Las denuncias de españoles en la Argentina: ¿se debe intervenir?

La causa se abrió en Buenos Aires en 2010 ante el pedido de investigación de Darío Rivas (94), un español que llegó a la Argentina cuando tenía ocho años y que siete años más tarde se enteró del fusilamiento de su padre en España. Luego las querellas contra los abusos del franquismo en España se fueron sumando y ya son 150 casos de víctimas de la guerra civil y la dictadura los que engrosan el enorme expediente que se tramita en nuestro país.

Ante la imposibilidad de que los represores fueran juzgados allá debido a la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, y sobre todo luego de que Baltasar Garzón fuera procesado por intentarlo, los denunciantes comenzaron a llegar al juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

Para adentrarnos en el tema: Garzón debió dejar la Audiencia Nacional española, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de que el juez Luciano Varela, instructor de la causa contra él, por la investigación de los crímenes del franquismo, dictara siete resoluciones en un día para forzar su suspensión. Fue condenado a 11 años de inhabilitación, poniendo fin a una carrera judicial de 31 años, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, desde donde desarticuló el entramado de ETA, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo, y ordenó la detención del general Augusto Pinochet.  

Es claro que en España, tras la Ley de Amnistía que se votó oportunamente se ha decidido no mirar para atrás, dejando que las víctimas y los represores de la época de Francisco Franco queden en el pasado. Cuestionable puede ser la decisión que asumió el país y sus dirigentes votando la norma que implicaba el olvido del pasado. Pero autocrática y legal al fin.

Traer el tema a la Argentina es un intento de que otro país resuelva lo que España no ha querido resolver, pone en análisis las relaciones de soberanía de los países. Ya que no se trata de pedir una extradición de un delincuente que representa un peligro real y actual para todas las sociedades del mundo (como puede ser un terrorista, violador, narcotraficante o represor en acción), para lo que hay acuerdos internacionales, sino de juzgar a españoles que están en su propio territorio y que allí no se los ha juzgado.

Los querellantes españoles en la Argentina hablan de “una decisión histórica”. Afirman que fueron muchos años sin justicia y varios ya pensaban que nada iba a pasar. Todos están muy agradecidos porque la Argentina ha tomado parte en el caso y ahora esperan a ver qué hace el Gobierno de Mariano Rajoy, que tiene la potestad de acatar o rechazar el pedido de extradición para juzgamiento emitido por Servini de Cubría. 

La abogada Ana Mesutti, una de las apoderadas de las víctimas del franquismo, explica desde España sobre la repercusión que allá tuvo la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría, por la cual pidió la captura con fines de extradición contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas acusados de torturar durante la dictadura.

Cierto es que la Justicia española supo abrirle el camino a la Justicia argentina en este tipo de conflictos por el juicio que llevó adelante Baltasar Garzón al represor argentino Adolfo Scilingo. Una intromisión discutible también. 

Las órdenes de detención dictadas a través de Interpol afectan a Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan González Pacheco, alias “Billy el Niño”, todos rondando los 70 años. Los cuatro fueron símbolos de la represión durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y aparecen acusados en decenas de casos.

Cuando se inició la causa en nuestro país en 2010, el fiscal Federico Delgado pidió que la investigación fuera desestimada “porque los tribunales españoles no tenían impedimentos legales para investigar los crímenes”, por tratarse de casos de lesa humanidad, que son causas imprescriptibles. Más tarde, Servini rechazó el primer pedido de investigación y todo indicaba que la causa entraba en punto muerto, pero la Cámara Federal anuló ese fallo y ordenó proseguir. Y es así como se llegó con un voluminoso expediente a pedir la captura internacional de los represores para ser juzgados en la Argentina.

Nadie ignora los abusos que se cometieron durante el franquismo en España, las consecuencias dolorosas que tuvo para esa sociedad y particularmente para los querellantes y desde ese punto de vista es natural el reclamo de familiares de las víctimas. El problema es que los jueces naturales para tomar estos casos son los españoles no nuestros magistrados, que tiene a su cargo tribunales atiborrados de causas actuales de los más diversos delitos, robos, violaciones, violencia, que afectan la calidad de vida de los argentinos, por un lado, y la situación de los implicados que deambulan sin condena firme, es decir con presunción de inocencia pero procesados. No le sobra nada a nuestra Justicia como para abocarse a una dictadura extranjera que terminó hace 40 años y que el propio país no quiere juzgar.

En este sentido la Argentina necesita una Justicia que se aboque a sus problemas actuales, los asuntos derivados de la dictadura española cuentan en su país con las herramientas para resolver ese pasado si es que tienen la voluntad de hacerlo. No olvidemos que España, por otra parte, está sufriendo a estas horas momentos muy dramáticos de desempleo y brutales ajustes económicos. 

Jueces argentinos: a lo nuestro, que la criminalidad está a la orden del día.

Para pensar.