La Iglesia logra lo que no la política: alinear a los dirigentes contra el narcotráfico

Es una muy buena noticia que las preocupaciones que tenemos los argentinos se vean reflejadas en las agendas públicas de nuestros dirigentes, no sólo del oficialismo sino también de la oposición. Siempre dispersos, los partidos que hoy son minoría lograron sentarse en una misma mesa para acordar en un tema que trasciende cualquier ideología: la lucha contra el narcotráfico. Fue la Iglesia y no la política la que logró esta unidad. Pueden variar los criterios acerca de la penalización del consumo, pero hay unidad cuando de la criminalidad de las organizaciones que la comercializa se trata.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Jorge Lozano, encabezó la firma de un compromiso con partidos políticos para implementar políticas públicas contra el narcotráfico.

Asistieron al encuentro el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, los diputados Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN-FAP), Hermes Binner, los senadores Ernesto Sanz (UCR) y Fernando Solanas (Unen), entre otros representantes del arco no oficialista. A pesar de que el gobernador bonaerense Daniel Scioli adhirió a la iniciativa, no asistió a la reunión. Tampoco lo hicieron otros representantes del kirchnerismo.

En la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, los dirigentes políticos suscribieron un acta de compromiso para establecer políticas públicas sobre consumo de droga y lucha contra el narcotráfico, en respuesta a una iniciativa de la comisión episcopal de Pastoral Social.

También firmaron el documento Pablo Javkin (Coalición Cívica-ARI) y Humberto Tumini (Partido Libres del Sur). Miembros de la Comisión de Pastoral de Drogadependencia y de la Comisión Nacional de Justicia y Paz participaron de la reunión. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, adhirió a la convocatoria de la Iglesia, mediante una carta enviada a monseñor Lozano en la que sugirió “impulsar también políticas públicas contra la trata de personas y la exclavitud sexual”.

Ante el auge visible del narcotráfico en la Argentina con las consecuencias que esto conlleva y sin que se establezca un plan de lucha que de verdad “meta miedo” a los narcotraficantes que eligen nuestro país como base de sus negocios, en noviembre pasado, la Iglesia denunció la “complicidad y corrupción de algunos dirigentes”, así, en forma directa y sin eufemismos. La Iglesia dio mayor entidad a una verdad popular: no hay negocio de la droga sin que haya participación del poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Si a esto le sumamos que ni siquiera hay leyes anti narcotráfico, ni siquiera radares ni controles fronterizos, queda muy claro por qué nuestro país dejó de ser un país de tránsito y consumo para convertirse en un fabricante y despachante de drogas. Y el momento en que esto sucede queda homologado por la aparición del Paco en nuestra sociedad, que aparece a la vera de las cocinas de cocaína. Antes la cocaína llegaba procesada, lista para su consumo; ahora se elabora y fracciona aquí, y con sus deshechos se arma el letal Paco. 

Aquella vez en noviembre, la Iglesia pidió “políticas públicas de corto, mediano y largo alcance” y recordó que “perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado”. Algo importante sucedió desde entonces: en el Congreso se empezó a debatir la “ley de derribo”, que habilita a atacar a todo avión que no se identifique debidamente, luego de un protocolo de advertencias. Todo el arco opositor apoyó la propuesta, pero el oficialismo se dividió en su opinión. Aunque quedó claro que hay un debate pendiente que ya no puede dilatarse respecto de éste y otras formas de combatir a un narcotráfico que actúa pragmáticamente, sin la lentitud que tienen los políticos para dejar de lado las ideologías y ponerse de acuerdo en cuestiones de seguridad y salud pública como ésta.

Este encuentro seguramente estuvo motivado por dar continuidad a lo iniciado en noviembre, con el duro documento en que la Iglesia denunció el avance del narcotráfico y la complicidad del Estado, y el tratamiento trunco de la “ley de derribo”

El vitraux con la imagen de San Carlos Borromeo, en el Episcopado, sirvió de marco para que los políticos se dispusieran a “enfrentar esta emergencia social del narcotráfico y desalentar el consumo de drogas”.

Se comprometieron a impulsar la revisión de las leyes sobre lavado de dinero, el decomiso e incautación de bienes ligados al narcotráfico, crear una agencia federal que enfrente el delito complejo y el control efectivo del espacio aéreo, ríos, mares y fronteras terrestres, y reglamentar un programa educativo sobre adicciones y consumo de drogas, entre otros puntos. 

Todos asuntos que han sido muy descuidados por el Gobierno, al tiempo que como la Iglesia bien denuncia, hay sectores del poder claramente contaminados con el narcotráfico, único modo que este tipo de delitos haya avanzado tanto en la Argentina.

Durante la reunión, los políticos opositores se expresaron claramente frente a la problemática. Mientras Macri pronosticó que “en los tiempos que vienen serán más habituales estas instancias de diálogo”, Massa llamó a la “unidad de las fuerzas federales y fiscales y a la inteligencia criminal para apuntar al dinero del narcotráfico”. Sanz pidió “no legislar más leyes de blanqueos” y prometió derogar la norma que aprobó el gobierno kirchnerista. Stolbizer denunció que el país ya es productor de estupefacientes y Binner lanzó la advertencia más preocupante: “El narcotráfico comienza como un lugar de paso, más tarde de consumo y luego de producción. Coopta a las fuerzas federales y después viene una etapa a la que todavía nuestro país no ha llegado: la financiación de los partidos políticos”. Para evitarlo, pidió fortalecer el diálogo y ser “claros, objetivos y coherentes en esta lucha”.

La dura realidad, como bien señala la oposición y bien sabe la Iglesia, es que cuando el narcotráfico encuentra terreno fácil de sembrar, comienza una rápida expansión de la que luego es muy difícil salir.

La Iglesia argentina, con mucha valentía ha encarado la tarea de alinear a todo el poder político, oficialistas y opositores, detrás del problema del narcotráfico y su visible expansión en nuestro país, y si se mantiene en este camino, seguramente habrá logros con los cuales mejorar la complicada situación que hoy tenemos con el narcotráfico.