La designación por decreto de jueces de la Corte generó las primeras críticas a Macri

Si bien está dentro del marco de la ley, Mauricio Macri tuvo que salir a explicar su polémica decisión de nombrar por decreto y en comisión a dos jueces para cubrir parte de las vacantes en la Corte Suprema de la Nación. Los ámbitos del constitucionalismo y su propia alianza electoral Cambiemos, además del arco opositor –lo que era esperable- criticaron duramente al mandatario. 

En un acto de demostración de poder y para eludir  la intensa presión de peronistas y radicales, designó por decreto dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Con esa decisión evitó el paso de los pliegos por el Senado de la Nación, aunque la aprobación de este cuerpo sigue siendo necesaria. Por eso los nuevos jueces están “en comisión” en los puestos de los jubilados Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni hasta que los senadores los convaliden o los rechacen al iniciarse el período de sesiones ordinarias, en realidad, pueden tratar este tema durante todo el período por lo que la condición puede ser la misma hasta el cierre de sesiones de 2016. 

Si lo que quería Macri era una Corte completa para que pueda trabajar, la alternativa era convocar a sesiones extraordinarias, pero estratégicamente el mismo día que asumió dijo que no lo haría. A primera vista parecía un acto congruente con el discurso macrista de no interferir en la independencia de poderes y de apego al orden institucional. “Sonaba” a que no abusaría de ese recurso. Pero, a la luz de los hechos, queda claro que su decisión tenía que ver con no tener impedimentos para instaurar los cambios que tenía previstos. Y el número en el Senado es un escollo para el oficialismo. 

Esos nombramientos sucedieron tras anuncios de medidas económicas, como la baja de retenciones que anunció aquí mismo en Pergamino y de decisiones políticas, recibidas con el beneplácito de importantes sectores sociales. Es así como Macri conoció, por primera vez, la resistencia de propios y extraños por el método elegido para designar a dos de los cincos jueces supremos del país.

Sobre la legalidad de la medida, vayamos a las normas: el artículo 99 de la Constitución, inciso 19, dice textualmente: “(El Poder Ejecutivo) puede llenar los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”. Los jueces de la Corte Suprema requieren el acuerdo del Senado, y la jubilación de Fayt, que se hizo efectiva el 11 de diciembre, ocurrió durante el receso del cuerpo legislativo. Puede concluirse, por lo tanto, que la decisión es legal. Aunque éticamente cuestionable, ya que la Corte podría funcionar con tres miembros hasta que se reúna el Parlamento.

Esta decisión le costó a Macri el primer cortocircuito con sus aliados de Cambiemos, esenciales en la carrera para llegar al poder. Algunos radicales se animaron a decir en público lo que muchos otros hablaban en privado luego de la sorpresa inicial. El senador Julio Cobos y el diputado Ricardo Alfonsín fueron los primeros, pero luego se sumaron las autoridades de la UCR en el Congreso: el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) y el senador Angel Rozas (Chaco).

Todos reconocieron que los antecedentes de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para llegar al alto tribunal son intachables, pero la metodología elegida no se condice con la prédica republicana en la que coincidieron Pro, la UCR y la CC-ARI. Además  se sumó el hecho de no haber sido consultados y enterarse por los medios de las flamantes designaciones.

Ayer mismo Macri citó a la cúpula de la UCR, con su flamante presidente José Corral como cabeza de la delegación, Negri y Rozas. El objetivo es explicar la medida y calmar los enojos de los socios políticos. Porque a una semana de gobernar es un inconveniente mantener un conflicto con sus compañeros  de ruta, porque este tipo de problema si no se arregla en el momento, luego termina en una crisis.

A Cobos y Alfonsín, se les sumó el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra. Como contrapartida, el extitular de la UCR Ernesto Sanz, Corral y muchos otros dirigentes apoyaron sin reticencias las designaciones, porque era una decisión de Macri. Fernando Sánchez, jefe de bloque de diputados de la Coalición Cívica, consultó el tema con su jefa política, quien se encuentra de viaje. Y dijeron que si bien el decreto es legal, hubiera sido preferible que el gobierno de Macri enviase los pliegos de los candidatos al Senado y se vote con los dos tercios como establece la Constitución Nacional.

Desde el macrismo, fueron unánimes a favor del presidente, dado que consideran que ambos miembros quedarán firmes sólo cuando los vote el Senado, este fue un paso previo necesario por los pocos miembros que quedaban en la Corte. Dicen que la Constitución ha sido respetada y el proceso de consultas y selección de candidatos se ha abierto en el Ministerio de Justicia como corresponde.  No obstante, aunque no públicamente algunos legisladores del Pro reconocieron que fue un error político, porque este antecedente será utilizado hasta el cansancio en las sesiones legislativas y hasta se corre el riesgo de que incluso la negociación con los sectores no macristas se complique a la hora de la ratificación de los cargos.

Según dos de los encargados de proponerle nombres a Macri, los postulantes debían tener tres requisitos: tener menos de 60 años, ser constitucionalistas y no ser conocidos por él mismo, esta fue una promesa de campaña que cumplió, pero la realidad es que el procedimiento, por más legal que resulte, hace ruido en la sociedad, porque no hay ninguna razón válida para no convocar al Parlamento, salvo la problemática política que no es menor, ya que el presidente no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.

No podemos aseverar sobre una intención de conformar una Corte adicta ni que ello haya sido el motivo de la intempestiva decisión de los nombramientos. Tampoco esta decisión es última sino operativa y condicional hasta que se retome la actividad parlamentaria. Es decir, desde lo técnico y lo funcional, se ajusta a derecho y puede ser revertida. Pero en cuanto al efecto social, no ha sido una buena decisión.