Las denuncias de corrupción investigadas en tiempo real

Vivimos en una Argentina profundamente convulsionada por el destape de una corrupción enorme y extendida perpetrada por años pero que se comenzó a mover en términos judiciales después de que el kirchnerismo dejó el poder. Había denuncias formales, con aporte de pruebas incluso, que fueron negadas sistemáticamente por el anterior oficialismo y que, por temor o devolución de favores, no registraron avances en Comodoro Py hasta este 2016, por lo cual en definitiva no se conoció el verdadero derrotero y los ingentes fondos que se llevó la ruta del dinero K hasta la actualidad, cuando las pesquisas son más difíciles, los rastros se han erosionado y los réditos económicos ya fueron usufructuados por los perpetradores.

La corrupción no llegó con los Kirchner a nuestro país ni se fue con ellos, huelga decir. Con seguridad entre los hombres y mujeres que hoy administran la cosa pública hay pillos de esta calaña, y los habrá siempre porque es una plaga que no se extingue, solo se la controla cuando hay voluntad, claro está. Es aquí, en la respuesta institucional a los hechos y sujetos desviados, donde se puede hacer la diferencia. En este punto,  el gobierno de Mauricio Macri lo está haciendo. En este sentido, su oratoria de cambio, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, hasta ahora no ha tenido fisuras.

Entre la mala noticia que es una denuncia por corrupción podemos rescatar el costado positivo de la reacción, lo que ha llevado a que todo aquel sospechado sea investigado aquí y ahora. Esto representa toda una novedad en nuestro país, ya que mientras han sido gobierno todos los presidentes tuvieron la actitud de proteger a los funcionarios, salvo escasas y honrosas excepciones. El encubrimiento ha sido la regla.

Aunque la sola sospecha debe ser motivo, en estos casos, de una profunda investigación y de sometimiento a los organismos de control y sanción, incluso mediando pruebas harto elocuentes se ha amparado bajo el ala del gobierno y los fueros a quienes debieron ser ejemplares en su accionar de cara a la sociedad. Lo vimos con el vicepresidente Amado Boudou, sobre el que pesan graves acusaciones y nunca se logró que siquiera lo licenciaran como titular del Senado. Y la lista de casos podría extenderse mucho más pero lo dejamos en la segunda figura más representativa del país durante cuatro años.

Quienes tienen una vida pública no solo tienen que ser sino parecer. Se espera de ellos ejemplariedad y transparencia sin medias tintas. Ya el solo hecho de que algún acto genere sospecha, aunque luego pueda ser esclarecido, amerita en la función pública un alto para investigar y dar respuestas a la sociedad. 

No se trata de declamaciones sino de hechos concretos, de ver una conducta política distinta y eso es lo que está tratando de mostrar el nuevo gobierno. 

Se está dejando trabajar a la Justicia en tiempo real, no en el conocido “tiempo diferido” que tanto daño les ha hecho a las arcas de nuestro país.

Para comparar y apreciar las diferencias, tomemos una misma figura: el vicepresidente. A diferencia de lo actuado en el caso Boudou, el juez federal Ariel Lijo realizó un procedimiento en la Fundación Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Envió un oficio en el que pedía los libros contables de la entidad, pero le informaron que no se encontraban allí sino en el domicilio de su titular, la vicepresidenta. Para obtenerlos, el juez se puso en contacto con los abogados de Michetti, que se comprometieron a entregar ayer la documentación. Michetti denunció que le robaron de su casa unos 245.000 pesos y 50.000 dólares, justo el día en que triunfaron en la segunda vuelta. El kirchnerismo se enteró ahora del hecho y presentó una denuncia penal para que se investigue el origen de esos fondos. Michetti indicó que los pesos eran donaciones a su fundación y los dólares, un préstamo de su pareja. El juez Lijo investiga esas explicaciones, por lo que pidió a la Afip los registros de la Fundación y requirió los balances a la Inspección General de Justicia. Además, solicitó al Banco Central que le informara las cuentas de la Fundación Suma, pues la ley obliga a que las donaciones sean bancarizadas y no con dinero en efectivo.

Hay una falta y se investiga la profundidad del caso. Aquí y ahora, sin objetar los pasos de la Justicia ni interponiendo recursos.

Otro caso que se investiga es el del titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, que fue desplazado de su cargo por el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad, tras haber sido denunciado por supuestas irregularidades por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, que se valió de una serie de comunicaciones, de las cuales se investiga su veracidad pero hasta tanto se aclare, quien fue puesto específicamente por Macri para transparentar los manejos en la aduana, fue removido temporalmente. El presidente cree la versión de Gómez Centurión, que afirma que se trata de “una cama”, precisamente porque está tocando los intereses de los corruptos de la dependencia, no obstante dispuso su alejamiento para que la Justicia haga su trabajo y determine cuál es la verdad.

Gómez Centurión es amigo de Macri y los audios parecen claramente editados, a la vez que el exmilitar venía rompiendo varios nichos de corrupción en la Aduana. Sin embargo aunque su inmediata separación del cargo pueda resultar una sobreactuación porque se podría haber esperado una constatación judicial, el presidente no dudó. 

En esto de ser y parecer, que es lo que debemos exigirles a los funcionarios que manejan nuestros fondos, la Secretaría de Comercio retiró este miércoles los productos que se comercializan bajo la marca “Cormillot” del programa Precios Cuidados, luego que se cuestionara su inclusión dado que el doctor Alberto Cormillot ocupa el cargo de coordinador de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud. Si bien la firma que comercializa esos productos ya no tiene vinculación con el médico nutricionista, ya que vendió la empresa hace más de dos años a una firma cordobesa, con esta decisión se evita la sospecha de que hubiera un beneficio indebido a un funcionario. Para Macri, no debe quedar un ápice de duda sobre la transparencia de su gestión. Entonces si para la gente (o para los medios, o para la oposición) podría haber un conflicto de intereses, se actúa para eliminarlo. 

Lo importante no es solo la actitud del macrismo contra la corrupción sino que se vayan modificando las estructuras legales y controles en el manejo de los fondos públicos. Como dijimos, corrupción va a haber siempre y hay que tener las herramientas para controlarla. Sentar jurisprudencia y ejemplariedad en cada caso que aparezca es una manera efectiva, lo mismo que tipificar cada uno de estos delitos porque esto va a permitir que en el futuro otros gobierno que no tengan las mismas intenciones anticorrupción, se encuentren con el corset de las leyes y los controles.

En este sentido, los legisladores por convicción o porque se vieron compelidos por la indignación de la sociedad, han comenzado a aprobar y tratar leyes que ayudan a corregir la corrupción. El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido para los delitos de corrupción pero como el texto sufrió modificaciones, deberá ser tratado en segunda revisión por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La figura del “arrepentido” fue aprobada por amplia mayoría de 57 votos a favor y cuatro en contra. Los rechazos y las cuatro abstenciones registrados partieron del kirchnerismo, que cuestionó en duros términos la herramienta procesal y la proliferación en los medios de comunicación de personajes denunciando casos de corrupción en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. La reacción es lógica porque en la medida que los arrepentidos comienzan a destejer la madeja, los desvíos de fondos del Estado salen irremediablemente a la luz. El proyecto permitirá a imputados por delitos de corrupción delatar a sus cómplices a cambio de una reducción en la pena. 

Las modificaciones que hizo el Senado fueron necesarias porque la ley fue sancionada por la Cámara de Diputados a las apuradas a mediados de junio pasado, tras la escandalosa detención del exsecretario de Obras Públicas José López, cuando trataba de esconder bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez y en el apuro había desprolijidades en el texto, las que fueron corregidas por los senadores.

Muy importante es que el mismo camino seguirá el proyecto que habilita el proceso de extinción de dominio a favor del Estado de bienes o fondos obtenidos a través de delitos como el narcotráfico o la trata de personas o vinculados a la corrupción. Nada puede calmar más a la sociedad, una vez penalizados los desvíos de fondos del Estado por parte de los funcionarios, que ver retornar al Tesoro esos dineros mal habidos.

Otra novedad es la flagrancia para casos de corrupción, que acelera los procesos judiciales. En este punto sería interesante considerar flagrancia las inconsistencias patrimoniales: los sueldos de los funcionarios son públicos, muchos de ellos tienen carrera solo en el Estado. Entonces, si su patrimonio o tren de vida no es coherente con sus ingresos, es evidente que por algún lado están entrando esos fondos extra.

Los argentinos queremos justicia para quienes saquearon al Estado y pretendemos que el dinero robado vuelva y se aplique en necesidades reales pero Justicia lenta y tarde no es justicia.