La Argentina espanta inversiones

El calendario corre y la situación se torna más crítica. La Argentina atraviesa la parte final de un año en el que quedó claramente expuesta la gravedad de sus problemas económicos. Hoy, a la espera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que despeje las nubes del panorama financiero para los próximos años, el Gobierno atraviesa la tormenta perfecta que implica la apelación a la emisión y el endeudamiento como el bote de emergencia para mantener al país a flote. Pero sobre todo, la falta de Inversión Extranjera Directa (IED) que garantice un futuro más allá del rebote técnico que pueda generar la contención del frente cambiario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que, tras la caída de 7,8 por ciento interanual que sufrió la región el año pasado, la IED se derrumbó otro 45 a 55 por ciento este año afectada por la pandemia de coronavirus pero también por las condiciones que se ofrecen para atraer esos flujos de dinero. Y para el próximo, le sumará una caída adicional de un 5 a 10 por ciento, lo que retrotrae el escenario al vivido allá por 2005. Para la Argentina ese resultado fue y puede ser aun más negativo. Por caso, ya en 2019 se desplomó casi 50 por ciento, el quinto peor registro detrás de Bolivia, Surinam y Antigua y Barbuda y Haití. Y tanto la inestabilidad cambiaria como el incremento de la presión tributaria alejan la posibilidad de recomponer esos números.

Antes de continuar leyendo esta reflexión y de espetar algún pensamiento xenófobo, argentinamente engreído y autosuficiente, debe saber el lector que este país (al igual que la mayoría), en ninguna época y bajo ningún gobierno, ha logrado mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos o remontar una crisis como la presente sin la participación de Inversión Extranjera Directa (IED). Sencillamente porque es la que viene a generar el empleo que los nacionales no pueden y, por el solo hecho de venir, ya equilibra las reservas con sus divisas, incluso aprecia nuestra devaluada moneda nacional.  Por eso es el principal problema a resolver, el nudo gordiano que si se desata, permitirá que el resto fluya.

¿Qué nos aleja de la inversión extranjera? Multiplicidad de factores: altísima carga impositiva, imprevisibilidad fiscal, leyes que encarecen la contratación laboral o que –como la reciente ley de Teletrabajo– se sancionan sin casi consultar a los dadores de empleo, una brecha cambiaria y una situación monetaria que le meten alta incertidumbre a cualquier proyecto de inversión, decretos que deciden intempestivamente la intervención y eventual expropiación de una de las principales agroexportadoras del país o declaran servicio público enteros sectores de actividad, como la provisión de servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga, transformando en tarifas sujetas a la discrecionalidad del Gobierno lo que eran precios establecidos en un sistema de mercado.

La lista podría seguir y afecta tanto a emprendedores nacionales como extranjeros, pero espanta particularmente a estos últimos, que para “hundir” capital en la Argentina evalúan esas cuestiones –y muchas más– con lentes de mediano y largo plazo.

No es casual, entonces, que la Argentina haya vuelto a aparecer entre los peores lugares del mundo para atraer inversiones: entre 2019 y 2020 fue uno de los países que más posiciones descendió en el Indice de Atracción Global (GAI, según sus siglas en inglés) que realiza todos los años The European House Ambrosetti. De acuerdo al GAI, el país cayó del lugar 73 –de 144– que tenía el año pasado a la posición 92 en el ranking de 2020 y tuvo una calificación crítica en materia de sustentabilidad, índice que expresa la capacidad futura de un país para permanecer competitivo. Vuelva a leer la lista de arriba y piense: ¿realmente podemos criticar a quienes no eligen Argentina para invertir? Más bien habría que felicitarlos.

La decadencia del país como llamador de inversiones hará que la Argentina termine este año con un nivel de IED similar a los que tuvo en la época de la hiperinflación de 1989, o de 2002, cuando atravesó lo que fue hasta entonces la peor crisis económica de su historia.

La explicación se encuentra en las varias razones enumeradas más arriba pero presión tributaria, inestabilidad política y económica, inseguridad jurídica encabezan el ránking.

Reconstituir el clima de inversión requiere tres condiciones: certidumbre, confianza y concertación. La certidumbre va más allá de la pandemia, porque hay que convivir con ella. Y la confianza y la concertación son necesarias para generar un futuro previsible, porque la inversión productiva no es un bono que se puede comprar hoy y vender mañana: implica tecnología, bienes de capital y una visión de mediano plazo.

También el inversor debe tener previsibilidad fiscal, es decir, que no le cambien las cartas a mitad de la partida. Eso es muy frecuente en nuestro país y espanta a cualquiera; pensemos que una inversión puede llegar a recuperarse en 10 años, es decir dos gobiernos y medio. ¿Cuántos impuestos pueden aparecer en ese lapso, según nos muestra la historia reciente? Demasiados “imponderables” como para arriesgarse por Argentina.  Y esto sumado a la de por sí alta presión fiscal. Como frutilla de un postre que nadie se quiere comer, aparece el costo laboral argentino, por efecto de impuestos y cargas y aportes. Es tan alto que  no puede ser compensado por una productividad laboral que, según la Cepal (la agencia de la ONU que sigue las economías latinoamericanas) es apenas el 36 por ciento de la norteamericana.

El país necesita una modernización tributaria y laboral y estabilidad jurídica. Para el empresario las inversiones tienen que ser, en una primera instancia, de los argentinos, pero para eso se necesita confianza, y esto se logra a través de un plan, un paquete de medidas, sumado a una reforma tributaria, porque es imposible para la actividad productiva pagar 167 impuestos y que piensen en agregar más. Si queremos generar empleo, esto debe ser modificado. Caso contrario, la inversiones seguirán migrando a la renta financiera.

Es una paradoja que mientras en mundo baja impuestos a las empresas para atraer inversiones, en la Argentina se discute cómo aumentar la presión impositiva. Al respecto, el último informe “Doing Business”, un estudio anual del Banco Mundial, precisa que la tasa total de impuestos y contribuciones pagados por los actores económicos como porcentaje de sus ganancias es en Argentina la segunda mayor del mundo. La carga en Argentina es de 106,3 por ciento, contra un promedio mundial de 40,3 por ciento.

Un historial de nueve defaults soberanos es, de entrada, un inhibidor que debe superar cualquier empresa o analista de inversiones que considere la posibilidad de hundir capital en el país. Relacionado con eso está el hecho de que la Argentina es, con 56 casos entre concluidos y pendientes, el país más demandado en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglos sobre Diferendos de Inversión, una suerte de tribunal ad hoc que en el seno del Banco Mundial arbitra juicios entre países y empresas. Le sigue, en cantidad de casos, Venezuela, con 49.

El primado argentino en desinversión es entonces consecuencia directa de la tendencia del país a enredarse en conflictos comerciales, de crédito o de inversión por su afición a cambiar reglas, alterar contratos, circunvalar leyes o incumplir créditos. No es algo que salga barato: en lo que va del siglo, el país lleva pagados 16.538 millones de dólares en indemnizaciones y compensaciones en fallos o arbitrajes de distinto tipo por expropiaciones, pesificaciones y defaults y tiene demandas pendientes demandas por otros 8.755 millones.

En los últimos tiempos el problema se agudizó, al punto que ya no solo se trata de que al país le cueste atraer inversión extranjera sino que pierde la que ya tenía. En el primer semestre de este año no hubo un éxodo sino una estampida de empresas saliendo de Argentina.  En ese período el valor de las operaciones de Fusión y Adquisición en la Argentina cayó 85 por ciento y el grueso de ellas tuvo lugar en el primer trimestre, es decir, no directamente ligadas a la pandemia. En el sector autopartista, los proveedores de pintura Axalta, Basf y PPG anunciaron el cierre de sus planta, la francesa Saint Gobain Sekurit cerró su planta de parabrisas y muda su producción a Brasil, Nike traspasó su operación local a la mexicana Axo, VF Corporation, productor norteamericano de las marcas Lee y Wrangler, cesó la producción local y Gerresheimer, un productor alemán de packaging para el sector farmacéutico vendió su operación argentina a la local Imap.

El economista Miguel Angel Broda planteó el fenómeno de la inversión, ya no solo extranjera, en términos de paradoja, cuando señaló que “estamos en el mundo del revés: el presidente almuerza con Hugo Moyano mientras Marcos Galperín (fundador de Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina) se tuvo que ir al Uruguay”.

Si en alguna etapa de la historia se creyó que a la economía argentina la salvaba una buena cosecha, la recuperación económica del país dependerá en buena medida de su capacidad de atraer inversores, tanto internos como externos. Ya no alcanza una buena cosecha de oleaginosas y cereales. Hace falta una excelente y sostenida cosecha de inversiones. Y para eso hay que sembrar.