto de baja cilindrada. Con el fin de proteger al pequeño, el hombre salió corriendo con su hijo en brazos. Fue ahí cuando los asaltantes efectuaron varios disparos y escaparon. Pero uno de los proyectiles impactó en el menor y le provocó la muerte en el acto.

El adolescente fue detenido por medio de un operativo cerrojo y se constató que vive a ocho cuadras de donde ocurrió el crimen y quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil Nº 4 de Lomas de Zamora.

Esto nos lleva a uno de los problemas más delicados que tenemos como sociedad: la situación de los menores en delito. Que es claramente un asunto multicausal, hay razones económicas, educativas, familiares que atender para que podamos mejorar en un tema que plantea enormes dificultades. El “mientras tanto” es un tema muy serio ¿qué hacemos con estos menores que comienzan con hurtos simples y terminan en un crimen mayor?

Lamentablemente nadie parece estar pensando seriamente en la problemática, comenzando por quienes tienen la responsabilidad de legislar y ni siquiera tratan la cuestión.

El sistema penal argentino se rige por tres leyes fundamentales: la Nº 22.278, de 1980; el código penal, que establece cuáles son los delitos; y la Ley Nº 13.634, que es la procesal para el sistema de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Se dividen en menores inimputables e imputables. Los menores inimputables son aquellos que no tienen 16 años de edad, a los que el Estado no puede perseguir penalmente; los imputables son los que tienen entre 16 y 17 años, a los que se les forma la causa, lleva adelante la investigación y terminan en un juicio oral como en el caso de los mayores.

En el hecho que nos ocupa además del intento de robo, es clara la saña del motochorro al asesinar al niño frente a un padre que ni siquiera se resistió. Este fenómeno debiera ser una prioridad para los legisladores, que debieran estar trabajando en una adecuación de la legislación que nos permita, en el “mientras tanto” evitar estas tragedias, con internación de menores inimputables y penas efectivas para sub-20 (entre 16 y 17 años) como los llaman en la jerga carcelaria.

Lamentablemente, mientras la muerte ronda a los ciudadanos de a pie, los legisladores que son muy rápidos para aumentarse dietas y beneficios, son demasiado lerdos para analizar, estudiar y modificar las normas que hacen falta.

Es claro que, de acuerdo con el pensamiento de nuestra dirigencia, este tipo de leyes incriminatorias no son redituables políticamente y sus resultados se ven a mediano y largo plazo. De modo que ningún diputado o senador se toma esos tiempos.

Además es sabido que la problemática del menor en delito termina dividiendo a la sociedad entre quienes bajar la edad de imputabilidad a los catorce años y quienes se niegan a considerar la cuestión.

Este tipo de comportamiento poco claro de la sociedad ha llevado a que los institutos de menores pasaran de la esfera penal al área de Desarrollo Social.

Esto desde el punto de vista de los menores judicializados por abandono, por ejemplo, o por malos tratos familiares es lo que corresponde, ya que no se trata de chicos que hayan delinquido, sino que son víctimas de sus familias, los que están internados.

El problema es que carecemos de instituciones que dependan del área penal para menores que comienzan a escalar en el delito. Son los que  ingresan por una puerta y salen por la otra ya que ni la policía los puede retener ni la justicia procesar y terminan en muchos casos protagonizando crímenes mayores.

El tema es ¿quién está buscando una salida a esta delicada problemática?

Los legisladores debieran estar trabajando en este tema. Sin embargo no hay nada de eso, más aún, en este año electoral no se ocupan de este asunto y casi de ningún otro ya que la campaña electoral llena todo el universo legislativo.

El cortoplacismo y el rédito instantáneo que marcan nuestra política de efectismo y relato nos llevan a estos escasos resultados.

Mientras tanto la sociedad se sigue denigrando y padeciendo a menores de los que nadie se ocupa, ni siquiera para intentar recuperarlos, permitiendo que sigan su escalada de fechorías sin control alguno y que terminan, normalmente, en estas tragedias.