Ley y criterio: el arte de juzgar

En la provincia de Buenos Aires, cada 54 horas muere una persona durante un episodio de inseguridad. Hablamos de 114 fallecidos en intentos de robo que terminan con extrema violencia. Los datos que recopiló hace un mes Clarín, en este caso, muestran que el Conurbano sigue siendo la zona más activa del país en cuando a delitos graves.

En Pergamino, no tenemos el mismo relevamiento, sin embargo basta seguir las tapas del Diario para comprobar que todos los días se cometen delitos, más de uno cada 24 horas. Robos, arrebatos, motochorros, entraderas, en casi todos los casos con armas de fuego. Son los que penalmente se denominan robos calificados. Fuera de esta estadística dejamos temas puntuales como grescas callejeras entre bandas delictivas y vecinos y el Hospital San José, que se ha convertido en un escenario de tiroteos, ataques a profesionales y enfermeras. Un verdadero despropósito.

Y nos preguntamos ¿cómo de mal estaremos haciendo las cosas para que un menor que comienza robándose una manzana, termina siendo un adulto asesino?

Nadie nace asesino, esto es claro, sin embargo las condiciones de vida, la falta de ejemplos, la deficiencias del sistema educativo y sobre todo este modus operandi de “prueba y error” que lleva adelante la Justicia, recrea un clima de impunidad por cuanto la comisión de un delito no importa indefectiblemente -como debería ser- una consecuencia, un costo a saldar con las víctimas y las sociedad. Como sucede en muchos otros ámbitos de la vida en Argentina, que se ha ido desvaneciendo la meritocracia y da lo mismo hacerlo mal, más o menos o bien, porque el resultado no varía (conducta impositiva, al volante, en la escuela), se ha ido perdiendo también en la relación entre el hampa y la Justicia una vara de relatividad. Así, salir hoy a las calles, con un arma y dispuesto a robar, implica para el delincuente el riesgo cierto de morir en el intento pero con altas posibilidades de quedar en libertad ante una eventual captura. De modo que a medida que va “zafando”, va escalando en sus pretenciones hasta convertirse en un delincuente con difícil retorno, con frondosos antecedentes y dispuesto a matar. Es como aquella imagen tantas veces repetidas del árbol que va creciendo torcido porque nadie le pone un tutor que lo enderece: llega un momento en que ya se torció de manera irreversible y su robustez no permite un redireccionamiento.

Los duros casos de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires durante el 2016,  llevaron al ministro de Seguridad Cristian Ritondo a poner sobre la mesa un tema urticante: “la puerta giratoria” y a las fiscalías y los juzgados de Garantía como una de las partes que agudizan al flagelo que sufren los bonaerense y que se ha cobrado varias vidas a lo largo del año.

“La provincia de Buenos Aires tiene un grave problema en la inseguridad. La puerta giratoria funciona de esta forma: muchas veces, mientras el vecino hace la denuncia, la fiscalía ya le da la libertad al delincuente. Ese es un problema para el funcionamiento de la Policía y para la seguridad de los vecinos”, dijo Ritondo con total claridad.

Lamentablemente debemos coincidir con el ministro, la Justicia debe trabajar para que los ladrones estén presos porque la realidad es que entran a la Comisaría, salen rápidamente y terminan reincidiendo, como estamos cansados de ver. Y esto también redunda en la eficacia y en el ánimo de la Policía, porque están varias veces en el año persiguiendo a los mismos sujetos para ver luego cómo su trabajo no tiene el correlato en la Justicia. Realmente han de plantearse para qué ir tras ellos una vez más. 

El proceso de inversiones, equipamiento y capacitación de la Policía, es una pata de la mesa de la inseguridad y en buena hora que el Gobierno provincial se ocupe, pero si la Justicia no va a ponerse los pantalones largos, la situación no va a mejorar sólo con la saturación de policías en las calles. Porque los mismos ladrones saben que aunque los detengan, a poco de andar, están de nuevo en la calle robando.

No estamos diciendo que los jueces y puntualmente los de Garantías no estén haciendo su trabajo acorde manda la ley. Seguramente en cada caso que optan por conceder algún grado de libertad condicionada o excarcelación, lo hacen siguiendo las condiciones estipuladas. Pero sucede que cada norma, además de la fría letra, conlleva un espíritu y otorga un margen de discrecionalidad al magistrado, confiando a su criterio y al conocimiento que él tiene del caso y de los implicados, la decisión última sobre qué medidas preventivas aplicar hasta tanto se sustancie un juicio y se expida el juez.   

La generalidad con que se redactan las leyes y los cambios que se van dando en la sociedad sin que estas sean modificadas para adaptarse a nuevas realidades hacen extremadamente necesario que los jueces sean criteriosos más que cultores de los códigos.

Es en este punto del ejercicio de la discrecionalidad donde puede hacerse la diferencia que no se está haciendo.

Todas las demás medidas concernientes a mejorar los índices de inseguridad que se están implementando, ya sea operativas o de infraestructura, tardarán años en mostrar resultados. Mientras tanto, lo que puede aportar mayor seguridad, es la labor que hagan los magistrados con cada caso que llega a sus manos, con cada delincuente que aprehende la Policía. En ciudades del porte de Pergamino es notorio cómo baja o sube la cantidad de hechos según tales o cuales sujetos (altamente reincidentes) se encuentran en libertad o bajo custodia.  

La reincidencia es el mejor índice para ilustrar que  la discrecionalidad de nuestros jueces de Garantías está alejada de la realidad ciudadana. Son los mismos, siempre, que entran y salen. Si ante una salida vuelve al delito, debiera ser suficiente para no conceder este beneficio por segunda vez.

Al hacer prevalecer garantías de proceso por sobre la peligrosidad de los delitos que se puedan cometer a futuro, cuando ya se tienen los antecedentes que así lo indican, es también un estimulante de la impunidad. 

Los magistrados suelen decir que “querer no es poder”. Si el motivo por el cual un juez de Garantías deja en libertad a quien ha delinquido fuertemente (reincidente, con uso de armas) no es interpretativo sino operativo, es decir que lo manda a su casa porque no tiene dónde alojarlo, es otra cuestión, no menos preocupante. Si la problemática es la falta de cárceles para adultos o de institutos para menores, que sabemos que es un tema que viene colapsando desde hace años en la Argentina, la Justicia debe decirlo con toda claridad. Y el Poder Ejecutivo con el acompañamiento de la sociedad (basta de aquello de que no quiero delincuencia pero tampoco una cárcel en mi barrio), deberá buscar la solución a este problema. Siempre será mejor que utilizar la excusa –aunque sea cierta- de que la ley lo permite, para dejar en libertad a quienes en definitiva no purgan condena y ese tiempo que están afuera lo usan para seguir delinquiendo a costa de nuestra vida, nuestra tranquilidad y nuestros bienes.

Y si la problemática es jurídica, es decir que haría falta un endurecimiento en las normas procedimentales, también la Justicia debería plantearlo para que, en este caso, el Poder Legislativo donde por otra parte la mayoría son abogados, se pusiesen a trabajar en concreto para evitar la rápida salida de los delincuentes. 

La sociedad muta, y la leyes siempre van varios pasos detrás de esos cambios. Por eso la discrecionalidad de los jueces es vital, pero mientras tanto se tienen que ir aggiornando los códigos.

En definitiva lo que estamos diciendo es que no queremos más atajos, sino tratar de encontrar las soluciones que nos traigan algo de tranquilidad frente al delito. Una batalla que desde hace años venimos perdiendo y es así como la inseguridad, la droga y la violencia que todo esto trae consigo se ha enseñoreado en la provincia, como en el resto del país.

En Pergamino, que no es una isla, los vecinos estamos preocupados, en los distintos sectores se conocen los nombres de muchos de los que vienen cometiendo delitos y los han visto ingresar y salir muchas veces de los calabozos de la Comisaría. De este modo, al tiempo que los cacos se creen impunes, el resto de los vecinos se siente con las manos atadas, al punto que muchos no quieren denunciar los robos que padecen y menos aun si conocen o sospechan quién lo realizó. En definitiva, piensan, el delincuente va a salir enseguida y al fin temen padecer consecuencias.

Es muy difícil enfrentar un espiral de inseguridad cuando no se siente el imperio de la ley, cuando se está seguro de que el castigo puede no llegar nunca. Ese imperio va de la mano de la discrecionalidad de los jueces, que son los que pueden hacer que una norma escrita en fría letra cobre una vida acorde a la realidad. 

Tenemos expectativas en que se generará una corriente de conciencia judicial que nos permita mejorar, en uno de los temas que nos quita el sueño.

En los jueces de Garantías, en su criterio, están las mejoras más próximas que podremos ver. Para ello, deben darse un baño de realidad y poner su discrecionalidad al servicio de la sociedad en su conjunto.