La lucha por la vida en las calles también tiene que pasar por el Congreso

Un enorme luto abraza a las fuerzas de seguridad, toda vez que el sábado que dejamos asesinaron en un lapso de 12 horas a dos agentes mujeres de la Policía Bonaerense: Lourdes Espíndola una joven de 25 años, en Ituzaingó, y Tamara Ramírez de 26, en Almirante Brown.

Una verdadera tragedia que dos muchachas jóvenes, que vestían uniforme, hayan sido asesinadas de la peor manera, mostrando al fin la descomposición social a la que nos va llevando una inseguridad que no tiene piso ni techo.

Es igualmente preocupante lo que se ha planteado desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia: Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal, consideró que “el delito tiene esas cosas de rachas estacionales, de varios hechos que impactan en la sociedad”. Han muerto dos oficiales muy jóvenes por nada y ¿esta es la explicación que se ensaya? Más serio es cuando las autoridades policiales arguyen que “son fenómenos multicausales; la avidez por las armas, demostrar que se puede atacar policías impunemente, puede ser producto de la droga, de que la encuentran sola, una presa fácil, y se resiste porque es policía. Son varias cosas que pueden llegar a suceder”.

En la cada vez más gruesa estadística de muertes en ocasión de robo ya murieron ocho policías en lo que va del año, y no podemos desconocer que estos efectivos asesinados ganan, como la gran mayoría de los uniformados, salarios bajísimos y terminan exponiendo la vida, en estos casos, hasta perderla. Porque en el caso de los policías bonaerenses en las calles calientes del Conurbano, los vemos tomando servicios públicos para ir a trabajar vestidos y suelen estar armados, lo que termina de implicar un riesgo mayor para los efectivos. Al fin nunca falta el que quiere colgarse, como una cucarda, el mote de “mata policía”, que en los sectores delictuales ofrece alguna distinción.

Resumir estos casos no es sencillo, Lourdes Espíndola, miembro del Comando de Patrullas de Moreno, fue víctima de un robo en Ituzaingó, cuando estaba por tomar el colectivo. La agente acababa de terminar su turno, se disponía a buscar a su hijo de 6 años e ir a su casa; al cierre de esta edición tenía decretada su muerte cerebral y la familia iniciaba los trámites para la donación de sus órganos. Este hecho ocurrió el sábado pasado, mismo día que en otra ocasión de robo perdió la vida Tamara Ramírez, también agente de la fuerza provincial, cuando intentaba defender a su papá de un hecho de inseguridad en la ciudad de Glew.

Al fin, más que buscar excusas estacionales, oleadas de delito o mala racha, debiéramos exigir como sociedad una reforma seria de nuestra legislación, dando las menores posibilidades a la Justicia de permitir salidas transitorias, anticipadas y beneficios absurdos para los delincuentes poniendo en riesgo a todos. Porque al fin, tampoco sabemos si el otorgamiento de estas morigeraciones de la pena depende de una cuestión de convicción o hay otras “razones” para estas decisiones. Habrá de todo, queremos creer. Así como sin mayores dilaciones se abrió un amplio debate sobre el aborto, nuestros legisladores tendrían que debatir profundamente una reforma del Código Procesal Penal que, al tiempo de adecuarse al estilo de delincuente de este tiempo, minimice la discrecionalidad de los jueces y la amplitud que tiene hoy día interpretación de la letra por parte de abogados que, siempre, encuentra algún subterfurgio para dejar en la calle a peligrosos delincuentes.

En el mundo occidental “moderado” hay una resistencia natural hacia la pena de muerte, no así hacia el aborto.

La negativa a disponer de la vida de otro ser (que camina) como castigo se cree contrario a la evolución. Pero cuando se mira el contexto político-social del país, con los crímenes que se conocen a diario y el mundo, víctima de atentados increíbles, inexorablemente surge pregunta: ¿Estamos evolucionando?

Es en el marco del pensamiento moderno, donde la punición de los delitos del ser humano ha ido tomando una entidad cada vez más “reformadora” y “aleccionadora” que de castigo propiamente dicho. Desde las torturas medievales y los empalamientos para castigar a las mujeres herejes que se animaban a engañar a su marido, hasta la liberación contemporánea de un asesino múltiple por “su buena conducta” dentro del régimen carcelario, corrió mucha agua bajo el puente. Y sin duda que estamos en el medio del charco, empantanados y sin poder resolver un dilema casi existencial de la humanidad: qué hacer con aquellos que nos lastiman, nos torturan o nos matan.

¿Qué hacer con los excluidos del sistema en orden a la criminalidad de sus actos? Y no hablamos del ladrón de gallinas, del punguista o el que hace un agujero en la pared para robarse un televisor. Obsérvese: el drama es tal, que hasta jerarquizamos los delitos para diferenciar a los malos no tan malos de los malos menos buenos.

Mientras nos revolcamos en el debate permanente, nos despellejamos en la radio, los diarios y los programas de televisión, actuando espasmódicamente ante cada crimen aberrante y mezclamos todo en un gran cóctel con gusto a nada, el crimen gana la calle, la perversidad es cada vez mayor y el asesinato con alevosía pasa a ser naturalizado por el habitante medio.

La política no tiene respuesta. Está visto que Ejecutivo y Legislativo son poderes incapaces de renovar ideas respecto de lo que se debe hacer, implementar y aplicar en términos prácticos para contener el delito y en el caso del hecho consumado, otorgarle al Poder Judicial las herramientas acordes para la aplicación de las condenas, que, además de ser ejemplificadoras, sirvan para aislar a la sociedad, en su conjunto, de las bestias. La acción legislativa para dar lucha coherente al delito es tan o más imperativa que el debate por la legalización del aborto. Lo necesita la sociedad con urgencia y particularmente la Policía, que es quien, al fin, debe ponerle el cuerpo al asunto. Y lo hace, pero es desalentador para los efectivos y para todos que, una vez hecho el trabajo de capturar al delincuente, al poco tiempo gana la calle y reincide. ¿Para qué inmolarse en un operativo para agarrar por enésima vez al mismo sujeto?

El Poder Judicial está plagado de jueces con características especiales, al punto de hacerlos tan diferentes que aplican las leyes desde su óptica interpretativa más benigna y lesiva para la seguridad pública, no ya promoviéndose como garantistas, lo cual en todo caso hablaría bien de su condición humana y una sabia y reflexiva concepción humanista del Derecho, sino transformándose en burdos abolicionistas, es decir, supresores totales de las penas a horribles criminales enmascarados muchas veces en la cruel historia que les tocó vivir, justificando su accionar en la marginalidad en que los dejó el sistema. Como si cada persona que ha pasado por carencias saliera a robar y matar…

Nuestro Código no contempla la pena de muerte pero la pena de muerte está en la calle desde hace mucho tiempo, solo que no la aplica el Estado sino los delincuentes. El narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el proxenetismo, la corrupción política y judicial, son los grandes formadores de nuestra inseguridad. Los culpables de darles impunidad a los criminales y de no darles las herramientas y garantías de procesos sin vicios a nuestras fuerzas de seguridad que exponen su vida a toda hora en una lucha muy desigual contra el delito. 

Lo que duele en este caso es que las dos policías asesinadas son mujeres jóvenes, con hijos chicos. Sin embargo el colectivo que defiende el “Ni una menos” y otras agrupaciones que intentan un cambio de mentalidad hacia la mujer, no consideran estos casos con la misma vara. Y aquí les cabe solo el silencio. Parece que por vestir uniforme policial las hace mujeres de segunda clase.

Definitivamente, cuando de derechos humanos y lucha por la vida se trata, el doble estándar moral en Argentina es asombroso.