Libertad de prensa, ese bien que debemos honrar con responsabilidad

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.)

Hoy se cumplen 18 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarase el día 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconociendo que “una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.

En este tiempo, los avatares que han acontecido han cambiado el mapa mundial geográficamente, pero en muy poco democráticamente, pues las libertades siguen coartadas en una gran parte de los países que conforman el planeta y, precisamente, en la mayoría de los países del continente africano, donde ha tenido origen tan necesaria declaración, los derechos humanos son deplorables y los de la libertad de expresión, dejan mucho que desear.

En los países en conflicto, por presiones religiosas o políticas, los periodistas naturales del país y que ejercen en los medios locales o nacionales, en su mayoría, no pueden ser independientes y, por tanto, portadores o denunciantes ante el mundo de la verdad de cuanto sucede en el día a día en su entorno y su trabajo.

En el lado opuesto, tenemos a los que por denunciar las tropelías que sufre el mundo se juegan la vida, la que en muchos casos pierden por hacer honor a la verdad y la justicia.

No debemos olvidar que la libertad de prensa es tal según la ética, la responsabilidad e independencia que quien la ejerza posea, pues en muchos y tristes casos lo que hacen, acogiéndose a esa libertad, es sembrar la discordia y el enfrentamiento,  cuando no la difamación a partir de valerse de la credibilidad ganada por otros antes. De más está decir que la validación que da la publicación de una declaración o un hecho en un medio de prestigio es un arma muy potente  que fácilmente puede ser usada para el mal. Pensemos por un momento el daño que estas páginas pueden provocar en un convecino si publicáramos que ha cometido un acto impropio, de cualquier índole, previo a que la Justicia se expida sobre la veracidad de los hechos que otro convecino lo acusa. Esa persona “muere” en vida con esa lapidación pública y de nada le valerá una exoneración judicial posterior. Desde este caso extremo a las jugarretas diarias de la política, el rol ético del medio como custodio de la libertad de prensa es fundamental; de su responsabilidad y su ética dependerá gran parte del desarrollo de una sociedad: si vivimos en la verdad o en la mentira, en la visión plural o en la sesgada por algún interés, si como sociedad respetamos los tiempos de la Justicia o por el contrario condenamos antes, prescindiendo de su saber e imparcialidad.

En pocas palabras, en nombre de la libertad de expresión no se puede decir cualquier cosa. Esto debe quedarnos claro como sociedad, no solo a los medios de comunicación.

Con más de 200 años, aquella consigna de mayo de 1810, “el pueblo quiere saber de qué se trata”, tiene vigencia y debe ser honrada. En el nacimiento de nuestra Nación fue una síntesis precursora de lo que es ahora, como derecho a la información, una de las condiciones necesarias e inherentes a las democracias republicanas contemporáneas. Solo que cuando hoy decimos que “el pueblo quiere saber de qué se trata”, ya no tiene tanto que ver con la imposibilidad de acceder a información, ya que ella hoy abunda, sino a la labor del periodismo de acercar los datos “limpios” a la gente, es decir desprovistos de intencionalidad o incluso desnudando  intenciones que puedan haber tras ellos.

Hemos dicho muchas veces desde esta columna editorial -y lo seguiremos diciendo- que sin un periodismo independiente, comprometido con la misión de informar con rigor y veracidad y de opinar sin cortapisas ni limitaciones, ningún pueblo puede avanzar hacia la consolidación de sus instituciones libres y democráticas. Así como el Estado de Derecho garantiza el respeto irrestricto a los derechos individuales y a la dignidad de la persona humana, la prensa libre es el gran instrumento que posibilita el progreso de las ideas y el análisis crítico de la realidad en un amplio y gratificante contexto de libertad.

Cuando en los Siglos XVIII y XIX se organizaron las naciones modernas, los pueblos más identificados con el humanismo comprendieron que para garantizar sociedades libres y nunca más volver a estructuras déspotas y feudales era necesario que las estructuras de un Estado representativo y democrático se sustentaran en  la división de los poderes. Pero no bastaba con ello ni con ese último control que es el poder del voto ciudadano. Así lo demostraría la experiencia universal: ese control era en muchos casos insuficiente. Dada la frecuente subordinación de los parlamentos al Poder Ejecutivo y el efecto distorsivo de la política clientelista y prebendaria sobre vastos sectores de la población, especialmente sobre los más desprotegidos, se hace evidente que la sociedad debe contar, con un amplio abanico de fuentes informativa, a fin de que los poderosos de turno -políticos, empresarios, sindicalistas o los que fueren- no se beneficien discrecionalmente con un manejo corrupto e interesado del mensaje y de las propias prácticas políticas.

Para que eso sea posible, todo país debe contar con un elemento independiente, ajeno a las estructuras del Estado, destinado a posibilitar que los ciudadanos se mantengan informados permanentemente sobre los hechos de interés general y cuenten así con las herramientas para ejercer un auténtico control sobre los representantes del poder público. Ese elemento es el medio de comunicación independiente, no cualquier medio de comunicación. Y para poder lograr ese estatus lo indispensable es que haya en el país libertad de empresa. Sin libertad de empresa no hay libertad de prensa. Y a su vez, para que una empresa sea libre, no debe estar condicionada al Estado para sus subsistencia, algo que por estos días es muy difícil de lograr en virtud que los anunciantes privados (empresas y particulares) están dando la espalda a los medios de comunicación, esos mismos a los que luego buscan para servirse de su llegada y credibilidad.

Completar el sistema republicano ha sido históricamente la misión del periodismo independiente, en la medida en que viene a darles a los hombres de a pie la posibilidad de examinar y evaluar, con libertad y espíritu crítico, la marcha de las actividades políticas e institucionales y a impulsar, así, la renovación permanente y auténtica de las estructuras del sistema democrático.

¿Podrían los ciudadanos ejercer ese derecho a la información sin los medios de comunicación masiva y, por lo tanto, sin el trabajo de los periodistas? Está claro que no. Por eso, los grandes diarios no tardaron en incorporarse, históricamente, a la órbita cultural de las naciones democráticas y hasta se llegó a denominar al periodismo, en algunos casos, el “cuarto poder”, como si le correspondiera un rol “complementario” respecto de los tres poderes clásicos del Estado. Pero el periodismo independiente no es un poder ni aspira a serlo en ninguna circunstancia. El periodismo es, simplemente, una expresión de libertad nacida del seno de la propia sociedad y abierta a la búsqueda de la verdad.

Sea como sea, la experiencia internacional enseña que allí donde el periodismo independiente encuentra dificultades para desenvolver plenamente su actividad, allí donde la información es regulada u obstaculizada con malas artes por quienes ejercen el poder político, se va consolidando, tarde o temprano, un sistema de opresión inconciliable con el respeto a los derechos individuales y a las libertades públicas. Quien observe con atención el escenario político de las distintas naciones advertirá que ese diagnóstico es infalible: donde no existe un periodismo independiente, muy pronto sienta sus reales una opresiva dictadura. La libertad de prensa o de información es la primera que los gobiernos autoritarios suprimen o destruyen cuando aspiran a instalar un régimen en el que no existan ciudadanos libres sino súbditos sometidos a una estructura de poder totalitaria o despótica.

Una sociedad que vea restringido su derecho a la información por las limitaciones -sofisticadas, sutiles o brutales- que eventualmente se apliquen al periodismo quedará en buena medida cegada ante la opacidad con que los ocupantes del poder rodean o encubren sus actos, especialmente aquellos que afectan al bien común.