Las fiestas privadas, las responsabilidades primarias y las compartidas

Cuando apenas se habían apagado los ecos de tragedia de la Time Warp en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes, el tema vuelve a las primeras planas por un joven de 20 años asesinado en una fiesta clandestina en Moreno, donde hubo además varios heridos. 

Y sin ver una solución a la vista, se reabrió el debate sobre los controles nocturnos, sobre todo para este tipo de convocatorias, que se repiten en casas y quintas de todos los  distritos bonaerenses, incluido Pergamino, donde también las ha habido, aunque su oferta ha bajado ostensiblemente. Puede deberse a una cuestión estacional, ya que son más propias del verano, o a un cambio en la nocturnidad a raíz del ejercicio de controles más exhaustivos; en pocos meses, cuando suba la temperatura, podremos corroborarlo. Y nos referimos específicamente a la realidad de la provincia de Buenos Aires porque es de la que conocemos sus leyes y sus intersticios, ya que cada provincia tiene su cuadro normativo en cuanto al esparcimiento nocturno.

No nos vamos a referir en esta oportunidad a las denominadas “previas”, que son otro problema que presenta la noche, sino que vamos a focalizarnos en las “fiestas privadas”, entendidas como eventos hasta donde llegan menores de edad especialmente (aunque también mayores), convocados a través de las redes sociales por otros pares que aprovechan un “vacío”, una necesidad insatisfecha, para hacer un negocio clandestino que atenta no solo contra la seguridad de las personas sino que también constituye una competencia desleal para quienes invierten en el esparcimiento y se atienen a todas las obligaciones impositivas y legales para funcionar. Allí, fuera de toda mirada de control, se da el clima propicio para que circule todo lo que está prohibido, desde alcohol entre los menores, hasta drogas y armas. En el caso de “Proyecto XXX”, que terminó en tragedia, la invitación incluía también la consigna de ir “calzado” (“traé tu alcohol, tu droga y tu arma” decía la convocatoria de Facebook). Todo indicaba que la fiesta terminaría mal y eso es lo que sucedió.

La participación de menores en este tipo de fiestas no es de extrañar ya que tienen prohibida la entrada a los boliches nocturnos. Esta normativa persigue el objetivo de que menores no compartan el mismo espacio con mayores, suponiendo que en eso radica el peligro. Sin embargo, es un local debidamente habilitado, aun cuando haya gente de distintas edades, donde la juventud se encuentra más segura. Porque esos establecimientos están controlados, cuentan con las medidas edilicias adecuadas (salidas de emergencia por ejemplo, personal de seguridad en proporción y el alcohol es expedido a quienes están habilitados por la ley para consumirlo. Además, por la dinámica del boliche y el costo de la consumición, las posibilidades del abuso de la sustancia son infinitamente menores.

No hablamos de que todo lo que suceda en un local haga al bienestar de un chico; cualquier cosa peligrosa puede ocurrir allí también. Decimos que los márgenes de riesgos están minimizados porque el rigor de la ley llega hasta allí, no así a una fiesta privada, que se realiza en espacios inapropiados y sin las inspecciones habilitantes.

Desde este punto de vista, y atendiendo a que un chico de 16 años también quiere salir a bailar y no hacerlo junto con los 12, es que quizás es tiempo de considerar si no está resultando peor el remedio que la enfermedad. Porque aquella buena intención de separar a los menores de los mayores y de la venta de alcohol, ha redundado en este engendro peligroso de esparcimiento nocturno que son las fiestas privadas y previas. 

Para los incipientes adolescentes de 13 y 14 años siguen funcionando las clásicas “tertulias” pero de ahí en más, hasta los 18, no podemos como sociedad pretender que el chico se quede en casa viendo TV. Ese vacío fue reemplazado por el descontrol.
En la provincia de Buenos Aires existe un “código de nocturnidad” (dentro de la Ley Nº 14.050), que regula la actividad de boliches y bares, y contempla también los requisitos que deben tener las fiestas privadas, desde habilitación municipal, baños químicos, seguridad y ambulancia, pero la realidad estas fiestas siguen esquivando los controles. Sencillamente no pidiendo la autorización para no verse en la necesidad de cumplir los requisitos y desarrollar el evento sin ningún problema y menores gastos.

En este punto es donde aparece la responsabilidad primaria: los padres. Desde el momento que un chico decide encarar esta organización, es de suponer que ya sea por ofrecer su propiedad o bien para suscribir un alquiler, sus padres deben participar.

De este modo, se convierten en cómplices de lo que a simple vista es una iniciativa empresarial que valoran en su hijo y una solución para el problema de dónde van a bailar, pero que en realidad es una actividad clandestina, un delito, en tanto no se efectivice siguiendo los parámetros que indica la ley para estos eventos.

Luego está la responsabilidad primaria de los otros padres, los que permiten que sus hijos vayan a estas fiestas, a sabiendas pero restando importancia a que no reúnen condiciones de seguridad. Los mismos padres que se horrorizaron con Cromañón y Time Warp y los que aplaudieron que se impongan rigurosos controles sobre los locales nocturnos, son los que luego habilitan que sus hijos concurran a un boliche clandestino disfrazado de fiesta privada, de la que generalmente ni siquiera conocen a los organizadores, mucho menos  saben si el espacio es seguro, si hay personal de vigilancia, si venden alcohol.

Hasta aquí la realidad social que abrió el juego a la realización de las fiestas privadas a las que van menores y la responsabilidad primaria de los padres, tanto sobre su organización como la concurrencia de los chicos.     

Ahora, vayamos a las responsabilidades secundarias y compartidas. El Estado, mediante sus leyes y controles preventivos y de represión del delito, está ausente en este tema, cuando no es cómplice. 

El marco legal para la actividad nocturna de los jóvenes está totalmente divorciado de la realidad, como hemos planteado más arriba y en otras ocasiones. Rever el tema de la concurrencia de menores a boliches es un tema pendiente de nuestros legisladores provinciales. Y ver a los empresarios de la noche como aliados y no demonizarlos es el principio de este camino. Ellos conocen de primera mano lo que puede funcionar. Al fin, en Pergamino tuvimos muchos años de Specktra, con capacidad para más de 8.000 personas, donde lógicamente se contaban menores, y salvo situaciones que se dan habitualmente en los boliches, todo estaba bajo un mayor control. Hoy en día, vistos los últimos hechos, lo mejor que le puede pasar al padre de un menor es que su hijo esté por la noche adentro de una disco. Entre la llamada “ley Duhalde” que puso tope horario a la nocturnidad y la prohibición de entrada para los menores, los boliches dejaron de ser un buen negocio y en consecuencia comenzaron a extinguirse o mutar en peligrosos “híbridos”. Se abandonó la cultura de pagar para entrar y que un trago es algo caro; en cambio, buscaron alternativas gratis y alcoholizarse a costo de supermercado. Nadie quiso pagar más por estar unas escasas horas en el local y todo se desvirtuó, tanto que lo más reciente es que tuvo que imponerse un tope horario inverso: obligarlos a entrar más temprano.

Las redes sociales son la herramienta ideal para la clandestinidad que ameritan estas fiestas pero no son infalibles. La Policía, los inspectores pueden y deben conocer de su realización. Y la sociedad circundante (vecinos de los predios elegidos, padres de invitados, quienes circunstancialmente vean la invitación virtual) debe tomar un rol activo advirtiendo a las autoridades. Estas son las responsabilidades compartidas. 

El tema es qué hace la Policía y los agentes de Inspección cuando cuentan con esta información, porque como parece haber sucedido en Moreno, en muchas localidades, el “arreglo” previo es la moneda corriente. Justamente saber de antemano que se está organizando una fiesta clandestina es lo que permite a funcionarios y policías corruptos, que nunca faltan, hacerse de un dinero extra por parte de los organizadores, a cambio de “no molestar”. De hecho, se presume que es el primer paso para dar marcha con la movida: arreglar con Municipio y Policía antes de siquiera cursar la invitación. Por eso, para anular esta posibilidad, es que es necesario que los vecinos del lugar y otros ciudadanos que lo sepan intervenga, obligando a deshacer esa connivencia o dejándolos en evidencia. 

La sola prohibición de las fiestas, como han decidido algunas ciudades, terminará por no dar resultado, los porteños ahora se van al Conurbano a una fiesta y la tragedia que se evita en un distrito se produce en otro. No se evita el drama, lo que se hace es cambiar la locación del evento. Sucede aquí mismo (y sucedió durante la ley Duhalde) que el peligro se traslada a las rutas porque los chicos se van a hacer a localidades vecinas o de otra provincia lo que aquí no pueden.

Hay quienes consideran que las fiestas privadas deberían estar reguladas por la ley, lo que incluiría desde la notificación con 20 días de antelación al Municipio, la presentación de la documentación de la casa o quinta, hasta los permisos del Registro Unico de Bebidas Alcohólicas (Reba). Paralelamente revisar el Facebook y patrullar el distrito para evitar que se produzcan fiestas privadas sin permiso y control. Estas consideraciones el oficialismo del PRO quiere transformarla en una nueva ley provincial. La que de todas maneras no sabemos si dará el resultado esperado, porque para eludir los controles en vez de “fiesta privada” se va a disfrazar de cumpleaños, casamientos u otro tipo de eventos de carácter familiar, encubriendo la misma realidad. 

Desde el radicalismo y el massismo los legisladores anunciaron que impulsarán audiencias públicas en el interior de la provincia para abordar la problemática y también otorgarle un marco legal. 

Para pensar en una solución hay que buscar una salida a los menores que no pueden ingresar a los boliches pero que igual hacen vida nocturna.

Pero lo principal es que los padres, además de exigir leyes que protejan a sus hijos, no permitan que ellos mismos las incumplan, ya sea ayudándolos a organizar una fiesta privada sin control, dejándolos ir o llevándolos a estas o no denunciando su realización.   El Estado puede y debe buscar una estrategia para resolver la cuestión, pero la realidad es que ante la apatía de la familia, la tarea será titánica.

Veremos si se realiza una audiencia pública como piden parlamentario opositores, o se apoya una nueva ley de controles como planea el oficialismo en nuestra provincia. Lo que realmente debiera tenerse en cuenta es que las estrategias para abordar este problema tan serio no se puede basar únicamente en prohibiciones que, al fin, sabemos de sobra que se encuentran resquicios para violarlas. Pero todo lo que pueda venir del Estado en ningún caso reemplazará la responsabilidad primaria sobre el bienestar de los menores, que será siempre de los padres.