Los chicos que trabajan
En nuestro país el trabajo infantil está prohibido y constituye un delito penal. Sin embargo, el problema sigue presente y afecta a niños, niñas y adolescentes de las familias más vulnerables, especialmente a aquellos a los que, por diversas razones, no llegan las políticas de protección social. Según la oficina...

En nuestro país el trabajo infantil está prohibido y constituye un delito penal. Sin embargo, el problema sigue presente y afecta a niños, niñas y adolescentes de las familias más vulnerables, especialmente a aquellos a los que, por diversas razones, no llegan las políticas de protección social. Según la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los menores que reciben la Asignación Universal por Hijo tienen menos probabilidades de ingresar al mercado laboral en forma temprana.
Cada vez que se aborda este complejo asunto se habla de la necesidad de poner en contexto la problemática. Es que existe una estrecha relación entre el acceso prematuro al mercado laboral y las condiciones sociales y económicas desfavorables en la que viven los chicos que trabajan. Vale recordar que se considera trabajo infantil a toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas, niños y adolescentes, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, que en nuestro país es de 16 años, según lo establecido por la ley nacional 26390.
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Está comprobado que el problema afecta a grupos familiares en situación de vulnerabilidad y con marcadas desventajas en lo social, cultural o económico. Es en ese contexto donde los adultos responsables de la crianza naturalizan el trabajo infantil. No es un secreto que el hecho de pasar la mayor parte de la vida padeciendo todo tipo de desventajas lleva a las personas a considerar al trabajo prematuro como algo natural o una fatalidad del destino. Los estudiosos de esta problemática coinciden en señalar, por un lado, que el trabajo infantil constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos de los más pequeños y, por otra parte, acuerdan en que el número de niños, niñas y adolescentes que empezaron a trabajar aumentó durante la pandemia debido, básicamente, a que los ingresos familiares sufrieron una fuerte disminución.
La sociedad debe tomar conciencia de este drama, ya que el trabajo en las edades no permitidas por la ley se traduce, en la gran mayoría de los casos, en un abandono prematuro de los estudios por parte de los chicos y, además, los expone a daños físicos y psicológicos que los acompañarán en su vida adulta. Los niños, niñas y adolescentes deben vivir su infancia en plenitud y por eso se debe garantizar su educación. Cabe recordar que la Argentina asumió el compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de llegar al año 2030 con la erradicación total del trabajo infantil. De ahí que el compromiso de gobiernos y de toda la sociedad sea clave en la tarea de erradicar este flagelo. Los organismos estatales con competencia en la materia, en tanto, deben velar para que no se vulneren los derechos de los más chicos, recordando que los mayores esfuerzos deben estar orientados a los sectores más vulnerables de la población, que es, como se dijo, donde se registran los mayores índices de abandono escolar por el ingreso temprano al mercado laboral.
Los niños, las niñas y los adolescentes necesitan protección, aunque algunos requieren una mayor contención debido a la vulnerabilidad que viven por pertenecer a familias que sufren privaciones materiales, especialmente en estos tiempos difíciles de la economía.
Es importante tener presente que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ninguna tarea o actividad realizada por un niño debe interferir en su escolaridad, ya sea por privarlo de asistir a las clases, obligarlo a abandonar anticipadamente las aulas o exigir combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. Tampoco debe afectar su tiempo de juego y de descanso, ni debe ser peligroso y perjudicial para su bienestar físico, mental o moral.
Es importante dejar en claro que el trabajo infantil vulnera los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. A su vez, sus efectos negativos se perciben en términos sociales, de salud, económicos y de desarrollo humano a lo largo del ciclo de vida de la persona que se ve obligada a ingresar en forma temprana al mundo laboral.
Como bien señala la OIT, se debe promover el diálogo social y la cooperación para encontrar urgentes soluciones a este grave problema, que requiere de medidas de protección social, más y mejor educación, fortalecimiento de la inspección laboral y trabajo decente para los adultos que tienen a su cargo la crianza de los niños.












