La postura de los colegios de abogados sobre la reforma judicial

Luego de una extensa reunión días pasados, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires adhirió a la postura de la Federación Argentina que se posiciona en contra del proyecto actualmente en tratamiento, aunque aclara que sí es necesaria una modificación del aparato judicial pero dirigida “a obtener una justicia realmente independiente”.

El pasado jueves, luego de una extensa reunión de la que participaron las autoridades de los Colegios de Abogados de distintos puntos del territorio bonaerense, la Colegiación de la Provincia de Buenos Aires (Colproba), resolvió seguir los lineamientos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) respecto de la reforma judicial que se debatió esta semana en el Senado y ahora sigue su curso a Diputados.

El doctor Damián Pimpinatti es integrante de Colproba y presidente del Colegio de profesionales de Pergamino. Participó de dicho encuentro virtual. En este sentido brindo su opinión respecto de lo decidido.

Reforma sí, esta no

En un documento que lleva la firma de su presidente, José Luis Lassalle, la Federación Argentina de Colegio de Abogados, afirma “la necesidad de consolidar la independencia del Poder Judicial y bregar por un funcionamiento acorde con su condición de pilar fundamental del sistema”, pero al mismo tiempo reconoce “una merma de la calidad institucional y en ese marco, un muy bajo nivel de credibilidad y confianza de la población en la justicia”.

En este sentido y por esos motivos desde Faca se considera necesaria y oportuna una reforma pero no la que se discute sino una dirigida “a obtener una Justicia realmente independiente, ajena a las presiones de factores de poder, grupos de interés, gobiernos de turnos y/o facciones políticas; e integrada a la vez por jueces probos, imparciales y transparentes en el ejercicio de su función”.

Antes, la Magistratura

Según la Federación, todo intento de una reestructuración judicial dirigida en procura de esos valores, “debe necesariamente ser precedido de una reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación tendiente a corregir su actual composición violatoria del artículo 114 de la Constitución Nacional que ordena respetar un debido equilibrio entre los estamentos que lo componen. Compuesto hoy por 13 miembros, siete de ellos responden al sector político lo que constituye un predomino sobre los demás integrantes, con capacidad de reunir por sí mismo mayoría absoluta para la toma de decisiones que no requieran otra calificada. Declarada en este aspecto su inconstitucionalidad por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, espera desde 2016 una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Carencias

Al mismo tiempo, el escrito sostiene que “no debieran soslayarse las carencias que hoy presenta un servicio de justicia que aún no ha podido incorporar las herramientas informáticas imprescindibles que permitan la digitalización de las causas e instrumentar un sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas que posibilite el trabajo a distancia de sus operadores –circunstancia que entre otras razones obligó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a decretar una feria judicial extraordinaria durante largos cuatro meses a partir del 20 de marzo del corriente año-; así como la emergencia edilicia por la que atraviesa en casi todas sus jurisdicciones; y las anunciadas dificultades para afrontar el pago de las remuneraciones en los próximos meses; constituyen falencias que deben ser merituadas a la hora de establecer un orden de prioridades al tiempo de analizar una reforma de carácter integral que apunte al mejoramiento del servicio”.

Justicia Federal

Respecto del referido fortalecimiento de la Justicia Federal en las provincias (94 nuevos juzgados de primera instancia en lo penal, 85 fiscalías y 23 defensorías), desde Faca se observa que lo propuesto “adolece del acompañamiento de un diseño elaborado sobre un estudio del mapa judicial en base a datos empíricos, y con arreglo a las necesidades territoriales y cifras estadísticas, lo cual impide un análisis acabado de la propuesta formulada. Por cierto que el aumento cuantitativo de organismos no asegurará por sí solo un mejoramiento de la calidad del servicio de justicia”.

Esfuerzo de todos

En conclusión desde la Federación que nuclea a los colegios de abogados asumen que es “imprescindible que una reforma integral de la justicia federal en materia penal debe surgir de una amplio debate en el que todos los sectores interesados en el servicio de justicia, puedan con el debido tiempo sumar su aporte constructivo ya que la consolidación de una justicia verdaderamente independiente y el logro definitivo de la paz social requiere del esfuerzo y desprendimiento de todos”.

Interpretación subjetiva

A modo de interpretación de los lineamientos generales, Damián Pimpinatti señaló que “los resultados de este proyecto en tratamiento no beneficiará ni perjudicará los intereses del ciudadano de a pie, le será neutro, ajeno, y eso es una lástima, una pérdida de oportunidad de resolverle sus problemas” y sostuvo que “verdaderamente se necesita una reforma judicial, no hay dudas, pero una reforma que persiga el resultado de jueces verdaderamente independientes e idóneos”.

Para el presidente del Colegio de Abogados, “el proyecto nombra jueces, funcionarios, empleados con sueldos que da vergüenza ajena decir, que no harán más que engordar la burocracia del Estado sin remedio para la celeridad en la investigación de los delitos, en la producción de las pruebas y dictado de sentencias que resuelvan el problema rápidamente a los argentinos que acuden a la justicia por el motivo que sea”. Y agregó que “seguirá igual la corrupción, la inseguridad ya que es una reforma que apunta solamente a resolver cuestiones políticas y crear nombramientos, más de 1700. Personalmente prefiero tener 1700 agentes de seguridad, policías caminando por la calle previniendo el delito y evitando el aumento de víctimas de la inseguridad; que 1700 funcionarios sentados en sus despachos, tratando de investigar delitos ya cometidos con víctimas a las que ya no se le podrá reparar el daño”.

Por otro lado calificó de “irracional” la creación de “94 nuevos juzgados en el interior, más 85 fiscalías, más 23 defensorías sin analizar el mapa judicial en base a datos empíricos”. En este contexto es que señaló: “Es así que se da el absurdo, como que Pergamino se queda sin Juzgado Federal, pero Junín, Necochea y Mercedes tendrán dos. Ni se tuvieron en cuenta la cantidad de habitantes”.