La problemática es de los menores ¿o los adultos?

Cuando analizamos en esta misma página las tomas de colegios en el distrito porteño, así como la fiebre de amenazas de bombas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, destacábamos el corrimiento de la autoridad frente a niños y adolescentes que necesitan, indefectiblemente, de la tutela de los mayores.

Incluso la participación de menores en algún momento de los procesos de tomas de decisiones que los concierne requiere del involucramiento del mayor responsable, porque hace claramente a la formación de los jóvenes para que asuman las responsabilidades adultas con normalidad. No estamos diciendo nada nuevo ni nada que no sepamos, sin embargo la realidad de lo que estamos viviendo nos desmiente brutalmente, porque padres primero y autoridades educativas después parecen abiertamente corridos de la tarea de educar (más allá de lo académico) para el futuro.

Ahora se sabe que en la toma de las escuelas no solo hubo que conculcó el derecho de otros a recibir clases, por fuera de la voluntad y la obligación de los mayores a cargo de la labor, sino que además del vandalismo en algunos establecimientos hubo un abuso de una menor a manos de un compañero durante una de las jornadas. ¿A dónde estaban los adultos responsables de esos menores?

Durante la fiebre desatada por las amenazas de bomba en la escuelas provinciales, -en un solo día hubo 48- que obliga a salir a los chicos sin dar clases (que es lo que se busca en definitiva) y genera un despliegue y un gasto enorme de las fuerzas de seguridad, surgió otra situación donde, a diferencia de las tomas, queda bien claro que la responsabilidad de los menores, por serlo, está atada a la de los padres. En Junín se inició una investigación judicial para identificar los teléfonos celulares de donde salieron las amenazas. El nombre que arrojó la pesquisa fue el de un adulto, concretamente un concejal massista, sencillamente porque los menores no son aptos para la ley para establecer un contrato de telefonía; necesariamente un mayor debe asumir las responsabilidades del servicio. Pero como es lógico, luego el uso recae en el menor. Aquí queda bien claro que los menores, generalmente, no tienen la madurez  para dimensionar el alcance de sus actos, en este caso al utilizar una herramienta de trabajo y comunicación como un medio para delinquir. Ellos lo hacen desde la conciencia del juego, como todo lo que hacen con el celular que manejan como una extensión de su propio cuerpo. Pero finalmente lo que están haciendo es manipular un elemento adulto en un mundo que comparten con adultos. Sin la orientación y el control del mayor, suceden cosas como la de Junín, o como la del Nacional Buenos Aires. Con la diferencia de que en Junín la ley pudo caer sin demás cuestiones sobre el responsable que no es otro que el adulto. 

Los menores son menores para le ley allí donde se encuentren y para ellos la normativa es bien clara: no son penal ni civilmente responsables sino que lo son sus padres. Esos mismos que avalaron que sus hijos ocupen día y noche un espacio público sin su supervisión ni la de los responsables del lugar en cuestión, en este caso los colegios.

Un correo electrónico del rector del Colegio Nacional de Buenos Aires a la comunidad educativa, una vez levantada la toma, fue lo que finalmente generó preocupación entre los padres de los alumnos involucrados. Desconocían que mientras sus hijos estaban allí, una alumna de 14 años había sufrido un abuso de parte de un estudiante de 18 años. Quizás los padres pensaron que un colegio tomado tiene el mismo control que uno en normal funcionamiento, pues es hora de que se despierten y se den cuenta que no es así. Una medida de este tipo corresponde al mundo adulto con sus responsabilidades. O en su defecto a los padres o profesores de los menores. Una toma por menores es, ni más ni menos, que menores viviendo solos en una situación improcedente para su seguridad, por más legítimo que se considere el motivo. Una toma no deja de ser un hecho violento en sí mismo y lleva a que los jóvenes pasen días y noches en el establecimiento encerrados y sin control de autoridad alguna. ¿Permitirían estos padres que sus hijos menores hagan un campamento (por citar una actividad propia de las escuelas y clubes) sin que haya un mayor que ellos conozcan presente, o varios son muchos los alumnos? Con toda seguridad no. Sin embargo, por algún sentimiento ideológico o tal vez por eludir el rigor de la autoridad parental en el hogar, fueron complacientes con la iniciativa de los chicos.

Las autoridades escolares se enteraron ahora, pero el centro de estudiantes tomó conocimiento de esta tragedia enseguida y no lo comunicó en dos semanas, según dijeron “para respetar los tiempos de la víctima”. Optaron por pedirle al joven violador que se fuera de la toma y ellos mismos le brindaron contención a la menor. Una irracionalidad total. No en sentido de locura sino de falta de criterio, el que está ausente sencillamente porque quienes tomaron las decisiones son menores, sujetos de derechos, sí, pero carentes de elementos de juicio necesarios para ubicarse en ciertos lugares, como amparar a iguales en pernoctadas o asumir su protección en situaciones adversas. Por todo ello, para la ley, son menores y no tienen responsabilidad. Eso les cabe a sus padres, que se corrieron de ese lugar.

Los jóvenes que durante las tomas se autogobernaron, manejaron la situación como pudieron, porque lo que es claro es que faltaban los adultos responsables. Al fin, una toma que no tenía un sentido muy claro, ya que supuestamente se protestaba por un nuevo programa de estudio para quinto año del secundario, un tema que debieran resolver los adultos con alguna participación de los alumnos y eso es todo, terminó en vandalismo y esta tragedia de una niña abusada por un compañero. Insistimos ¿y los adultos?

Paralelamente a las tomas se generó la fiebre de las amenazas de bombas, llamadas falsas en su mayoría hecha por los mismos alumnos para tirarse un día sin clase. Pero el establecimiento hay que desalojarlo y el equipo antibomba debe venir a revisar perdiendo tiempo y dinero, mientras los chicos se divierten de lo lindo viendo todo este despliegue.

En Junín todo fue más claro porque en este caso las responsabilidades están establecidas con más claridad. La ley de contratos dice que un menor no puede suscribir y es su tutor mayor quien debe hacerlo. No hay en cambio una ley que diga que un menor no puede dormir fuera de su hogar si su padre lo permite. Pero la responsabilidad del mayor es la misma, con la diferencia de que en un contrato queda estampada la firma y en el seno de un hogar no. Pero, insistimos, la responsabilidad es la misma: el padre debe hacerse cargo de lo que haga su hijo mejor. 

Una vez más los adultos en medio de la problemática, porque le dan celulares a sus hijos pero no controla que hagan un uso responsable del aparato. Y vista así la cuestión la lógica es que hayan detenido a los padres a nombres de quien están las líneas usadas. Parece que hay que llegar a este punto para que los padres se hagan cargo de sus hijos, los eduquen, los formen, aprendan a decir que no y no solo que sí, que es lo más sencillo y fácil. 

Es claro que los niños y los adolescentes no pueden autogobernarse, necesitan de los adultos, de su guarda, su cuidado y su guía. Por eso seguimos insistiendo: ¿Y los adultos?