La sociedad necesita sentirse protegida por el Estado

La muerte de un delincuente a manos de un médico cirujano, en momentos en el que robaba su automóvil junto a otros cómplices, trae nuevamente al debate cuestiones nunca resueltas en el imaginario argentino. Quizá porque la legítima defensa, su exceso o su necesidad divide las opiniones, en un asunto donde, claramente, también hay una grieta. Además de innumerables cuestiones técnicas, operativas y legales de fondo.

Hay quienes consideran que la defensa es una necesidad absoluta y necesaria, pero otros creen que al fin termina siendo un asesinato sin más. En el medio hay toda una corriente de razonabilidad para comprender que, ante la posibilidad cierta de que un ladrón armado mate a un vecino este pueda ejercer su derecho a defenderse, incluso generando la muerte del oponente. 

Para no caer en absurdos que podrían confundirnos, es claro que la víctima, en este caso, no es el ladrón muerto sino el médico que salía de su consultorio y fue atacado por quien tuvo desde el comienzo la intención de cometer un delito. El médico no se levantó y pensó en ir a robar y eventualmente matar, mientras que el otro sujeto sí. Cualquier otra victimización de que se pueda hablar (o escuchar, porque todos hablan por estas horas del tema) es de índole social y subjetiva.  

A simple vista no habría un exceso en la legítima defensa, porque no fueron desproporcionados ni los medios ni la respuesta ya que se confirmó que medió una amenaza con arma en el atraco. 

Quedan aun detalles por esclarecer pero deberá ser la Justicia la que determine exactamente lo que sucedió, valuará la prueba y decidirá lo que se debe hacer en este caso, más allá de lo que la opinión pública crea. 

Porque en estos casos los hombres y mujeres de a pie no podemos alejarnos de nuestros propios perjuicios, si nos sentimos potenciales víctimas del delito pensaremos de un modo y si nuestra tendencia es en extremo garantista lo haremos de otro. También la Justicia, más precisamente quienes la ejercen, pueden tener los mismos perjuicios, pero se entiende que sus años de experiencia en el derecho los obliga a tener imparcialidad para tratar el tema.

En la Argentina la sociedad se divide claramente entre quienes pretenden mano dura con la delincuencia atendiendo al crecimiento latente de la inseguridad, frente a otros que son más contemplativos pensando que el delincuente es, al fin, un emergente de sectores que han quedado fuera del circuito productivo, por varias generaciones, viéndose casi empujado al delito. Además pesa la historia en esta divisoria, no pudiendo mucha gente disociar la represión ilegal de Estado dictatorial de aquella que responde a la facultad del Estado de reprender en pos del orden social y el imperio de la ley.  

En el medio están los que piensan que la cuestión social influye y que el crecimiento cierto del país hará bajar naturalmente los problemas de inseguridad a límites más aceptables, pero en el mientras tanto no se puede sostener este nivel de delito.

Volviendo al ejemplo que se debate estos días, el médico cirujano Lino Villar Cataldo de 61 años, continúa acusado de homicidio agravado por el uso de arma por matar al delincuente que le quiso robar el auto, aunque recibió la excarcelación extraordinaria. Es de destacar que la Justicia, en manos de la fiscalía, le dio la carátula más alta para estos casos.

Y así lo resolvió también el juez de Garantías de San Martín, Lucas Oyhanarte, a cargo de la causa. Pero como se trata de una excarcelación extraordinaria para que la libertad se hiciera efectiva se debía tener el acuerdo del Ministerio Público, representado en este caso por la fiscal Diana Mayko, que finalmente compartió los fundamentos del magistrado.

Villar Cataldo explicó su temor a que el delincuente lo matara y se validó la prueba de que siempre guardaba el arma en el macetero por temor a las entraderas, tan comunes últimamente. Pero no fueron verificadas y valoradas todas las pruebas del caso. Las pericias balísticas se harán recién mañana viernes. 

Al fin, como decimos, será la Justicia y no la política –que siempre intenta hacer su juego cuanto hay interés social en un tema- ni la opinión pública la que establecerá si el uso de la fuerza que ejerció el médico fue irracional o proporcional al delito que estaba padeciendo.

Hay otra cuestión que no es menor, porque del mismo modo que en nuestra legislación se acepta la legítima defensa o la emoción violenta como razones válidas que evitan las altas penas que se prevén para el homicidio, también es cierto que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y así debe ser.

Y aquí ingresamos en el problema que la Argentina debe resolver, porque el monopolio de la fuerza viene acompañado de la protección del ciudadano. Y en este sentido lo ideal es que los vecinos no se armen para defenderse, porque es el Estado quien debe ejercer ese rol. Pero mientras tengamos estos altos índices de inseguridad y todos nos sintamos indefensos frente a un delito que crece y se multiplica, casos como el que nos ocupan seguirán sucediéndose, y el debate volverá a comenzar, poniendo sobre el tapete a la legítima defensa.

Necesitamos sentirnos protegidos por el Estado, esta es la realidad cruda y dura, y sobre esta cuestión no hay grieta que nos divida.