La fuga de presos y la necesidad de habilitar más cárceles y alcaidías

Es a alarmante la gran cantidad de presos fugados en los distintos penales del país, lo que pone en evidencia las falencias del Servicio Penitenciario de la Argentina, que se suman a otras de nuestro sistema judicial. A lo largo de todo el territorio nacional, fueron 134 reos los que se fugaron durante 2013 y ya son 34 los que lograron escapar en las primeras dos semanas de este año, es decir a razón de más de dos por día. Entre los evadidos hay condenados por homicidio, secuestro extorsivo, robo calificado, entre otros delitos. 

Desde la insólita fuga de cinco presos en plena autopista Riccheri, hasta el escape de 13 presos del penal de Ezeiza en agosto pasado y que le costó la cabeza al entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, hubo muchos otros episodios donde presos ganaron la calle, muchos de ellos sin ser vueltos a capturar. En reemplazo de Hortel, el Gobierno designó a Alejandro Marambio, un hombre cuestionado por organizaciones de derechos humanos y que ya había estado previamente en el cargo. Pero su segunda gestión al frente de la repartición también se terminó pronto: acaba de renunciar por “cuestiones personales”, pero en realidad es en el marco de la profunda crisis en la que está inmerso el Servicio Penitenciario Federal, que además tiene su correlato en los sistemas carcelarios de prácticamente todas las provincias, con principal hincapié en el de Buenos Aires, que concentra el mayor porcentaje de personas procesadas y condenadas.

En lo que va de 2014, el 1º de enero se fugaron en Mendoza dos hombres que habían sido detenidos el día anterior. El 2, en Santa Fe, seis reclusos huyeron del penal de Coronda sin que los vieran. El mismo día en Misiones, un acusado de abuso sexual atacó a una policía y se evadió. Al día siguiente, en Chaco se fugaron dos reos de la alcaidía Sáenz Peña. Un día después, en Vera, Santa Fe, se fugaron cuatro sujetos de una alcaidía. El 10, un condenado por homicidio desapareció de la cárcel de La Rioja. El 13, cinco menores se escaparon del Centro Cerrado Nuevo Dique, de la localidad de Abasto. El pasado miércoles, el sicario narco Juan Domingo Ramírez se fugó de la Jefatura de Policía de Rosario; el jueves dos presos escaparon de la Comisaría 5ª de Río Gallegos y al mismo tiempo 10 se evadieron de una comisaría de La Tablada.

Lo cierto es que los distintos escapes, algunos que rayaron en lo absurdo y otros que se basaron en planes milimétricamente pensados, dejaron al desnudo los problemas estructurales del sistema carcelario del país, cada vez más obsoleto e inseguro.

Las cárceles en la Argentina, en tanto, siguen siendo eso de lo que nadie (ni los políticos ni los votantes) quieren saber demasiado. Un territorio ajeno y temido. Pero allí hay una nación en miniatura, con alrededor de 60.000 personas y otras tantas que deberían estar adentro, pero que por diversas circunstancias, pululan por las calles alegremente. Y es este, justamente, el punto en cuestión: ¿son necesarias más cárceles para los condenados o alcaidías para el caso de los procesados? Vista la situación actual, con centenares de personas alojadas en comisarías y otras tantas gozando de beneficios que ya no tienen nada de extraordinario de tan comunes que se hicieron como, por ejemplo, el arresto domiciliario, la respuesta es definitivamente afirmativa.

En el marco de la teoría es discutible qué sistema de penas es aplicable, pero en términos prácticos, por la situación de desmadre que el delito evidencia en Argentina, urge la habilitación de mayores espacios para la comunidad carcelaria, ya sea tanto para quienes están condenados y merecen condiciones de habitabilidad más dignas, sino también para poner tras las rejas a muchos sujetos a los que los jueces, bajo el pretexto de que “no hay cupo”, los mandan a sus casas a cumplir una condena, lo que equivale –como dice el dicho popular- mandar al zorro a cuidar el gallinero, porque el que es delincuente por naturaleza o de profesión, no se queda en su casa por más pulsera o tobillera satelital que le hayan colocado.

La ecuación es sencilla: si todos coincidimos en que han aumentado los índices delictivos, en alguna proporción debieran haberse incrementado las plazas para alojar a los delincuentes. Sin embargo, hace 17 años que no se inaugura una cárcel en Argentina (la última en Ushuaia, cuando la denominada “Del Fin del Mundo” pasó a ser museo).

La falta de cárceles no es la única falencia que tiene en su conjunto el complejo problema social que, para sintetizarlo, se ha dado en llamar “inseguridad”. Pero es una de sus patas fundamentales para sacar de circuito a muchos delincuentes, al menos por un tiempo, y procurar su reinserción. Muchas veces la Policía captura, pone a disposición de la Justicia al delincuente y al otro día lo ve otra vez en la calle, delinquiendo. Los jueces no son adeptos a dar explicaciones de por qué los liberan y los policías, que muchas veces arriesgan sus vidas para atrapar a un ladrón, se desmotivan para la próxima acción. La causa más común para entregar el beneficio del arresto domiciliario es la falta de lugar en los establecimientos carcelarios o alcaidías.

En Pergamino hay un viejo reclamo que es la construcción de una alcaidía para alojar a los procesados por distintas causas penales mientras esperan su condena, con el fin de que durante ese lapso no permanezcan en las comisarías al cuidado de personal policial que de esa manera debe cumplir una función que no le es propia y debe desviar su verdadera actividad que es la prevención del delito.

Bien sabido es que la comunidad pergaminense está a la espera de esa alcaidía desde hace casi 10 años, cuando comenzó el planteo local ante las autoridades provinciales, por entonces comandadas por el gobernador Felipe Solá, atentas a la creciente inseguridad que se padecía. Naturalmente, aquellos índices delictivos quedaron desactualizados, ante lo cual hoy más que nunca es necesario que un establecimiento de esas características para alojar detenidos se construya en Pergamino.

Como puntos a favor para lograr que la Provincia edifique aquí una alcaidía, las autoridades locales demostraron sobradamente que se trata de una gestión que lleva años y que hay un compromiso asumido por la Gobernación, más allá del cambio de mandatarios y funcionarios en la administración bonaerense. Pero además hay una serie de tramitaciones definidas, con lo cual el camino está totalmente allanado como para que la Provincia desembarque con la inversión. Entre esas gestiones está la donación de los terrenos en Villa Da Fonte -un dato no menor- y también está superada la instancia de debate sobre la conveniencia o no de la radicación de una alcaidía en Pergamino.

Con estos argumentos ya no caben más dilaciones en relación a la edificación de una alcaidía, que es considerada como uno de los pilares principales para la lucha que se debe librar contra la inseguridad. Pero pasan los años y, al igual que la obra de la autovía Pilar-Pergamino, el sueño cada tanto se desvanece.

Naturalmente que la edificación y puesta en marcha de una alcaidía no va a ser la solución a tamaño y complejo problema, pero es una de los pilares para contener, al menos en parte, la actividad de los delincuentes.