La pena capital otra vez en el tapete

Todavía en el Siglo XXI, el debate por la pena de muerte retorna cada tanto generando muy dispares opiniones entre los países que tienen y que no tienen este castigo que es el más extremo.

La Iglesia Católica ha hecho mucho para que los países donde la población tiene mayoría de religión cristiana rechacen este concepto, porque consideran que hay que preservar la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, de modo que también se oponen al aborto o a la muerte digna, mucho más aun a que el Estado pueda decidir sobre la vida de los ciudadanos. De hecho los países donde no existe la pena de muerte la mayoría son católicos. También ha habido en el mundo occidental, sobre todo, un gran trabajo de las organizaciones de derechos humanos buscando que se fuera aboliendo la pena de muerte en cada país.

La Iglesia Católica se opone a la pena de muerte, como decimos, y bajo el pontificado de Juan Pablo II, su encíclica Evangelium Vitae denunció el aborto, la pena capital y la eutanasia como formas de homicidio y, por tanto, inaceptables para quienes profesan este credo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que “si los medios no sangrientos son suficientes para defender las vidas humanas contra un agresor y para proteger el orden público y la seguridad de las personas, la autoridad pública debe limitarse a dichos medios, ya que corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, y están más en conformidad con la dignidad del ser humano”.

Los pronunciamientos de la Iglesia oponiéndose a la pena capital pueden tener cierto impacto político, sobre todo en países donde se aplica y su influencia acentúa el valor de los grupos de ciudadanos que se oponen. La Iglesia Católica rechaza toda forma de ejecución y así lo ha expresado en relación a los últimos episodios de este tipo en diversas partes del mundo, los intentos polacos de reinstaurar la pena de muerte, o las ejecuciones cometidas en países comunistas, como Corea del Norte Corea o Cuba. 

No hay pena de muerte en la Unión Europea, en todos los países que la componen (salvo en Bielorrusia), en América Latina sucede lo mismo; en cambio en Estados Unidos en la mayoría de las regiones se aplica; también está vigente en Japón, en China, Pakistán, Singapur, Taiwán, Rusia y Corea del Sur, aunque hace años no se aplica en estos últimos dos países.

Salvo en Estados Unidos, donde la máxima pena se utiliza para asesinos en serie y delitos gravísimos (el Estado que más la aplica es Estado de Texas), en varios países la ley existe pero se utiliza con menor intensidad en la actualidad, porque además de inadecuada, las razones por las cuales se puede condenar a muerte en muchos de estos casos tienen que ver con espionaje, traición a la patria, sedición. Figuras que bien pueden usarse para eliminar opositores. 

El tema del fallido golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan en Turquía, el 15 de julio pasado, fue lo que reavivó la controversia mundial sobre la pena de muerte, ya que el presidente turco intenta reimplantarla en su país, como parte de la onda represiva contra los autores reales y presuntos de la rebelión pasada.

A pedido del mandatario, el Parlamento deberá aprobar o rechazar la propuesta, aunque Erdogan dice descontar que la van a apoyar. Lo que se busca desde el gobierno turco es erradicar al movimiento del clérigo opositor Fethullah Gülen, actualmente exiliado en Estados Unidos, y a todos sus simpatizantes. El gobierno lo acusa de estar detrás del golpe de julio, un cargo que el exsocio y actual enemigo del presidente ha rechazado repetidamente. Unas 18.000 personas han sido detenidas desde entonces por diferentes períodos y muchas más fueron removidas de sus puestos por presunta lealtad a Gülen. 

La realidad es que si se aprueba la pena de muerte, a los ya casi 300 muertos que dejó el fallido levantamiento, en que el pueblo salió a las calles a defender el gobierno democrático, es justo decir, podría sobrevenir una carnicería en Turquía, al tiempo que se podría matar a combatientes del Ejército y a simples simpatizantes, organizando una caza de brujas de las que terminan siempre mal.

Según Amnistía Internacional, en la actualidad son 58 los países que aún mantienen la pena capital, contra 140 que no la contemplan. Y son 102 los que en algún momento la tuvieron y que progresivamente se volvieron abolicionistas. 

Sin embargo donde se aplica, el año pasado se llegó a los niveles más altos, desde 1989, en el número de ejecuciones: al menos 1.634 personas fueron ejecutadas, sin contar las miles de ejecuciones probablemente practicadas en China, que mantiene sus cifras en secreto. De todas las ejecuciones registradas, el 89 por ciento se llevó a cabo en solo tres países: Irán, Paquistán y Arabia Saudita. Con ellos y China, Estados Unidos completa el grupo de los cinco principales países cuyos estados aplican la pena capital.

Dicho esto sin contar las ejecuciones horrendas del llamado “califato” de Estado Islámico, el feudo territorial donde hacen de las ejecuciones una de sus prácticas más habituales. Esta es, al fin, una zona en guerra, con los desastres humanitarios terribles que hemos visto.

En la Argentina, un país de mayoría claramente católica, rechazamos de plano la pena de muerte y también por razones ideológicas,  aun frente a crímenes mayores. Nuestra Constitución no la consagra y nuestras leyes, por consecuencia tampoco. Tampoco nuestro sistema judicial ha demostrado ser lo suficientemente fiable, maduro e inconmovible como para dejar en él la decisión sobre la vida o la muerte de un encausado.

La pena capital que va en retroceso en el mundo tiene, no obstante como decimos, sus ramalazos y se vuelve a poner sobre la mesa en casos como el de Turquía que ante una asonada política pretende volver al Estado que decide la vida o la muerte de los ciudadanos.