La esencia de la democracia es el imperio de la ley

La Justicia laboral decretó el embargo de 809.790.710 pesos a la Federación de Camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano, por haber incumplido la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre del año pasado. La noticia causó impacto porque de tanto no aplicar las leyes en la Argentina, la mayoría de la ciudadanía no sabía que existía siquiera la posibilidad de multar ante el incumplimiento de una conciliación. Si bien es relativamente moderna la modalidad de incumplir la conciliación obligatoria, una medida antes muy respetada por los gremios, como corresponde por otra parte, últimamente su aplicación había pasado a formar parte de un folklore en el tironeo de las negociaciones, al punto de haber pasado de ser de naturaleza obligatoria a optativa, según el gremio en cuestión tuviera más o menos ganas de acercar lazos con el Gobierno.

Como siempre, pisamos un umbral de degradación institucional más como es no cumplir esta medida que es claramente compulsiva y es una prerrogativa del Estado su uso cuando del otro lado de la mesa se van de la raya y afectan servicios esenciales con su protesta. Al fin, es potestad del Estado echar mano a las leyes que beneficien en general y no en particular.

El juez laboral José Ignacio Ramonet determinó la medida un día después del pedido que hizo el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca. Y aunque en el Gobierno no se asombraron por la celeridad del fallo y aseguraron que este tipo de trámites no deberían tener demoras, al hombre de a pie sí le puede llamar la atención la rapidez de este fallo cuando en general la Justicia es claramente lenta en otros. Sin embargo, la medida se ajusta a derecho y en buena hora si lográramos esta celeridad en las causas en general.

El magistrado libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que traben la medida por una suma de 266.930.023 pesos, que se calcula para responder intereses y costos. De esta manera, la multa al gremio de Moyano superaría los 1.000 millones de pesos y sería un récord.

Ahora bien, ¿es antojadiza la cifra? ¿Cómo se llega a semejante suma de multa a aplicar a un sindicato por grande que sea? No hay ninguna improvisación en esto, ya que el monto se estableció según la Ley Nº 25.212, que indica que el cálculo es del 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil al momento del incumplimiento que es 4.430 de pesos (tienen suerte de que el salario sea ridículamente bajo) multiplicado por la cantidad de afiliados (182.797). La cuestión es que la cifra resulta enorme porque el mismo porte del sindicato es la que la amplía.

Hace una semana Hugo Moyano había activado su defensa. En el terreno judicial, apeló la sanción que le impuso el Gobierno y en paralelo, y rodeado por la cúpula de su gremio, amenazó con un paro nacional y movilizaciones callejeras. Ayer nomás sus hijos, Pablo el camionero y Hugo el abogado, analizando el fallo judicial amenazaban también -cada uno en su estilo- con conflictos que irán más allá de lo judicial.

Si a usted como ciudadano le sorprende que el Estado haya multado a un sindicato, imagínese como se habrán sorprendido los Moyano, que siempre se movieron como quisieron  y, bajo amenaza de paralizar el país, obtuvieron de cada gobierno lo que buscaron. Nunca temieron, evidentemente, que alguien se atrevería a aplicarles el Código, letra por letra.

Ahora empieza la otra negociación, para salir de este escollo. Hugo Moyano (h) dijo que no es normal y es exorbitante el monto y la rapidez en cómo se resolvió. “No tiene antecedentes ni en la Argentina ni en el mundo. Viola todas las normas de fondo y de procedimiento”, declaró. Aseguró además que para determinar que se violó la conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo hizo inspecciones en solo seis empresas. La cuestión es que el 19 de julio pasado, Trabajo fijó una multa de casi 810 millones de pesos por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017, durante una protesta en reclamo de un bono de fin de año.

Al enterarse del fallo adverso, Moyano convocó a su círculo íntimo en el gremio para definir una estrategia. En la intimidad, el jefe camionero vinculó la celeridad del fallo con su enfrentamiento con Mauricio Macri. ¿Y si como siempre nadie activaba este recurso, entonces Macri era amigo? ¿Cuándo entenderemos que la ley es la ley, que está para aplicarse y cumplirse?

El imperio de la ley es el sostén de la democracia que, a su vez, es el sistema de gobierno que todos, a ambos lados de la grieta, abrazamos y aspiramos a mantener. Si se la ignora, tanto al no aplicarla como al no cumplirla, es entrar en una lisa y llana anarquía, en un todo vale. Y en casos como el del Gobierno y los camioneros, donde hay fuertes luchas e intereses encontrados, es la ley y su aplicación el único camino a cursar para llegar a una solución, que seguramente no conformará a todos. Lo mismo sucede con las normas: algunas pueden complicarnos y no gustarnos, sencillamente porque no están pensadas en beneficio de unos sino para el bien general. Los camioneros son un buen ejemplo: si no se les pone un coto legal a sus medidas de fuerzas el perjuicio es general. Es lógico que no les guste la ley por la cual fueron embargados, pero habrán de acatarla porque es concebida como bien de la mayoría.     

El tema de aplicar las normas, algo tan sencillo como eso, pero siempre esquivado en la Argentina, es lo que nos tiene en vilo en este caso. Y cómo ordena a la sociedad esta actitud de recurrir a la ley. Es claro que el Suteba de Roberto Baradel tuvo que ir al paro en la provincia de Buenos Aires valiéndose de un ardid armado por la Ctera, que llamó a un paro nacional. Pero el resto de los gremios docentes de la provincia no pudieron ir al paro al no ser parte de la Ctera, porque debían cumplir la conciliación obligatoria pedida por la autoridad bonaerense. Ante la multa a Camioneros, rápidamente los gremios entienden que hay que caminar por donde marca la norma y enseguida se ven resultados.

La ley en la Argentina y en todas partes del mundo tiene una característica común e indubitable: es imperativa. Lo que implica que se debe aplicar y se debe cumplir, caso contrario se sufre una penalidad. La falta de aplicación de las normas en nuestro país ha llevado a una suerte de anomia que genera la idea peregrina de que la ley puede ser fácilmente burlada, ignorada o salteada. Y de revertir estas cuestiones básicas se trata el encaminarnos a ser un país serio o seguir jugando al país adolescente donde cada uno hace lo que quiere y así nos va.