Los edificios públicos sin controles ni mantenimiento

En el barrio San Carlos de Moreno la tragedia mordió a la comunidad educativa, enlutando a todos los relacionados con la educación en la provincia. Dos muertes evitables se produjeron por una falla en una estufa alimentada por gas envasado, las víctimas fueron la vicedirectora y un auxiliar, en plena sala de profesores de la primaria Nº49. Las víctimas fatales son Sandra Calamano (48), la vicedirectora, y Rubén Orlando Rodríguez (45), el portero de la institución, una primaria de jornada completa. Y no hubo más víctimas porque los alumnos ingresaban minutos más tarde, de lo contrario no sabemos de qué estábamos hablando a estas horas.

Desde que se conoció el incidente muchos son los aspectos que se han puesto bajo la lupa; al tiempo que los docentes provinciales reaccionaron exhibiendo enojo y tristeza, hubo una marcha multitudinaria en Moreno y una protesta a nivel bonaerense que se tradujo en un paro de 24 horas que se cumplió el viernes.

De acuerdo con lo que se fue conociendo después del drama, la vicedirectora, una de las víctimas de esta tragedia, ya había realizado varios reclamos por el olor a gas que se sentía cotidianamente. Aunque no ante el primer llamado, el gasista intervino, por lo que a esta altura su participación también cuenta en la cadena de fatalidades y posibles negligencias que estudia la Justicia.

Aun sin saber cuál fue la ultimísima causa de la explosión, lo sucedido puso sobre el tapete las condiciones edilicias de las escuelas, a lo que nosotros sumamos una mirada sobre el estado de los edificios públicos en general.

Tanto los primeros como los segundos hace años que sufren el retiro del Estado en su mantenimiento. En este punto también hay que considerar esa maldita costumbre que tenemos los argentinos de maltratar lo público, de hacer un uso abusivo que no hacemos con nuestros propios bienes en la absurda creencia de que lo público es de otro. Y aunque así fuera, vaya que somos irrespetuosos. También está la concepción de que el Estado está para subsanar todo lo que deliberadamente se daña, nuevamente bajo la ignorante creencia de que el costo de la reparación no corre por nuestra cuenta.

Aclarado este punto, es notable de ver la diferencia que hay en el estado de conservación entre un establecimiento público y uno privado. Claramente, es la imagen del famoso dicho que asevera que “el ojo del amo engorda al ganado”. Es decir, si el Estado no se hace presente, cotidianamente, y fiscaliza que cada uno cumpla su rol, como sí lo hace el privado, hay una tendencia natural a que el usuario dañe y que quien tenga como tareas el mantenimiento y la higiene, no la cumplimente como es esperable. No es una presunción: está a la vista. Porque tanto los establecimientos públicos como los privados están integrados por seres humanos, sin embargo, la actitud es distinta.

Por eso, aunque muy poco oportuno, el reclamo de Baradel tiene mucho de verdad: demasiada inspección para ciertas cosas, como la adhesión a los paros, y muy poca para garantizar la salubridad de docentes, auxiliares y alumnos. Si no, y ya hablando de nuestro pago chico, ¿cómo se explica el estado a que llegó el Colegio Nacional, solo por citar un caso visible? 

Esta tragedia de Moreno, que ha sensibilizado a toda la docencia era evitable, sin dudas, así lo indican las pruebas recogidas por donde se busque. El problema es que los edificios no están ni controlados ni mantenidos por el Estado y en esto no hay excusa. Y las cooperadoras escolares que eran una de las patas de ayuda fundamentales en estos casos, están en extinción. A muy pocos padres parece interesarles la tarea de ayudar, desinteresadamente, en la escuela donde van sus hijos. De este modo nadie se ocupa de los edificios escolares y en muchos casos ni siquiera quienes los usan. Pero insistimos: la primera ocupación debería ser evitar que sean dañados, imponiendo una rígida disciplina a quienes atenten contra los bienes (eso también es educar) y relevando periódicamente cómo se desempeñan los auxiliares que se encargan del mantenimiento.

Y así cómo vemos que hay una gran diferencia entre el estado de conservación de los edificios públicos y privados (no solo escuelas), entendemos por qué esto es así. 

Es que el brazo del Estado cae implacablemente sobre los privados con requisitos para ser habilitados, adecuaciones que deben hacerse según nuevas normativas edilicias para no ser clausurados, controles por parte de las aseguradoras de trabajo y de seguridad e higiene, pero mira para otro lado cuando se trata de los edificios públicos.

Del mismo modo que los edificios públicos no se cuidan, tampoco se relevan como los privados para evitar accidentes –fatales incluso como el que sucedió en Moreno- en cuestiones como conexiones de gas, conexiones eléctricas, pozos ciegos, resistencia de techos. Claro, al no ser inspeccionados vaya a saber en qué peligros están todos quienes los usan. Los edificios privados corren con la ventaja (aunque a los propietarios aveces les parece ya hostigamiento) de que el Estado los controla todo el tiempo. Sin ir más lejos, Litoral Gas ha cortado su suministro por meses a edificios de departamentos y escuelas privadas hasta tanto adecuaran sus antiguas conexiones a las exigencias vigentes, que ya no contemplan, por ejemplo, ciertos materiales en sus caños, artefactos como las pantallas y otros tipos de conexiones que, en su momento, fueron aprobadas.

Con sacrificio económico y físico (porque hay que soportar vivir sin gas), los particulares se van adecuando a las exigencias. ¿Y el Estado? ¿Tienen sus edificios las conexiones en regla?¿Cuentan con la cantidad de matafuegos y/o nichos hidrantes que marca la ley según los metros cuadrados? ¿Todos tienen las salidas de emergencia que se exigen? ¿Los lumens de las oficinas y aulas son los adecuados para que empleados públicos y alumnos no se dañen la vista? Basta darse una vuelta por Bellas Artes, el Registro Civil, cualquier escuela pública, el Edificio Azul, las oficinas del edificio de Correo para evidenciar que, como aseveramos, la vara del Estado es muy desigual dependiendo a quien inspecciones. Y el tema en este caso no es que el Estado se ahorra plata que el privado tiene que gastar permanentemente para que no lo clausuren: el tema es que en esta diferencia de tratamiento se va la vida de la gente. La fatalidad puede existir, pero ciertamente tiene más probabilidad que le llegue a quien trabaja para el Estado que quien trabaja para un privado.

Volviendo en particular sobre la educación pública, muchas veces circunscripta en la queja al salario docente que es bajo, claramente, hay que decir también que el Estado tiene en la cuestión de la infraestructura una deuda social de gran porte. Porque hay aulas que hace décadas no ven una gota de pintura, muchos no tienen cómo calefaccionarse con las heladas de las mañanas, algunos tienen baños que pierden, las conexiones eléctricas son antiguas y peligrosas, están todas a la vista y por milagro no pasan más accidentes. Y los consejos escolares, cuando son responsables, hacen lo que pueden frente a estos problemas y cuando son irresponsables actúan como en Moreno, van, miran que hay un problema y se van. Y al día siguiente tenemos una tragedia.

Tenemos muchas cosas que cambiar en la Argentina, eso lo sabemos, pero a medida que van surgiendo cosas, como la que nos ocupa, nos vamos dando cuenta de cuánto camino nos falta para llegar a tener un país normal.