Ley de semillas: los puntos más conflictivos de un debate que sigue abierto y genera muchas polémicas

En octubre  el oficialismo presentó en el Congreso un proyecto de modificación del marco legal de semillas (Ley 20.247), que busca ponerle fin a una discusión que comenzó hace años y que se hizo conocida a través de una campaña en contra de la que fue denominada como “Ley Monsanto”.

DE LA REDACCION. En dos jornadas que se llevaron a cabo durante el mes pasado, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación abrió un espacio para que representantes de la industria y organizaciones civiles, gubernamentales y agrarias pudieran exponer sus propuestas, preocupaciones y apreciaciones sobre esta problemática.

El resultado fue la participación de más de treinta expositores y la presentación de al menos seis proyectos de ley, aunque no se llegó a ninguna resolución y la nueva legislación deberá seguir esperando hasta el próximo año para ser tratada. Entre los puntos más conflictivos se destacan el derecho de obtentor –de conservar las semillas para uso propio, que actualmente está permitido y se quiere limitar–, el pago de la tecnología incluida en las semilllas, el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase) como organismo de control y con capacidad para sancionar ante el incumplimiento de la ley, y si se tratará de una ley de orden público o no.

Intacta

“Hoy no lo es, por eso puede haber contratos entre privados que están por fuera de la ley, como los de Monsanto por la Intacta RR2, que incluye las regalías extendidas que no contempla la ley”, ejemplifica Tamara Perelmuter, que participó en las presentaciones en representación de la Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas, y detalla que, tanto el proyecto del Gobierno como el que presentó la Federación Agraria Argentina (FAA), plantean el orden público, mientras que el de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) no lo dice, “pero en sus intervenciones, al igual que Singenta, ArPOV (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y entidades más duras del agronegocio, argumentaron expresamente a favor de que la ley no sea de orden público y que puedan existir contratos entre privados que contemplen cosas que la ley no, como las regalías extendidas”, dice. Esto implicaría la obligación de seguir pagando el derecho de propiedad intelectual que se replica en la semilla cosechada.

Pioneros 

Actualmente, la Argentina cuenta con una normativa de semillas pionera en Sudamérica, que se caracteriza por resguardar la figura del fitomejorador y permitir la reutilización de la semilla producida. Fue promulgada en el año 1973, cuando las semillas que se cultivaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había permitido agregar bacterias o genes de otros organismos dentro de ellas. Pero, con los avances de la biotecnología y la adopción de cultivos transgénicos en el país, sobre todo a partir de 1996, la conformación agraria cambió por completo. “Cuando se promulgó la ley, el 75 % de lo que se sembraba en la Argentina eran híbridos y el resto autógamas, solo de trigo, ya que no había soja. Hoy, tenemos un patrón completamente al revés: prácticamente, el 75 % de lo que se siembra es semilla autógama, básicamente de soja y trigo, y el resto son híbridos”, detalla Miguel Rapela, director ejecutivo de ASA y de ArPOV, y agrega que “esto ha hecho que esta ley empezara a mostrar muchas fisuras con respecto al manejo de la situación”.

Por eso, muchos consideran que es necesario actualizar la ley y por eso también el tema de la conservación de semillas para uso propio es uno de los puntos mas controvertidos en este debate. “Entendemos que el uso propio tiene que ser un derecho y no una excepción, tiene que ser libre y de manera gratuita”, sostiene Perelmuter y subraya que “la contracara de esto tiene que ver con la persecución a los productores, y eso es un problema: hay muchos ejemplos en Colombia, Estados Unidos y Canadá en los que la criminalización y la persecución a los productores ha sido muy grave”.

Patrimonio

Esta consideración también se ajusta a la concepción que tienen en el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (Mnci -VC), para quienes las semillas son “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, puesto que “son el fruto de miles de años de desarrollo de nuestros pueblos, siempre han estado en manos de productores, campesinos e indígenas y son el primer eslabón de la producción de alimentos. No puede subordinarse la soberanía alimentaria, productiva y económica de nuestros países en pos de intereses económicos, que es el fondo de las discusiones actuales sobre los proyectos para una nueva ley de semillas”.

Los proyectos presentados, según Rapela, si bien contienen diferencias en cuanto a los parámetros y el modo de aplicación, “todos establecen que tiene que haber algún tipo de equilibrio a favor del obtentor y que se pague algo por la reproducción de una semilla protegida. En eso hay coincidencia total”.

Para Perelmuter –investigadora y docente de Sociología Rural– “la ley actual ya plantea problemas, porque estamos discutiendo la posibilidad de apropiación de las semillas. Ahora permite el uso propio, y en este contexto entendemos que lo mejor es que la ley no se modifique”. Y sostiene que la discusión también debería considerar la posibilidad de establecer “una ley de semillas que tenga que ver con otro modelo agrario”. Además, recuerda que, desde 2014, existe una Ley de Agricultura Familiar que todavía espera ser reglamentada y que se le asigne presupuesto, “que plantea justamente la discusión de las semillas nativas y criollas, que no están excluidas de la ley pero tampoco se las menciona en el debate. También planteamos la discusión sobre lo público y lo privado y la necesidad de volver a discutir cómo reforzar la investigación y producción pública de semillas”.

Rapela detalla que el principal obtentor de variedades vegetales en Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con 1.015 variedades inscriptas, seguido por Nidera, con 601 (casi la mitad) y por Singenta, Monsanto y Don Mario. “Entre los cinco primeros tenemos una empresa 100 % argentina y la principal institución de investigación pública. No es una ley para la industria privada, sino que abarca todo. Parece un sinsentido que el Estado, por un lado, subvencione la investigación de organismos como el Inta, y, al mismo tiempo, no le otorgue protección a las invenciones que realiza”.

“El 75 % de lo que se siembra es semilla autógama, básicamente de soja y trigo, y el resto son híbridos”, dice Miguel Rapela, director ejecutivo de ASA y de ArPOV.

Inventos

El actual marco legal sobre patentes establece que solo pueden registrarse con ese título de propiedad intelectual aquellos desarrollos que sean “inventos”.  Por eso, tras los avances en biotecnología, algunas semillas pueden incluir “eventos tecnológicos” que son pasibles de ser patentados. En la Argentina, la Ley de Patentes es de 1994 y rige para cualquier tipo de invento. Dos años más tarde, en 1996, ingresaron al país las primeras semillas de soja transgénica.

Así, se generó la convivencia de dos regulaciones contrapuestas: para patentes y para semillas. La primera restringe el acceso a estos bienes mientras que la segunda respeta el derecho del obtentor y de los investigadores que quieran estudiarlas o trabajar con ellas.

Pérdidas

El Dr. Gastón Fernández Palma, expresidente de Aapresid y de Maizar brindó su postura en relación a la necesidad de modificar la actual Ley de Semillas e invitó a reflexionar sobre la relevancia de este debate para permitir consolidar e incrementar la productividad del sector.

Fernández Palma señaló que “la agricultura sustentable de alta producción no es gratuita, sino que es una serie compleja de medidas, que se deben implementar todas juntas para tener buenas prácticas agrícolas. Dentro de ello, uno de los problemas graves que tiene la agricultura sustentable de alta producción en este momento en el país, es la tolerancia y la resistencia de las malezas. Y esto no se produce por una reacción perversa del hombre ni por existir un maleficio contra nuestro país, sino que se da por una serie de errores como la falta de rotación de cultivos, a lo que nos llevó doce años de un gobierno que prácticamente nos obligó a sembrar soja, y a evitar este tipo de práctica o evitar la rotación de los productos químicos para controlar las malezas. Obviamente también hay que reconocer que no hay duda de que también los productores nos hemos sentido muy cómodos con cultivos donde solamente aplicar un herbicida tradicional en la agricultura era fácil, pero eso se terminó”. 

Fernández Palma indicó que existe un trabajo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desarrollado por la cátedra de Agronegocios, donde se calcula que hay más o menos por pérdida de rendimiento de las malezas tolerantes y resistentes, 7 mil millones de dólares. 

“Si a eso le sumamos que hay hoy, con un costo de 150 dólares por hectárea, sea en campo propio o arrendado que se agrega al costo, estamos prácticamente trabajando sobre 3.000 millones de dólares de herbicidas más que estamos poniendo. Lo cual equivale a 10 mil millones de dólares que es una cifra bastante importante. Dentro de este mecanismo de selección natural de la resistencia, de los errores que nosotros tenemos, la mala praxis, entre otros, uno de los elementos más importantes es la llegada de nuevos eventos biotecnológicos, que permitan hacer menor uso de insumos y llegar a una cosecha con un cultivo más o menos limpio” sostuvo el profesional. 

Puntualmente con la soja creo que vamos a perder el tren de semillas que ya van a estar disponible para los productores norteamericanos, canadienses, brasileños, para los paraguayos incluso que van a disponer de semillas con mayor componente tecnológico que le permite tolerancia a cientos de herbicidas como es el caso del dicamba y el 2-4D que van a ayudar junto con las otras buenas prácticas agrícolas a tratar de minimizar el problema de las malezas resistentes.  Fernández Palma destacó en principio que no deberíamos calificar quizás si se trata de un gran, mediano o pequeño negocio, sino que en pocas palabras “es un negocio”. 

Al respecto señaló que “en el mundo capitalista en el que vivimos, los negocios se hacen para generar rentabilidad. Todos lo usan con ese concepto y en todo el mundo existen reglas de juego, que se respetan estos principios que hacen a la propiedad intelectual. Y ésta no es solamente aquella en la cual el productor paga una vez en una semilla y cree que con eso pagó todo. También hay una ley de patentes que hay que respetar, hay que trabajar sobre el gen, la variedad, incluso hay que trabajar sobre la semilla en conjunto”.