La Justicia Federal otra vez en la mira de la sociedad

Uno de los costados de la corrupción consta en utilizar fondos del Estado para cuestiones partidarias o proselitistas. Lo hemos visto en distintas administraciones y en varios niveles, municipales, provinciales y nacional. La tentación de hacer campaña con la plata de los presupuestos cuando se es Gobierno ha sido lo suficientemente grande como para hacer sucumbir a políticos de la más distinta variedad.

En el kirchnerismo la costumbre parece haberse exacerbado, toda vez que vemos cómo el desvío de fondos no se utilizó solo para enriquecimiento ilícito (como los casos de Ricardo Jaime, Amado Boudou o las denuncias que pesan sobre Julio de Vido, sin eludir a la misma expresidenta) sino también para hacer campaña.

La última noticia, incluso no es la más importante pero vale de ejemplo, es que quienes debían controlar las cuentas del Hospital Nacional Posadas, en noviembre gastaron más de medio millón de pesos en el acto con el que la entonces presidenta Cristina Kirchner inauguró obras en la institución, ubicada en El Palomar. La intervención comandada por Domingo Martín Latorraca usó el presupuesto del Posadas para contratar ómnibus desde y hacia distintos puntos de la provincia; servicios de vallado, sonido y luces; un catering para casi 300 personas, y la actuación del cantante Víctor Heredia, el 25 de noviembre pasado. 

¿No alcanzaba con un brindis? Seguramente que sí, pero en un  año electoral no importaba para qué se usaban los fondos, sino que rindieran en el plano político. La Justicia abrió una investigación luego de que las autoridades de la Comisión Normalizadora, que designó el Ministerio de Salud de la Nación, ratificaron su denuncia la semana pasada.

Autoridades del hospital escuela confirmaron que los gastos por un total de 621.800 pesos que figuran en los registros ingresados entre el 23 de noviembre y el 10 de diciembre del año pasado, corresponden solo al acto de inauguración de obras del 25 de noviembre. Un dinero que al Hospital le hace mucha falta, como cualquiera de los usuarios y no usuarios sabe. 

Obviamente que no es la única irregularidad detectada, surgió también que existía una estructura de contrataciones por urgencias a través de fondos rotatorios que actuó de manera paralela al Departamento de Contrataciones de la institución.  Para eso se suspendieron las licitaciones públicas, nadie explicó nada y se contrató a quién se quiso.

El acto que se realizó el 25 de noviembre fue una inauguración postergada de la construcción vidriada del Posadas a modo de nueva fachada, más moderna, de la construcción original. La expresidenta no había podido hacerlo antes por la resistencia gremial interna a causa de la precarización laboral del personal, entre otros reclamos.

Y en búsqueda de ser ejemplificadores, vale también el caso de Milagro Sala que manejó millones de pesos destinados a viviendas que se efectuaron a través de las cooperativas afiliadas a la agrupación Tupac Amaru en Jujuy y de otras cifras que no se conoce su destino, entre ellos los últimos 29 millones de pesos que se pagaron, en efectivo en el Banco Nación de dicha provincia y cuyas imágenes se viralizaron en la televisión y las redes.

Ahora bien, en el Posadas hay una investigación y una denuncia judicial, Milagro Sala está detenida (quizá en un abuso de derecho) mientras se analiza su actuación como “intermediaria” del Estado para llevar adelante planes de vivienda.

Hay otros casos, pero con éstos basta para entender un concepto de cómo se desviaron fondos, una de la formas, en el anterior Gobierno, utilizándolo tanto para enriquecimiento personal como para la campaña electoral. De cualquier modo es corrupción.

Sin embargo y aquí llegamos a una de las cuestiones más agudas de esta problemática: la Justicia Federal, mientras los funcionarios están cerca del poder evita molestarlos y muchas veces como vemos, también cuando terminan su función porque ni la intervención del Posadas, ni Milagro Sala son los responsables últimos de estos actos, sino solo el final de la cadena. Porque nadie puede utilizar fondos públicos en esa magnitud si no es autorizado por los más altos funcionarios. Si Julio de Vido autorizó la cantidad de millones que utilizó Milagro Sala para construir viviendas y otras cuestiones que se están analizando, sin rendir cuentas, hay que mirar más a De Vido que a Sala. Y de eso es de lo que no se habla, ni vemos que la Justicia vaya más arriba que de los que, en definitiva, son poco más que “perejiles”, a quienes acorralan como a la jefa de la Tupac Amaru, mientras el resto tiene fueros legislativos, como De Vido. Incluso la misma Cristina Kirchner es improbable que no supiese de éstas y otras cuestiones que sucedían debajo de sus narices.

Los jueces federales, ya lo hemos planteado, se amoldan a cada momento político. De modo tal de “acompañar” al poder con todas sus consecuencias. A punto tal que, a quién está cerca le “congelan” las causas y a quienes dejan el poder primero analizan su situación para ver cómo actuar. El Frente para la Victoria tiene mayoría en el Parlamento y no es un secreto que Mauricio Macri necesita cerrar algunas votaciones con el peronismo disidente e incluso acordar con el mismo kirchnerismo en algunos casos, para llegar al número que le permita la aprobación de proyectos claves.

Por eso, con este peso legislativo, hay exfuncionarios que, por el momento, pueden dormir tranquilos. Pero ¿la sociedad argentina puede dormir tranquila con esta Justicia Federal tan viciada por la mezcla de intereses políticos?