La corrupción nuestra de cada día

Sigue abriéndose a la luz pública el entramado de corrupción que parte, invariablemente, de fondos estatales y sus evidentes desvíos con la complicidad de sectores privados. Siempre es así, porque en todo hecho ilícito que involucra a funcionarios hay civiles (por llamarlos de alguna manera) que participan.

La Argentina vive en estos momentos situaciones de enojo e impotencia porque suceden dos cosas simultáneas: a medida que más se sabe sobre el modo descarado en que se ha robado en este país, paralelamente la Justicia no da las respuestas que se corresponden a los hechos.

Para poner un ejemplo concreto, en estos días pudimos ver en la televisión abierta (que llega a todo el país) cómo el hijo de Lázaro Báez, el contador Pérez Gadín, su hijo  y el exmarido de Ileana Calabró, Fabián Rossi, contaban (en pleno cepo, año 2012) millones de dólares y euros que luego se embolsaban y ni podían ser arrastrados de pesados que eran los bultos. La escena no era nueva para los argentinos; el lugar era una mesa de dinero clandestina de “La Rosadita” y el escándalo, el mismo que lleva tres años en la Justicia tras las declaraciones y retractaciones de “Leo” Fariña y Federico Elaskar, que vendrían a ser los eslabones díscolos de esta cadena de lavado de dinero.

A prima facie, y siguiendo la ya conocida “ruta del dinero” no hay dudas que se trata de una maniobra de evasión. Lo que queda por comprobar es el origen de ese dinero, si es lícito o no. Y hace tres años que poco y nada (por no decir nada) ha hecho la Justicia por dilucidarlo.

Lo fácilmente deducible, y en tanto Báez no sea llamado a declarar es la verdad de la calle, lo que estaba en esos bolsos con destino a distintos paraísos fiscales eran dineros públicos, emergente de la obra pública sobrefacturada por Baéz (y con “retorno” a los mismos Kirchner) dilapidados, robados, hurtados frente a un país lleno de necesidades. Ante tanta flagrancia junta en unos minutos de TV, la maquinaria de la Justicia empezó tibiamente. 

Recién ahora, cuando el video se hizo público, el juez Sebastián Casanello (llamado “tortuga” en los programas políticos, no hace falta aclarar por qué) citó a declarar en indagatoria a Martín Báez, a Pérez Gadín y a Fabián Rossi.  Y en los tres años anteriores, con un expediente donde constaban todas las pruebas de las sociedades off shore, de las cuentas en bancos suizos y panameños a nombre de Báez padre e hijo, ¿qué se hizo? ¿Solamente meter preso a Fariña? Aunque sea por presunta evasión fiscal, no hablemos de otras causas que podrían tener un correlato político, pero mínimamente por lavar dinero, no es admisible que Lázaro Báez no haya sido llamado siquiera a declarar por Casanello. Como siempre, los  “perejiles” pagan el “pato de la boda”; en este caso Fariña, al que sí le cayó todo el peso de la ley encima, inclusive por las condiciones en que estaban sus automóviles. 

La causa Hotesur es otro escándalo que involucra a Lázaro Báez y quizá parte del dinero que se está contando sea por esta denuncia. Ya que el empresario de la construcción (que antes de conocer a los Kirchner en el sur era empleado de banco) alquiló por años los hoteles del matrimonio presidencial, por altos montos, sin que se ocuparan las habitaciones. Porque no tuvieron el tino siquiera de “suspender” el alquiler cuando el sur argentino estaba cubierto de ceniza y no volaban ni siquiera los aviones a la región. Aerolíneas Argentinas, presidida por Mariano Recalde pagó 35.000 noches a los hoteles de Cristina Kirchner y su hijo, Máximo. Cristóbal López armó un holding energético y mediático con los 1.000 millones de dólares del impuesto a los combustibles que retenía a sus clientes. 

Y las causas no avanzan como debieran, están detenidas, durmiendo el sueño de los justos. 

De modo que lejos de sentirnos bien cada vez que se destapa un hecho de corrupción, nos genera mal humor y preocupación, porque no vemos como contrapartida que se den los pasos necesarios para que se devuelva todo el dinero robado a los ciudadanos argentinos, además de lograr que vayan presos quienes han cometido delitos y más de esta magnitud. Pensamos en las escuelas, los hospitales, la seguridad, tantos fondos que necesitamos para mejorar la infraestructura y vemos cómo los millones se cuentan con manos sucias y desaparece, se evapora.

La Justicia Federal, altamente politizada, es evidente que mide a quienes están denunciados en los expedientes, sopesa qué poder tienen o si lo conservan y recién allí accionan si es que no le queda otro remedio. Porque en realidad a ningún magistrado (aunque haya excepciones) le gusta verse envueltos en causas que son cercanas al poder. Saben que son fuente de presiones y problemas de acuerdo a los pasos que se den en el expediente.

No obstante, a favor de la Justicia debemos decir que la figura de “corrupción” no existe para el Código Penal, por lo que ningún juez cuenta con las herramientas necesarias para poner tras las rejas a estos delincuentes de guante blanco. Generalmente se recurre a distintas  figuras como “dádivas”, que se considera cuando el sector privado hace “regalos”, “viajes” a funcionarios para los cuales es proveedor; “cohecho” que es la coima de un empresario a un funcionario para que le entregue obras a realizar. También la falta a los deberes como funcionario público que, como su nombre lo indica, refiere a quienes desde el Estado no cumplen con las normas a que están obligados. Y finalmente, lo más grave en figuras delictivas es la “asociación ilícita”, la más difícil de probar porque hace referencia a una banda que se organiza con el único fin de delinquir. Y es la única figura por el que se va preso desde el comienzo de la causa y apenas se prueba. Todas las otras posibilidades tienen baja pena, excarcelable en la mayoría de los casos. Tampoco hay sanciones monetarias. Es decir que en nuestro país, el que le roba al pueblo, no va preso y tiene toda una vida para disfruta “la” que se llevó. Es fácil presumir que quien llega a cualquier puesto, de alto rango nacional o en el escalafón municipal más bajo, con semejantes ejemplos, actuará en consecuencia. Este es un reclamo que hace Sergio Massa, que quiere que se tipifique la corrupción como un delito en nuestro Código Penal. Nuestra legislación penal, no debemos olvidarlo, es rígida, es decir que las figuras que no están en el Código no existen, y el magistrado puede aplicar solo lo que está escrito. Es probable que haya causas en la Argentina que son claros hechos de corrupción y que, sin embargo, sean difíciles de encuadrar en el Código Penal como para que quien o quienes le hayan robado al Estado y al pueblo vayan presos y además devuelvan el dinero. Del mismo modo que ya debería haber ingresado al Parlamento la ley con la figura del “arrepentido”. Esto será clave para lograr que quienes se vean acorralados judicialmente puedan aliviar la pena contando toda la trama en la que está envuelto. Esto permitiría llegar a los peces gordos de la corrupción y no que siempre el hilo se corte por lo más delgado y sean los “perejiles” los que paguen por todo.

Tanto la figura de corrupción como la del arrepentido serían muy interesantes para incorporar a nuestro Código Penal a fin de contar con herramientas más eficaces para evitar uno de los grandes males de la Argentina: la impunidad. Porque mientras nadie tenga responsabilidades por los delitos que comete, nunca se logrará terminar con la corrupción. Y la realidad es que nos negamos rotundamente a naturalizar que nos roben descaradamente, que abusen de nuestro esfuerzo, nuestra credibilidad y desangren nuestras arcas para llenar bolsillos propios.