Latinoamérica atravesada por el mismo fenómeno

Mirando el mapa de Latinoamérica, su destino, su historia y su proyección, con sus diferencias culturales, hay un aspecto que la atraviesa como una filosa daga: la corrupción. Queda claro con un simple pantallazo por los 300 años de historia común desde que comenzaron a organizarse los Estados que no se trata de una cuestión de personas sino que es la estructura de estos Estados la que es permeable a todo tipo de desmanejos. Cualquiera sea el gobernante de turno, están dadas las condiciones legales y jurídicas para que la corrupción se desarrolle. 

No es menor que estos países, entre los que se encuentra la Argentina estén eternamente en vías de desarrollo y nunca terminen de acercarse a la meta. Al fin, siempre es la estructura ya corrupta de las naciones la que no permite que se pueda salir de una trampa que no hace más que mantener altos niveles de pobreza, enormes desigualdades y escasas esperanzas en el futuro.

Un caso interesante, porque atraviesa a casi todos los países de América Latina y el Caribe, es Odebrecht y los 3.500 millones de dólares que distribuyó a los países donde fue acusada de corrupción, que no son todos como veremos en detalle.

El accionar de la constructora brasilera en 10 países mostró cómo las principales economías de la región se vieron (menos Chile) expuestas a una trama millonaria de sobornos.

El problema, en este caso, no es solo que funcionarios se lleven literalmente los países en los bolsillos, sino la percepción internacional de corrupción que se exhibe y que hace que quienes pretendan invertir sepan de antemano que todo se trata del dinero que tengan para repartir más que de la seguridad jurídica de una nación y sus ventajas comparativas. Y como toda regla tiene su excepción, en esta Latinoamérica de raíz corrupta aparece Chile, que en este último tiempo, a pesar de no gozar de las ventajas comparativas de Argentina, recibe mucha más inversión que nuestro país. Es decir que la corrupción nos daña en el presente y a futuro.

Venezuela ocupa el segundo lugar mundial en percepción de corrupción por lo que no es una sorpresa que una empresa brasilera haya repartido sobornos por 98 millones de dólares. No es extraño que una nación que, desgraciadamente, ya ni democracia tiene y donde la vida nada parece valer, la corrupción reine. 

El caso de Brasil que es donde estalló este escándalo que terminó involucrando a toda Latinoamérica con 3.500 millones de dólares en sobornos a lo largo de ocho años, entre 2006 y 2014, es el único donde se están llevando a cabo acciones judiciales concretas. Y esto tiene que ver con la existencia en ese país de leyes, como la delación premiada, que facilita el desentramado de actividades que siempre están cubiertas por el poder político e incluso tienen ribetes de legalidad, lo que complica desenmascararlas. Tal el caso en nuestro país con las operatorias a través de alquileres de habitaciones de hoteles, algo que es lícito y que pasaría como normal en cualquier balance sino aparece alguien que revele la estructura subterránea detrás de esta actividad.

En Brasil, las revelaciones y las investigaciones surgidas tras las declaraciones de “los arrepentidos” del sector privado le costaron la presidencia a Dilma Rou-sseff, está muy comprometido el exmandatario Lula Da Silva y toda la política es parte de esta mancha enorme que ha salpicado a todos los partidos.  

Otro de los países con mayor percepción de corrupción es México, donde hay muchas derivaciones del caso Odebrecht pero que solo quedan en la prensa, porque la Justicia no parece reaccionar ante los escándalos de sobornos. No muy distinto de lo que sucede en nuestro país. Es que, como decíamos al principio, nuestros países de América Latina tienen un problema que es estructural: sus leyes. Por eso, de una forma u otra, todas las figuras que han ejercido el poder han cometido hechos de corrupción sin mayores complicaciones ni consecuencias. De ahí tanta reticencia y chicaneo en estos días en el Congreso para activar una ley tan imperiosa como la de responsabilidad penal empresaria. Al ver lo que sucedió en Brasil, advierten que el Estado tal como lo conocían y concebían, cambiará drásticamente.

En diciembre de 2016 la justicia brasileña encarceló al empresario Marcelo Odebrecht, quien se declaró culpable de haber obtenido obras bajo sobornos en 10 países latinoamericanos, lo que le valió 19 años de condena a prisión. Tras de él, sus subalternos comenzaron a acogerse a la figura de delación premiada para morigerar el peso de la pena y fue así que se termina por destapar la enorme corrupción de la región. El Lava Jato terminó por arrasar con la clase política brasileña y buena parte de los empresarios. Así de relevante es contar con la legislación apropiada para atacar la corrupción, que generalmente se la combate “de palabra” y con casos testigo que terminan siendo “perejiles” o chivos expiatorios. 

En República Dominicana Odebrecht no solo sobornaba sino que ya directamente influía en el presupuesto nacional y en la aprobación de los proyectos. Un caso de corrupción tan extrema que, al fin, podemos considerar que deja de existir el Estado tal como lo conocemos, para transformarse en una factoría de una gran empresa. Los funcionarios se embolsaron 92 millones en cuatro años y la empresa se llevó 163 millones en obras.

En Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala también sucedió lo mismo, tal como lo afirmó ante la Justicia la propia empresa, acorralada por la Justicia brasileña.

La Argentina ocupa el quinto lugar entre los países que recibieron sobornos de Odebrecht, con más de 35 millones de dólares, para tres proyectos por los que ganó 278 millones de dólares. Evidentemente, la empresa hacía muy bien sus cuentas, los funcionarios se llevaron su buena tajada y ellos se quedaban con las obras más importantes y con los mayores costos que se generaban. Tampoco en nuestro país parece haber demasiado interés judicial en este escándalo de sobornos generalizados, encontrando todo tipo de subterfugios para no ingresar de lleno a un problema que puede salpicar al Gobierno anterior, parte del actual y parte del empresariado. Porque la gigante brasileña, en cada obra, tenía siempre socios argentinos.

Esta breve y seguramente incompleta reseña de un caso de corrupción que es interesante porque, como decimos, atraviesa toda América Latina y el Caribe, muestra el síntoma más agudo de la enfermedad que padecemos todos los países de la región: la estructura corrupta, anidada desde hace ya centurias en cada una de las naciones, tan entremezclada en el tejido del Estado que erradicarla se hace cada vez más difícil.

En Latinoamérica ha habido corrupción de parte de los partidos políticos, incluso de gobiernos de facto, y bajo todas las modalidades. Seguramente en este momento también la hay. Precisamente por ser estructural no se trata de ideologías ni de quién gobierne sino de lograr un cambio de una profundidad meridiana en esta cuestión.

Lo complejo de esta situación es que la corrupción genera desigualdad, privilegios irritantes y terminan por complicar la economía de los países de la región.

Hasta ahora solo Brasil tiene una Justicia que ha reaccionado, el resto de los países está anestesiado contra la corrupción. Quizá porque en el resto de Latinoamérica hemos sido muy tolerantes con este tipo de fenómenos, al punto que ahora que la situación ya pasa de la raya, no tenemos la conciencia formada lo suficiente como para decir basta y nos autoconsolamos bajo el lema “y bueno… todos roban”. 

Necesitamos una Justicia independiente y comprometida para salir de esta trampa, pero también ciudadanos con verdadera vocación de transparencia, que aprendamos a exigir honestidad a nuestros funcionarios. 

De lo contrario el destino es lo que imaginamos, más pobreza y menos futuro como país.