Las campañas que pagamos nosotros

Las campañas políticas se han vuelto extremadamente caras, sobre todo porque los oficialismos en todos los niveles hacen uso y abuso de fondos públicos que, de manera encubierta, utilizan para su propaganda, para encuestas y otros menesteres preelectorales.  Pero no es solo el dinero, es la infraestructura, camionetas, coches y aviones oficiales, empleados a los que se les paga horas extra para repartir boletas o atender los locales partidarios. Esto sin contar aquello que no se ve como subsidios y otros beneficios que, aunque necesarios para quien los pide, son ofrecidos a discreción como moneda de cambio por un voto.

Al menos cuando se trata de las propuestas oficialistas, las campañas las pagamos entre todos con nuestras tasas e impuestos nacionales y provinciales, allí va parte de nuestro dinero tan celosamente recaudado. Todos los candidatos que están en el poder hacen lo mismo. Quizá sea por eso que prácticamente no hubo denuncias cruzadas sobre este tema. Daniel Scioli (FPV), Mauricio Macri (PRO), Sergio Massa (FR), gobernadores, ministros, diputados, intendentes y otros funcionarios con aspiraciones electorales usaron y usan la caja estatal para financiar su campaña. No importa el espacio ideológico ni el partido político, lo que importa es ganar y para ello echan mano a cuanto recurso disponible tengan, sean estos propios, de terceros interesados (lo cual no está mal en sí mismo pero debieran ser “blanqueados” en todo sentido) o sean los de todos, acumulados en las arcas públicas, especialmente en partidas de las que no se rinden cuentas.

Esto ofrece a los candidatos que tienen comunas o gobernaciones una enorme ventaja sobre el resto de los postulantes que no cuentan con esa infraestructura y los que tienen más poder de queja -que son los más conocidos- callan porque todos tienen estas mismas actitudes que esconder.

Es en parte por ello que en la mayoría de las provincias han ganado los oficialismos, precisamente porque tienen una estructura que hace imposible la derrota. El resto de los candidatos no puede equiparar la demanda que tiene la gente, en los casos típicamente clientelares, y es así como se imponen de manera indefinida en sus provincias. Con algunas excepciones, eso es claro.

Y así como en Pergamino hay una guerra de afiches sin fin, donde las imágenes duran unas horas porque en seguida son tapadas por los de otros candidatos, Buenos Aires está toda empapelada. Y en TV y radio es evidente cómo aquellos precandidatos que gobiernan algunos distritos utilizan la publicidad oficial para instalarse nacionalmente. La publicidad de Macri desde el Gobierno de la Ciudad; de Scioli a partir de la Provincia de Buenos Aires; de De la Sota desde Córdoba, e incluso publicidad de la provincia de San Luis con Rodríguez Saá, saturan a lo largo del día mientras que otros precandidatos se limitan a utilizar el tiempo de aire que reciben de manera gratuita por la ley electoral, que obliga a las empresas a ceder espacios. Sabido es lo que cuesta un segundo de televisión de aire (mucho más en las tandas de envíos del prime time como el show de Marcelo Tinelli o alguna tira en boga); son montos inaccesibles para las cajas de los partidos políticos. Por eso, solo vemos repetidas veces y en spots larguísimos a los candidatos que hoy son gobierno en algún estamento. 

Estos spots televisivos y radiales van en contra del espíritu de la ley electoral que obligó a los medios audiovisuales a ceder tiempo de aire sin cargo, precisamente para equiparar las posibilidades.  Pero en un claro afán de saltar esa cerca y distinguirse del resto, estos candidatos van por más con dinero de dudoso origen; a la larga es una forma de no cumplir las restricciones establecidas por la ley, y deberían ser tenidos en cuenta por la Justicia Electoral.

No estamos descubriendo nada nuevo, los aparatos estatales siempre estuvieron al servicio de elecciones y reelecciones. Ahora puede que haya más abuso (a pesar que se legisló para que así no sea) pero siempre se usaron fondos públicos para las campañas.

Y estas prácticas se repiten; seguramente Scioli hizo enorme gasto para expandir su “Ola Naranja” gracias a la caja de la Provincia, fondos de los porteños terminaron en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta y también para posicionar a Macri a nivel nacional, hay dinero de la Municipalidad de Tigre en la carrera presidencial de Massa. La provincia de Córdoba pagó parte del sueño de De la Sota presidente.

Poner la situación en números que clarifica aún más el panorama. El Gobierno porteño desembolsó más de 3 millones de pesos por día en publicidad oficial en lo que va de 2015. Según un informe de la Coalición Cívica, el gobierno porteño dispone para este año partidas por 883 millones de pesos en esa materia si se contemplan los presupuestos de la jefatura de Gabinete y los ministerios porteños de Seguridad, Desarrollo Urbano y Espacio Público, entre otras dependencias. Según datos oficiales, durante el primer trimestre, cuando la campaña porteña se desplegó con más fuerza para posicionar a Rodríguez Larreta, se había ejecutado el 42 por ciento del presupuesto.

Massa conserva el control de la caja de Tigre. Muchas veces, la masividad del proselitismo también expone a los candidatos. La Municipalidad de Tigre auspició en televisión en el entretiempo del partido de River en la semifinal de la Copa Libertadores. Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) denunciaron a Scioli, Macri, De la Sota y Rodríguez Saá ante la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría. Estimaron que violaban la ley electoral al utilizar publicidad oficial para promover sus candidaturas nacionales con spots difundidos por televisión.

El presupuesto bonaerense para publicidad se duplicó en 2015, para llegar a 663 millones de pesos. Casi 2 millones por día, según el informe del exdiputado Walter Martello, sobre la base de datos de la Contaduría General. En los primeros cuatro meses de 2015, Scioli gastó el 70 por ciento de lo presupuestado oficialmente. 

La Casa Rosada también apoyó desde sus cajas las candidaturas de sus postulantes políticos. La Secretaría de Prensa y Comunicación contaba en enero con un presupuesto de 1.200 millones de pesos. Pero en mayo, la presidenta reforzó la partida con otros 611 millones. Y de este total de 1.811 millones, para el 19 de julio ya se habían ejecutado 1.309 millones de pesos según un informe del candidato a diputado por la Coalición Cívica Hernán Reyes sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

Vale aclarar que el gasto en concepto de publicidad está previsto en todos los presupuestos de gobierno. A ese nos referimos, al que se estipula entre otras cosas para difusión a campañas de concientización, actividades culturales, sociales y deportivas gratuitas, para informar a la población sobre vencimientos impositivos, planes sociales, de viviendas a los que pueden adherir. Lo que aquí se cuestiona es que se están utilizando estas partidas “de gobierno” para las campañas. Si bien en la mente del lector debe haberse hecho varias veces la cuenta de cuántos hospitales, por ejemplo, se podrían haber levantado con estos recursos, lo cierto es que aquí no se habla de que se haya sacado dinero puntualmente a salud u otra área sensible sino que lo aprobado para publicidad de gestión (que tiene realmente una utilidad para el ciudadano que aporta con sus impuestos), está siendo usado para posicionar candidatos.    

Muchos millones, mucho marketing, dinero de nuestros bolsillos gastados en campaña y hasta ahora pocas ideas que enamoran.