La Justicia federal y el problema de la politización

El nuevo procesamiento de Cristina Kirchner, toda su familia y una veintena de personas más, se produjo en un escenario de enorme polarización entre el kirchnerismo y el macrismo. La grieta reina y la falta de confianza en una Justicia federal que no parece confiable permite que, en cada vereda, la sociedad pueda cuestionarla. 

Por eso Cristina vincula el fallo del juez Bonadio con Mauricio Macri, del mismo modo que el oficialismo generaliza con el concepto de “mafias” a sectores sindicales, políticos y empresarios que se oponen a sus proyectos. Evidentemente, la dichosa grieta les termina por convenir a ambos sectores y así la Argentina se divide cada vez más, irremediablemente, entre tirios y troyanos.

Esta cuestión no es menor, porque a Cristina le sirve para victimizarse y medir en la polarización extrema su futuro electoral. A Macri, para recordar un pasado al que un sector de la sociedad no quiere regresar, como lo mostró en la marcha del 1º de este mes. 

Lo peor es que de este modo y en este momento se termina por diluir el efecto de que, según dice el magistrado, la expresidenta integró una banda para lavar dinero. No colabora a mejorar la percepción de la Justicia las actitudes del juez Claudio Bonadio, que se sabe tiene aversión personal con la exmandataria, sobre todo para quienes creen que a Cristina se la persigue políticamente.

La realidad es que hay pruebas que viene valorando la Justicia respecto al posible delito de asociación ilícita, el de lavado de dinero agravado por su condición de funcionarios y por hacerlo de manera reiterada, y el de negociaciones incompatibles con la función pública. Además es el primer procesamiento que alcanza a los hijos de la expresidenta. Bonadio en total procesó a 20 personas y las embargó por sumas que van desde un millón hasta 130 millones de pesos en esta causa que se conoce como Los Sauces. Porque ese es el nombre de la empresa de los Kirchner que alquilaba inmuebles, según consta en el expediente, a los empresarios amigos destinatarios de la obra pública. Entre los procesados están Lázaro Báez y sus hijos, Cristóbal López, José Sanfelice, el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), además de empleados y colaboradores que permitieron concretar la maniobra. Este procesamiento se suma al que ya tiene Cristina Kirchner en la causa por direccionar la obra pública santacruceña en beneficio de Lázaro Báez y el caso de la venta del dólar futuro, donde tiene procesamiento firme y va camino al juicio oral y público.

No obstante la expresidenta seguirá en libertad porque el juez entendió que, a pesar de poder recibir una condena de cumplimiento efectivo, no hay evidencia de que se vaya a fugar o entorpecer la causa. No obstante, les prohibió a los acusados salir del país y los obligó a presentarse ante autoridades policiales o judiciales para asegurarse de que no van a eludir a la Justicia. Tras procesarlos, Bonadio envió esta causa a su colega Julián Ercolini, que procesó a Kirchner por el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez. 

La verdad es que las pruebas que hoy se valoran, hace tiempo están en la Justicia y si algo podemos criticar de estos procesamientos es que se hace evidente que los jueces federales manejan los tiempos políticos, en función de una realidad que no está directamente conectada con las causas sino con otros intereses. Como verdaderos operadores de la política miden el consenso social, se fijan con mucha atención quién gobierna y qué les conviene a los que manejan el poder y de eso depende, en estos casos, que un exfuncionario vaya preso o espere el juicio en libertad, ya que los mismos argumentos para encarcelar a Cristina sirven para no hacerlo. 

Este comportamiento de la Justicia federal no es casual, porque su nivel de contaminación política es tan importante que son capaces de “cajonear” denuncias por años, como sucedió con muchas de las que involucran a la expresidenta y acelerarlas visiblemente cuando el acusado deja el poder, porque siempre hay posibilidad de canjear esos “favores” para beneficiarse o beneficiar a sus familiares, con ascensos propios o ingreso de sus hijos a la Justicia. Lo mismo sucede con el actual Gobierno, de modo tal que sabremos si alguna de las denuncias que se han efectuado contra Macri o sus funcionarios, es real y válida solo cuando dejen el poder.

Este procesamiento de Cristina Kirchner y su familia también parece responder al patrón tradicional de la Justicia federal, habiendo elegido el momento para que se produzca, dicho esto con prescindencia de la prueba que, insistimos, es la misma que hace tiempo ya tenían, pero la resolución debía llegar en el momento justo, en este caso en el momento en que el Gobierno se siente envalentonado por una marcha a su favor, podría ser la explicación.

En un país con tan serios bolsones de corrupción, una pata fundamental de la mesa que debemos construir para combatirla es mejorar la Justicia, despolitizarla. Porque es la Justicia el último refugio que tiene todo ciudadano, poderoso o de a pie (sobre todo este último) para que se respeten sus derechos. No es poco.