La educación, entre el debate por la esencialidad y lo que anula el verdadero debate

De un tiempo a esta parte la totalidad del debate público cae en la tentación de introducirse en la grieta y la cuestión educativa parece no ser la excepción. A pesar de ser una cuestión que debería estar ajena a cualquier bandera partidaria, el cruce de declaraciones entre referentes del oficialismo y la oposición; y entre funcionarios y sindicalistas, no hacen más que confirmar que la discusión se reduce al posicionamiento político de la voz de quien opine sin que impere la vocación cierta de hacer primar la búsqueda de los consensos necesarios para que la educación vuelva a ser la prioridad, en un contexto tan delicado como el de la pandemia que exige reconfigurar la práctica educativa de un modo medular.

El más reciente capítulo de esta saga interminable estuvo dado por la discusión sobre la declaración de la educación como un servicio esencial, algo que de establecerse obligaría a regresar a la presencialidad por cuanto en la emergencia sanitaria no se podría prescindir de la educación y de las escuelas abiertas. 

Antes había sido la oposición encolumnada en la figura del expresidente Mauricio Macri que bajo la figura de una fundación creada para promover el derecho a la educación, dio pie al inicio de una campaña sostenida de apoyo a la vuelta a las aulas impulsada por líderes políticos en diversos lugares del país.

En el marco de las múltiples disquisiciones que envuelven el regreso a la educación presencial, fue el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien interpeló al exjefe de Estado y de inmediato los argumentos cayeron en la “grieta”, al considerar que la iniciativa de Juntos por el Cambio de declarar a la educación como un servicio público esencial, es un argumento falaz detrás del cual se esconde “una intencionalidad política”.

De la mano de estas apreciaciones hubo en los últimos días dirigentes sindicales de los principales distritos el país que señalaron que “nadie está dispuesto a suicidarse en masa” por lo que podría significar una ola de contagios a partir del retorno a las aulas.

A uno y otro lado del arco político e ideológico, los fundamentos que se esgrimen no hacen otra cosa que anular el debate, porque apelan a la descalificación. Se recurre a la chicana cuando se señala que el principal funcionario de la cartera educativa nacional tiene por jefe a un sindicalista. Y se apela a lo mismo cuando ese mismo funcionario tilda de hipócritas a los referentes opositores.

Y lo que está ausente es el consenso en términos educativos. Y una reflexión profunda respecto de cómo el país va a asumir la titánica tarea de construir una “nueva normalidad para la escuela” que garantice los saberes y que sea la base de sustentación para encarar cambios profundos en el modo de enseñar y aprender que se necesitaban antes de la pandemia.

Nadie habla de lo que se hizo durante el año para asegurar mínimas condiciones de infraestructura educativa en todos los distritos. Tampoco se habla de la necesidad que los chicos tienen de revincularse socialmente a partir de la escuela. Menos de lo que ha pasado con los aprendizajes en un camino que ha sido desigual.

A esta altura de la historia nadie debería discutir la esencialidad de la educación. Esta tragedia que afecta al mundo ha demostrado el valor que tiene el conocimiento. Sin embargo, Argentina se empeña en no dar esa pelea y siempre queda encorsetada en la problemática de coyuntura sin poder mirar el largo plazo.

Antes de la pandemia, cada inicio del ciclo lectivo estaba teñido por la discusión paritaria y por la falta de acuerdos mínimos para garantizar el comienzo de clases. Y esa discusión anulaba otras tan importantes como la formación docente y las condiciones de trabajo en las que ejercen.

El año pasado la centralidad del debate estuvo dada por la utilidad o no de la virtualidad como herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Y poco se pensó en cómo instrumentar los protocolos, que si bien se diseñaron, nunca se pusieron a prueba de la realidad.

Quizás tiene razón el ministro de Educación de la Nación cuando sostiene que la educación ya es esencial y que lo esencial no lo da una norma y que el camino no es poner a los docentes como parte del problema sino como la solución.

Pero no menos cierto tal vez es el planteo opositor respecto de que es irreparable el daño generado tras un año sin clases presenciales.

Entre argumentos tan contrapuestos, la tarea quizás sea construir esos consensos que se abandonaron hace tiempo para encontrar el modo de devolverle al país y a las generaciones futuras la posibilidad real de recuperar la senda de la educación como llave para conquistar la igualdad en términos de oportunidades y para aspirar al progreso.

Sin dudas en el contexto de la pandemia, sin descuidar el apego a las normas sanitarias y con una mirada atenta sobre la realidad de cada lugar, el retorno a la escuela tendrá su particularidad en cada parte de la microgeografía; pero la verdadera discusión sobre la educación y el modo en que se le va a devolver a la sociedad el capital que brinda el conocimiento debe ser federal y lo más plural posible, para no abortar la chance de modificar algo de todo lo que pasa y que tiene consecuencias inconmensurables.