La anomia judicial y la parálisis legislativa, factores de alto riesgo

Con una Justicia que avanza a paso de tortuga y un Congreso que, como siempre, trabaja solo en función de las necesidades y tiempos de la política, la situación de Uber en Argentina sigue sin resolverse. Y ya van para cuatro años desde que la aplicación comenzó a estar disponible.

Los “caza Uber” dieron un paso más en la escalada de violencia la semana pasada: en el barrio de Villa Devoto apareció un auto pintado y envuelto en llamas. Lo adjudican a las “bandas” de taxistas. El violento ataque, que incluyó una pintada con la marca “Uber” en el vehículo, afortunadamente no dejó heridos.

El propietario, un hombre de 27 años, dijo que en diciembre y enero pasado trabajó como chofer con la aplicación Uber, pero que en la actualidad “no estaba realizando esa actividad”, y  que el auto era usado habitualmente por su esposa.

El delito quedó caratulado como “Incendio y otros estragos”, que está calificado por el artículo 186 del Código Penal.

En una espiral de violencia que sigue en aumento, lo ocurrido en Villa Devoto se trata de un episodio más de ataques contra conductores que trabajan con aplicaciones móviles. A mediados de junio, dispararon una bala de goma contra un auto de Cabify que llevaba a un chico de 10 años con una mujer por Recoleta. Allí tampoco hubo heridos, por puro azar.

Pero quien sí fue lastimado fue un pasajero. También en junio, un joven de 30 años llamado Santiago Elizalde se disponía a subir a un auto que había pedido con Cabify, otra aplicación que utilizan remises que operan legalmente, para ampliar su plataforma de servicios Poco después sería víctima de una golpiza por parte de un grupo de taxistas.

De estos casos, se cuentan por cientos a la semana, en todo el país.

Es curioso que, siendo la raíz del problema la legalidad del servicio, la mayoría de las denuncias realizadas a la Justicia respecto de Uber no refieren a su funcionamiento sino a los atentados. Es decir, que la cuestión de su uso o no se está dirimiendo en las calles, a manos de los civiles, y no en los Tribunales, como debiera ser.

Recién el 2 de julio pasado, por primera vez la Justicia porteña resolvió procesar sin prisión preventiva a un “caza Uber”. Martín Facundo Sensón, de 32 años, fue imputado por los delitos de lesiones leves, daños y coacción. La Secretaría de Transporte de la Ciudad suspendió preventivamente la licencia del taxista imputado y se le iniciará el proceso interno para darla de baja definitivamente.

El resto de los casos, todos de alta criminalidad y peligro para la sociedad, pasó como agua que va, sin responsables identificados, mucho menos imputados.

Lo de los taxistas contra Uber ya ha pasado de ser una lucha sindical para convertirse en lisos y llanos delitos impunes. Pareciera que esta línea de diferencia entre una acción gremial y un crimen, que no es para nada delgada, no es distinguida por policías, fiscales y jueces. O bien, por miedo a una represalia del mismo tenor por parte de los gremios, que actúan en banda y recurren a herramientas que infunden temor social, no proceden los representantes del orden de la misma manera que si no se tratara de un gremio. Dicho de otro modo, si usted vecino quema un auto, lo raya, o le dispara con un arma, lo que sucederá a continuación es que será detenido. Porque todos estos delitos que enumeramos, según el Ministerio Público Fiscal, se penan con prisión. Sin embargo no sucede así cuando se trata de los “caza Uber” (salvo la honrosa excepción mencionada), quienes a su vez están organizados, actúan en banda e incurren en varios delitos más, como la privación de la libertad de los pasajeros.

Así opera esta mafia, disfrazada de trabajadores que defienden su fuente de trabajo: por las redes, un grupo de choferes denominados “Taxistas Unidos” difunde las patentes de los vehículos que trabajan con la aplicación e insta a los escraches.  Vidrios rotos, neumáticos tajeados, pintadas en la carrocería, persecución, interceptación, privación de la libertad a conductor y pasajero, y a veces hasta golpes y balas. Así es el modus operandi de la denominada mafia de los taxistas contra la empresa que tiene su sede central en San Francisco, Estados Unidos, una metodología cada vez más recurrente y más violenta.

La Fiscalía porteña, que es donde se atiende la mayoría de las muchas denuncias, dice que no avala ninguna de estas conductas; que buscan a los taxistas violentos, los procesan, imputan y llevan a juicio. Sin embargo, solo se sabe del caso de Sensón con avance en la Justicia, mientras que los hechos se incrementan día a día. El accionar de las fuerzas de seguridad, claramente ni los detiene ni los disuade.

Uber ya cuenta con 2,2 millones de usuarios inscriptos en más de 25 ciudades del país, aunque por el momento el servicio solo está operativo en la Ciudad y el Conurbano. Si bien tuvo enfrentamientos con la Justicia desde que de-sembarcó en la Argentina, la plataforma sigue funcionando, aunque con una restricción: solo se puede abonar en efectivo, ya que la Justicia ordenó a las tarjetas que se abstengan de procesar los pagos. No obstante, la empresa logró eludir este impedimento, como antes había evitado el bloqueo de la aplicación.

Lo cierto es que Uber no tiene habilitación para brindar el servicio de remis o de taxi en la Ciudad, pero aún así lo hace. Esta es la raíz del problema. Por eso el Estado se ausenta dos veces: primero permitiendo la ilegalidad o, mejor dicho, no estableciendo las condiciones legales en que debe funcionar para dar garantías de seguridad a los usuarios y equidad al mercado, y luego no ejerciendo con rigor el poder de policía sobre la justicia por mano propia que promueven los taxistas.  No hay firmeza en ninguna arista de este tema y todo sigue funcionando peligrosamente mal, anárquicamente, cada parte haciendo lo que le parece.

Si bien la Cámara Nacional en lo Criminal determinó que no es delito manejar un auto de Uber, hay tres causas judiciales contra la empresa. Una es por evasión tributaria y lavado de dinero y la lleva la Justicia en lo Penal Económico de la Nación. Otras dos están en manos de la Justicia de la Ciudad contra los directivos de Uber por organizar un servicio sin la debida autorización, y además por violar la clausura de la Web y de la aplicación. Pero mientras se espera el juicio, Uber sigue funcionando a pleno y los taxistas atacando a mansalva.

Como hemos dicho en otras oportunidades respecto de los nuevos hábitos de consumo, no se puede tapar el sol con la mano. Uber es una opción que los usuarios han tomado, del mismo modo que seguramente los taxistas que le hacen la guerra harán sus compras on line en lugar de ir a un comercio o tendrán Netflix en sus TV en lugar de pagar a un cable operador. Y mañana aparecerán otras modalidades que afectarán a otros rubros, los que, como todos, deberán reconvertirse, innovar o mejorar para no perder sus clientes.

No es Uber sí o Uber no lo que se debate, sino que no puede existir una actividad comercial, y en este caso en particular, que brinda un servicio con cierto riesgo para terceros, que no esté alcanzado por la Ley.  Por seguridad, por lealtad comercial, por el beneficio del propio Estado que debe recaudar por el uso de la vía pública. Por eso decimos que el problema radica en el seno del propio Estado, particularmente el Congreso que literalmente no trabaja para la gente sino para sus miembros. Con el ritmo vertiginoso con que cambia el mundo en estos días, los legisladores debieran estar atornillados en sus escritorios y reunidos en comisiones trabajando, a toda hora, por generar el marco legal necesario para que los argentinos podamos disfrutar con seguridad y sin menoscabo de nadie de todas las bondades que nos acercan las nuevas tecnologías.