La tarifa de la luz bajo la lupa: el Gobierno, la Cooperativa y los vecinos

El último incremento de la tarifa eléctrica, como seguramente sucederá con la del gas, generó enojo en muchos vecinos pergaminenses. Los nuevos costos responden a la modificación del precio mayorista dispuesto por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, a cargo del ministro Juan José Aranguren. En el caso de la provincia, no subió el Valor Agregado de Distribución (VAD), el cargo que cobran las distribuidoras por sus servicios, que ya había sido actualizado.

Hay muchos aspectos para analizar en esta cuestión: una es que en el interior pagamos entre cinco y siete veces más por la factura de luz que en la Ciudad de Buenos Aires. Porque, concretamente, seguimos subsidiando la energía de los porteños. Un desequilibrio que ninguna de las gestiones nacionales atinó a solucionar. De este modo los ciudadanos del la Ciudad de Buenos Aires, donde se pagan de entre los mejores salarios del país, terminan una vez más viéndose beneficiados con el esfuerzo del resto.

Las tarifas de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires aumentaron, una vez más, un 32 por ciento, como dijimos, por el alza en los precios mayoristas que dispuso el Gobierno nacional. Y luego la Gobernación de María Eugenia Vidal lo trasladó al territorio mediante la Resolución Nº 60/2018, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

Hemos analizado hasta el cansancio que este calendario de aumentos, que no es tan gradual como dice el Gobierno, presiona sobre la meta de inflación. De modo que terminan perjudicando toda nuestra economía doméstica. De nada valen las quejas permanentes de aliados como Elisa Carrió de la Coalición Cívica o Alfredo Cornejo jefe de la UCR. Aranguren respondió: “No me importa quién esté enojado” y se refirió a los ajustes en las tarifas de los servicios públicos, defendiendo las decisiones tomadas en la materia. Además adelantó: “De ahora en más, la única adecuación en transporte y distribución va a estar vinculada al índice de precios mayoristas. Y el resto va a depender del costo de la energía y los impuestos en algunos casos lo indican las realidades provinciales”. Héte aquí un aspecto gravitante del tema boleta de la Celp que plantearemos.

En Pergamino, a diferencia del distrito porteño y con más similitud con Córdoba o Santa Fe, la luz era ya cara aun con los subsidios en tiempos en que no aumentaba la tarifa, de modo que las adecuaciones que sobrevinieron no han hecho más que agravar un costo que de por sí era alto.

Con esta realidad que nos viene “de arriba”, ¿qué pueden hacer, efectivamente, nuestros representantes locales, de la cooperativa y gobierno?  Esta pregunta nos lleva a ensayar más de una respuesta, pero las que buscamos son las que tengan real incidencia, las que importen un cambio.

En principio, la Celp debe, sí o sí, aplicar la nueva tarifa porque las distribuidoras les venden la energía con ese nuevo precio y no hay modo de compensar la pérdida de no trasladarlo al abonado. A modo de ejemplo, desde que asumió el nuevo Gobierno Camesa le subió a la Cooperativa Eléctrica un 724 por ciento, lo que en el caso de los consumos residenciales implica un 580 por ciento. En este marco es que no nos cierra, aunque reconocemos la impronta, la alternativa que tomaron los intendentes de Salto y San Antonio de Areco: suena muy lindo (y es un gesto que el pueblo les reconocerá) decretar que la prestadora no puede aumentar la luz en sus distritos. ¿Pero es viable, sostenible? Si la prestadora debe pagar a su mayorista según nuevo cuadro y no puede recaudar en consecuencia, es cuestión de meses para que se funda y el daño, para el mismo pueblo que se congratula, sería mayor.

Que nuestra ciudad no pague los aumentos, en una decisión en solitario del intendente, solo llevaría a que, más temprano que tarde, nos quedemos sin energía eléctrica.

Debe quedar claro que la generación y distribución de energía, con sus costos e impuestos, son de competencia provincial. No se puede unilateralmente resolver desde Pergamino que la Nación no aplique la nueva tarifa. Tampoco nos resolverá al problema haber aprobado un proyecto para que quiten el IVA en las boletas. Porque estas son decisiones que exceden al cuerpo deliberativo.

Aun descontando que no habrá marcha atrás respecto del incremento del precio del kilowatt, todavía hay mucho (y de altísima incidencia en el precio final) en el desglose de la factura que se puede rever. Pero casi todos estos ítems deben ser reclamados y negociados en estamentos superiores. El IVA habría que negociarlo a nivel nacional porque desde allí se aplica. Y a nivel provincial, de una vez por todas nuestros legisladores poner en discusión los “fondos especiales”. ¿Qué es ese dinero? ¿Para qué? ¿Estamos manteniendo oficinas ociosas? Las propias prestadoras privadas y cooperativas debieran plantarse en el Congreso provincial, hacer lobby si fuera necesario, para deshacerse de estos importes que desdibujan para mal el costo de su servicio; para colmo, por cercanía a la gente son estas entidades las que tienen que poner la cara por estos costos adicionales. ¿Por qué no la pelean para sacar definitivamente estos cargos? Al no hacerlo, dejan abierta la puerta a la sospecha de que en algún punto les conviene “manejar” este dinero que les entra y que no se vincula con la energía que venden. Lo que hizo el concejal Llan de Rosos al solicitar el año pasado   un recurso de amparo para la suspensión -temporal en sus efectos reales- no excede un gesto, digno de imitar porque al menos muestra una inquietud que se ve en pocos otros. Pero no deja de ser una medida “parche”. Sucede que la Justicia, al analizar la cuestión de fondo, le permitió a la Provincia de Buenos Aires volver a aplicar estas leyes suspendidas y hoy están nuevamente en la boleta. Y roguemos que no debamos pagar el retroactivo de los meses en que esos tributos estuvieron suspendidos por el amparo.

Concretamente las decisiones unilaterales del Concejo Deliberante son expresiones políticas de la queja: además del reclamo, que puede ser sincero, hay quienes aprovechan el descontento generalizado y llevan agua para su molino, personal o de su sector. Porque en realidad, nada de lo que surja de allí puede generar efectos reales sobre la factura. Esto lo saben las autoridades políticas, sean funcionarios o concejales. A veces el vecino común cree que una decisión del cuerpo deliberativo puede modificar la situación tarifaria y la verdad es que no es así. A su vez, los mismos que activan medidas desde el Concejo saben que ese no es el camino para alcanzar una solución al problema real del vecino que es debatirse entre pagar el alquiler o la luz. Igual lo hacen, les sirve más a ellos que a la gente.

Partiendo de la base de que esta problemática no es exclusiva de Pergamino sino de todos los Partidos de la provincia, con servicio cooperativo o privado, extraña que nadie, desde ningún punto del territorio, haya tomado la iniciativa de llevar una acción conjunta al Gobierno y la Legislatura bonaerense, donde finalmente se pueden resolver las cosas. Creemos que para todos los intendentes ha de ser una preocupación y una carga más (en el sentido que no es su area de competencia…¿o sí?) el tema de la tarifa, además de tener que atender las quejas en las propias casas de gobierno, porque allí es donde va a quejarse la gente. Sin embargo, o no hacen nada o la juegan de mal entendidos “salvadores”, pero en ningún caso hacen lo que deberían, que es llevar el tema a Provincia. Y los concejales lo mismo. Y ni hablar los legisladores provinciales de nuestra ciudad. En realidad, de todas las ciudades. Si realmente les preocupara encontrar la solución y si realmente los legisladores priorizaran el bienestar de los vecinos de sus distritos más que su posicionamiento político, estos impuestos y leyes que engrosan las facturas por fuera del consumo ya se hubieran derogado. Sería notorio el impacto en las facturas si desaparecieran esos ítems.

También debiera la Cooperativa Eléctrica ubicarse en la situación crítica que estamos frente a los incrementos de los costos de la energía y sopesar sus gastos. Y la Municipalidad, que es quien concesiona el servicio, debe ser parte más activa en la vida interna de la Celp. Si cede a que el servicio lo preste un tercero, debe interesarse por la salud de ese tercero y controlar la calidad del servicio que brinda y los costos que por él cobra. Y si lo cree necesario, mediante su representante en la entidad solicitar una auditoría externa para dilucidar si la administración es lo eficiente que debiera, si su estructura de empleados es la necesaria o está sobredimensionada; si la diversificación de negocios es conveniente, si pavimento y telefonía alivianan o recargan los costos operativos que luego pagamos todos.

Y a nosotros, los ciudadanos, nos queda exigir reales soluciones, aunque las vayamos a buscar al lugar equivocado. No saldrán del Concejo Deliberante, ni del Municipio, ni de la propia Celp las medidas que necesitamos, y sus miembros lo saben. También saben por dónde habría que encaran el camino hacia la solución pero no lo toman y se quedan en lo que más rédito político les deja: medidas unilaterales de impacto corto, escaso o nulo pero que suenan bien en los oídos del vecino. O, del otro lado, atrincherados sin atinar siquiera a tocar el tema para que no se ofendan los “de arriba”.