La discusión electoral sobre el sistema universitario, un diálogo social necesario

En los últimos tiempos el tema del ingreso irrestricto a las universidades públicas abrió una grieta, por cuanto el tema se introdujo en el debate a partir del proceso electoral y generó no pocas controversias. El país cuenta con una larga tradición en materia educativa y la calidad del conocimiento que se genera en las universidades es reconocido internacionalmente. Sin embargo, la cuestión de "privatizar la universidad" abrió la conversación y motivó que los aspectos medulares de esta iniciativa salieran del slogan y pusieran sobre la mesa cierta cuota de preocupación no solo en aquellos que eligen seguir una carrera universitaria y acceden a esa posibilidad precisamente porque el sistema ofrece alternativas para que puedan hacerlo, sino en quienes tienen a su cargo la responsabilidad de conducir el destino de esas instituciones y que por estas horas definen cuestiones estratégicas para garantizar el sostenimiento del sistema, en un contexto que se plantea incierto.

Aunque el sistema universitario es autónomo, las políticas públicas que se anuncian en materia educativa amenazan de algún modo esa autonomía, no solo por lo que se plantea en términos de arancelamiento sino por las propuestas que se plantean en torno a instituciones de ciencia y tecnología que trabajan en sinergia con las universidades públicas.

El futuro de la política universitaria es lo que se debate.

En este contexto, en el reciente Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se acordaron criterios y metodologías para la formulación presupuestaria del conjunto de las universidades. La propuesta busca garantizar el funcionamiento del sistema universitario, porque contiene los acuerdos paritarios y la actualización de los gastos de acuerdo con la inflación proyectada.

La iniciativa busca generar un marco de certidumbre en un escenario complejo y signado por anuncios que, los actores del sistema entienden puede avasallar la autonomía, uno de los principales valores de la educación universitaria en Argentina.

El consenso alcanzado por los rectores ratificó los acuerdos sobre los cuales venían trabajando en el sentido de instalar un fuerte debate sobre la importancia de la educación pública e insistir en la vocación de trabajar por el bien común a partir del fortalecimiento del sistema universitario argentino. 

El posicionamiento fue claro en relación a sostener el andamiaje institucional existente y no es contradecir el espíritu de un debate electoral que entienden debe transitar por otros andariveles.

En este sentido, la sociedad en su conjunto está llamada a hablar de políticas públicas más allá de los planteos partidarios y a asumir una postura clara en relación a aquello que está dispuesto a poner en debate o legitimar por su valor.

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y el funcionamiento del sistema educativo en general, y del sistema universitario en particular, se han puesto como nunca antes en el centro de la escena. En este aspecto, el momento es propicio para establecer qué sociedad quiere construir el conjunto y qué pretenderá de su sistema educativo.

En materia universitaria en cuarenta años de democracia el sistema multiplicó por siete la cantidad de estudiantes y la totalidad de las instituciones está abocada desde hace tiempo a acompañar ese crecimiento con premisas de calidad que contribuyan al desarrollo. Sin ningún lugar a dudas, la discusión sobre la pertinencia de las ofertas educativas, la duración de las carreras, la vinculación con las instituciones y las alianzas con el mundo del trabajo son discusiones imprescindibles y urgentes. Pero acotar el debate solo a la cuestión del ingreso y sujetar el financiamiento a variables propias del mercado, es un reduccionismo peligroso. El debate debe ser abarcar las múltiples dimensiones que supone el funcionamiento de instituciones en las que no solo se forman profesionales, sino que se forman ciudadanos comprometidos con la sociedad de la que son parte. 

Para propiciar este debate, y abrirlo a la sociedad, la Declaración de San Luis formulada por los rectores de las universidades públicas del país, pone sobre la mesa y por fuera del debate electoral una serie de tópicos sobre los que se requiere reflexionar y trabajar para asumir como sociedad la cuota necesaria de responsabilidad que se tiene sobre un sistema que es no arancelado, pero tampoco es gratuito. Porque las universidades no funcionan gratis, sino que son sostenidas por el esfuerzo que toda una sociedad hace al pagar sus impuestos.

Cuando se debate el arancelamiento y se piensa en sistemas de "Vouchers" y estrategias parecidas, lo que se pone en discusión va mucho más allá de eso.

Antes estas cuestiones quedaban lejos de nuestra geografía, hoy están más cerca porque desde hace dos décadas la ciudad cuenta con una universidad pública y tiene delante de sus ojos la posibilidad de decidir qué futuro quiere para ella.

El tiempo que le toca atravesar al país ha puesto esta cuestión entre las prioritarias y como ciudadanos, los argentinos tienen el privilegio de observar de cerca, de ser no solo testigos sino protagonistas y asumir que detrás del funcionamiento de la educación superior hay políticas públicas.

¿Cuál es la medida de ellas?

Sin dudas, la medida de las políticas públicas es satisfacer las necesidades de quienes las solventan y entienden que un país que pretenda desarrollarse el máximo de su potencialidad debe tener un sistema de educación superior sólido y sostenido en los valores que han forjado su historia.

Nadie discute que la cuestión educativa debe estar en el centro del debate cuando se piensa en la transformación. ¿Pero el recorte debe empezar por la educación? ¿Ese es un capital que debe ponerse en jaque? ¿El Estado, cuando habla de achicarse, debe iniciarse por la educación? ¿La reducción de la educación pública es la medida necesaria para lograr el ansiado equilibrio fiscal?

Detrás de lo que debaten los candidatos en el terreno electoral están estos interrogantes. De las respuestas que se den a estas y otras preguntas, depende en parte el futuro. La sociedad no tiene posibilidades de no participar de este diálogo, porque precisamente elegirá qué camino tomar. Responderlas con actitud cívica y madurez democrática es una obligación irrenunciable de este tiempo.