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La crisis catalana que tiene en vilo a España y a Europa

03 de octubre de 2017 a las 12:00 a. m.

La crisis más grave en 40 años de democracia en España está en marcha a manos del gobierno separatista catalán, que embanderado en un válido reclamo avanzó contra toda norma constitucional española, llamando al referéndum para consultar si constituían o no una nación independiente. Triunfó el sí por el 90 por ciento, aunque es de advertir que han votado 2,2 millones de ciudadanos (de un padrón de 5,3 millones). Y, al fin, el escrutinio es un acto de fe, porque la acción judicial bloqueó el sistema informático en los centros electorales y no había fiscales de las dos veredas. Precisamente como el gobierno de Mariano Rajoy había declarado ilegal la consulta popular, por considerar que la Constitución nacional no contempla la posibilidad de realizarla para separar territorios del país, todo fue muy complejo.

Lo cierto es que el gobierno de Cataluña se lanzó a la insurrección, lo que generó como respuesta una brutal represión de parte de la administración central madrileña, la que dejó más de 800 heridos. 

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Trazando un artero paralelo como para dimensionar el tenor de los actos que ocurrieron el domingo, es como si una provincia argentina que comparte, además del idioma español, una lengua nativa y una historia común, como bien podría ser Santiago del Estero, convocara unilateralmente a una consulta a los ciudadanos, que son argentinos y se rigen por la Constitución Nacional. O si nuestra Buenos Aires planteara, bajo el argumento económico de ser la provincia que más aporta a las arcas nacionales y la que menos recibe en la redistribución, que consultará a los bonaerenses si quieren independizarse de Argentina. Desde esta visión, de lo legal, es que este referéndum se consideró improcedente. Lo que no invalida la pretensión de base.

Tratándose de un acto que las autoridades nacionales habían catalogado como inconstitucional, quienes concurrieron  a votar sabían que se enfrentarían con las fuerzas del orden, llamadas a hacer respetar la ley. No esperaron seguramente la brutalidad de algunos episodios pero sin dudas fueron a buscar el choque que les permitiría una cobertura internacional del tema y sobre todo evidenciar la negativa contundente del Gobierno central a la independencia de esta comunidad autónoma.

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Las imágenes televisivas -porque al fin nosotros opinamos con un mar de distancia- fueron muy violentas, mostrando personas que fueron golpeadas y arrastradas sin piedad; hombres y mujeres que tenían como arma solo la boleta para votar. Pero tampoco, a miles de kilómetros y sin conocer en profundidad las particularidades que siempre se esconden detrás de cada movida de este tipo, podemos sustanciar una opinión valedera a partir de lo que muestran los medios de comunicación.

Para complicar más la situación y sabiendo que a los catalanes esos actos represivos al fin los terminaron sensibilizando, el gobierno de Cataluña no solo se lanzó a la insurrección; al cabo de la violenta jornada el presidente regional, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de avanzar esta semana con una proclamación unilateral de la independencia en 48 horas y llamó a un paro general para hoy. Evidentemente la situación no hace más que escalar y a estas horas no sabemos hasta dónde llegará. Porque los independentistas resistirán en la calle. Lo demostraron, cuando ocuparon cientos de escuelas para impedir que la Policía cumpliera la orden judicial de cerrarlo. Los Mo-ssos d’Esquadra, la policía autonómica, se presentaron a labrar actas en los centros, pero desistieron de desalojarlos pese a la orden que les había girado la Justicia. Complicada la situación de ellos por ser catalanes y vecinos pero asalariados por el Gobierno central con sede en Madrid.

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La revuelta en Cataluña pone a Rajoy contra las cuerdas frente a una situación que dejó desmadrar; no es nuevo el planteo de la Generalitat pero siempre fue “pateado” hacia adelante. Y la jugada está resultando demasiado cara. Cabe señalar que si Rajoy es hoy el presidente de Gobierno es porque contó con el respaldo político del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat). Ese apoyo recibido respondió a la falta de afinidad del partido de Puigdemont con el socialismo, específicamente con Rodríguez Zapatero, y ese triunfo general de Rajoy también benefició al catalán, ya que le llevó no pocos votos al PDeCat, aunque no le alcanzaron en abril pasado para superar al ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), el partido independentista de Izquierda.  Es decir que quienes hoy se enfrentan fueron hasta ayer aliados.  

Claramente, el Gobierno español debió mantener esos canales de diálogo siempre abiertos, sobre todo cuando si buceamos en las razones de esta insurrección hay una suerte de cuestión de coparticipación económica, dicho sin faltar el respeto a las razones históricas, étnicas, idiomáticas que esgrimen los catalanes. Pero lo cierto es que junto al País Vasco son las dos regiones más productivas de España, las que más aportan en términos duros al tesoro nacional y sin embargo no reciben en compensación lo necesario. Y la verdad es que la tentación de un país pequeño y rico es muy grande en estos casos. Obviamente que detrás de los catalanes los vascos se frotan las manos porque, al fin, también tienen un claro germen separatista histórico. Imaginemos por un momento que esto sucediera en la Argentina con la provincia de Buenos Aires, que es la que más aporta riqueza al Tesoro y la que menos recibe en proporción. La diferencia es que aquí la gobernadora María Eugenia Vidal recurrió a la Corte Suprema, la que seguramente le dará la razón. En fin, si es por razones todos los países tienen un motivo.

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Rajoy comprende la gravedad de que parte del país se quiera separar, pero no termina de entender que el camino de los palos traerá más insurrección porque allí y en cualquier nación, la violencia cuando se desata no hace más que escalar. Se nota su desconexión con lo que viene porque desde el Palacio de la Moncloa, defendió la actuación de la policía ante “quienes violan la legalidad y rompen la convivencia”  pero las palabras contrastaban con la potencia de las imágenes de miles de personas agolpadas en los colegios habilitados por la Generalitat para consumar su acto de desobediencia.

Al fin, la represión sufrió el efecto buscado por los separatistas, los catalanes se indignaron contra el Gobierno central y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, algo ambigua cuando se trata de posicionarse sobre la ruptura, lanzó: “Rajoy es un presidente cobarde que inundó de policías nuestra ciudad”. Al fin Rajoy perdió definitivamente a quien podría haber sido una aliada.

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Para la Unión Europea es una verdadera pesadilla la situación catalana porque muchos de los países miembros tienen zonas más o menos rebeldes y no quieren arriesgarse a que cunda el ejemplo de que cuando una provincia lo decida, se va de su nación sin más. Puigdemont juega con esta situación e insinúa que si apareciera un mediador… quién sabe podría desistir del paso final de la independencia, como respuesta la UE se ofreció a mediar, pero Rajoy dijo que convocaría a todas las fuerzas políticas a dialogar, negándose, con lógica de primer ministro, a que otros países se infiltren para resolver una cuestión doméstica. De todos modos, desde afuera, la UE ya tildó de ilegal el referéndum.

La crisis no solo no ha terminado sino que atraviesa un pico de violencia del que es difícil volver, Europa está toda en alerta esperando las definiciones que deben darse en España, una península a la que costó un par de siglos unificar y que nunca que recordemos tuvo tranquilidad al respecto, porque cuando no fueron las décadas de la violencia de la Eta vasca, ahora se suben al escenario los catalanes. 

 

Esta cuestión tiene una sola salida que es el diálogo, una distribución de la riqueza más justa y quién sabe un nuevo “Pacto de la Moncloa”, aquel que salvó a España de las garras de volver a la dictadura.

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