La Argentina inviable

Expresiones habituales como “el país está mal porque hay pobreza”, “solo salimos si crecemos”, “los argentinos fugan capitales”, “el sector privado no genera empleo”, y muchísimos más que pueblan la páginas de los diarios son falacias que confunden e invierten la relación causa efecto.

La elevada inflación, pobreza, desempleo, el bajo nivel de ocupación, actividad, exportaciones, son consecuencias, no son causas. Son resultados.

La Argentina no es inviable porque la inflación es alta, el crecimiento bajo y la pobreza creciente. Esas calamidades suceden porque el país es inviable. Es exactamente al revés. Lo que tenemos que estudiar es qué significa “inviable” y por qué somos inviables. Por “inviable” se entiende imposibilidad de lograr su cometido. No es una palabra ofensiva. Es una descripción.

La Argentina es inviable porque está mal diseñada en su base tributaria, regulatoria y administrativa. La ecuación fiscal está rota. La relación contribuyente-Estado no tiene retorno.

Esto va más allá de la discusión, necesaria por cierto, del tamaño del Estado y su rol. La Argentina tiene una estructura tributaria inviable, muerta. No tiene chance alguna de resurrección.

Cada uno de los 166 impuestos que rigen en la Argentina (a nivel nacional, provincial y municipal) está mal diseñado. Fomenta la evasión, impide su cumplimiento y es confiscatorio por cualquier lado donde se lo mire. Es por la sumatoria de impuestos que no cierra ningún proyecto de inversión, desde el más sofisticado y asesorado hasta el maxi kiosco o la ventanita de barrio (y por eso no los pagan).

Veamos algunos ejemplos en materia laboral. La carga impositiva directa sobre un salario ronda el 70 por ciento, pero a eso hay que sumarle los impuestos a las ventas y a las ganancias por dichas ventas que surgen de la justificación de dicho salario.

En números, un trabajador cuyo salario sea 40.000 pesos brutos va a recibir en mano 32.800 y el costo laboral directo será de 58.000, es decir 76 por ciento más de lo que recibe en mano el trabajador.

Ahora bien, para poder pagar en blanco 58.000, la Afip exigirá una venta en blanco mínima de 80.000 pesos para poder justificar el pago de IVA, Ganancias e Ingresos Brutos mínimo requerido por la contribución de dicho trabajador al proceso productivo. Esto es así porque la Afip considera que al costo (en este caso el salario) se tolera un 10 por ciento de gastos adicionales y sobre eso la venta debe ser tal que permita pagar IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. Extraño cálculo de las inspecciones y verificaciones hechas por un organismo acostumbrado a ganar plata y no competir nunca en el mercado privado.

El costo impositivo total será el resultado de los impuestos laborales (25.200 pesos) más el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos que como mínimo la Afip exigirá para justificar tal empleo, otros 11.472, es decir 36.672 pesos.

¡Quiere decir que para que un trabajador lleve a su casa 32.800 pesos, el empresario debe generar otros 36.672 para impuestos! O, lo que es lo mismo, por cada peso que el trabajador gana, el Estado cobra 1,11 pesos.

Después vendrá la discusión de “salarios diferidos”, “aportes jubilatorios”, etcétera. Eso es diatriba y humo discursivo. En términos microeconómicos concretos la productividad marginal de un trabajador debe ser el doble de lo que pretende llevarse a su casa.

Si además agregamos que el contrato laboral es por tiempo indeterminado, (casi un matrimonio) con enormes costos de salida, donde el 98 por ciento de las sentencias son contrarias a la empresa y donde una industria de abogados se encarga de hacer de los tribunales laborales los cementerios de las empresas, tenemos el resultado que la contratación de personal es racionalmente inviable.

La prueba más contundente es que el principal evasor en materia laboral es el propio Estado en todas sus jurisdicciones donde sus trabajadores son monotributistas. En el Estado nacional casi 100.000 trabajadoresfacturan sus servicios sobre una planta total de 800.000 algo inadmisible en el sector privado.

La inviabilidad en materia fiscal: Argentina tiene 166 impuestos y 100 mecanismos de recaudación anticipada vía el sistema de percepciones y retenciones. No hace falta extenderse en ejemplos para concluir que esto es inviable. Un detalle de cada impuesto no solo aburriría al lector sino que lo incentivaría ciertamente al exilio. Los mecanismos de recaudación son particularmente siniestros. Un sujeto A está obligado compulsivamente a extraer dinero del individuo B y depositarlo en las arcas del Estado (nacional, provincial o municipal, según el caso). Los fondos “a cuenta” del individuo B generan cero interés. El atraso en el depósito del individuo A genera multas estratoféricas y demandas penales “por utilizar fondos del Estado”. Los fondos a cuenta que tuviera el individuo A, por retenciones y percepciones aplicadas a él por individuos C, D, F generan interés cero. Así el Estado saca del sector privado tres cosas:

1) dinero compulsivo

2) esfuerzos recaudatorios

3) costos administrativo

Paga cero por tales gestiones y adelantos financieros, cobra con demandas penales e intereses usurarios cualquier atraso. Ahora, el lector, debe multiplicar esta complejidad por 2.250 municipios, 24 provincias y un Estado nacional.

Es absolutamente incomprensible que ningún juez haya declarado de oficio la inconstitucionalidad de cada uno de los mecanismos de cobro anticipado (retenciones y percepciones).

Otra vez surgirán voces: “El Estado no tiene otra forma de recaudar”, “los jueces no pueden dictaminar de oficio”, bla, bla, bla.

Nuevamente, en términos microeconómicos concretos, el sistema impositivo argentino no entra en ningún cálculo empresarial.

Prueba de ello, las empresas chicas deben evadir, las medianas eludir y las grandes hacer lobby en cada uno de los gobiernos. Los principales proyectos de inversión (Vaca Muerta y Minería) deben pedir regímenes de promoción especiales. Y la prueba más contundente: ningún político es empresario privado competitivo, ni lo fue nunca.

Debemos salir de la lógica “y como hace el Estado para recaudar” para pasar a la lógica “y como hace el sector privado para pagar”.

Es importante comprender las causas y las consecuencias: nuestra macroeconomía está desordenada porque la microeconomía es inviable.

Si no se puede ganar dinero, si no se puede invertir, contratar y despedir, no habrá inversión y por lo tanto, no habrá crecimiento.

Por tanto, la agenda argentina deber ser la discusión sobre lo disruptivo.

El sistema impositivo debe ser cambiado, no reformado. El sistema laboral debe ser cambiado por uno libre de impuestos y desregulado, al menos para nuevos trabajadores. El sistema regulatorio debe ser reformulado por uno base cero en cada una de las jurisdicciones.

Utópico, idealista, imposible es pretender que la Argentina funcione, si no consideramos una agenda disruptiva para un país inviable.