Ibamos en camino a ser un narco Estado

Se sustancia en Rosario el juicio oral para lo que se cree que es la cocina de cocaína más grande del país.

Delfín Zacarías y su mujer, Sandra Marín, fueron detenidos el 5 de septiembre de 2013 por efectivos de la Policía Federal en una casa del country de Funes, en las afueras de Rosario, donde creen que funcionaba un laboratorio con capacidad para producir 500 kilos de cocaína por mes. La causa está plagada de pruebas, escuchas telefónicas y seguimientos realizados por personal de inteligencia de la Policía que ubican a los Zacarías en esa casa que fue objetivo central de la “Operación Flipper”, que encabezó el secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni. En ese procedimiento, según se informó, fueron secuestrados más de 300 kilos de cocaína, precursores químicos e instrumentos para la fabricación de la droga, que se vendía en los búnkeres de Rosario, entre ellos, uno de la zona oeste de Rosario que estaba al mando de Olga Medina, alias “la Tata”. Según los acusadores, los policías José Luis Dabat y Diego Comini -de la Federal y de Santa Fe, respectivamente- “daban cobertura” a la banda.

Y más allá de que la defensa de los acusados recurren a la versión de ser los “perejiles” de una pelea política entre los kirchneristas y los socialistas que gobernaban la provincia, lo primero que salta a la vista es la existencia de una cocina enorme de cocaína, en un país donde sus autoridades de ese momento se cansaron de decirnos que en la Argentina se vendía droga pero no se producía. Ante contundencias como esta, o las cocinas en quintas de la zona norte de Buenos Aires, o el triple crimen de General Rodríguez con la efedrina en el centro de la escena, tuvimos que escuchar durante años a Aníbal Fernández asegurando que nuestro país no era productor de drogas.

No se trata de una cuestión de percepción, claramente, sino más bien de una nación que desde hace años viene siendo perforada por la droga, donde se consume, se fabrica, se vende en el mercado doméstico y se exporta.

Lamentablemente nuestro país durante décadas dejó sus fronteras sin controles de ninguna especie. Cierto es que en los 90 no se producía pero sí se vendía droga y en tránsito por nuestro país llegaba a todos los puntos del mundo; en ese período también ingresaban capitales que concretamente “blanqueaban” dinero del narcotráfico. Acá, en el paraíso de la falta de controles, se hicieron grandes negocios con plata sucia. Pero como todo lo que se deja crecer después hecha gruesas raíces, la entrada al siglo XXI nos encontró con el negocio de la efedrina, un precursor prohibido en muchos países de la región y acá se exportaba libremente y comenzó a producirse droga a destajo. Con tanta laxitud y con una realidad adversa en otros países para este macabro negocio, llegaron para instalarse en Argentina jefes narco, con todo lo que ello implica. Nadie controló el origen de los ingentes fondos con que invertían aquí, compraban mansiones y se blindaban con escuadras de sicarios, un personaje delictivo que conocimos en la última década.

Y esto fue posible porque se permitió, se dejó crecer el árbol del fruto envenenado. Y lo peor no fue la negligencia sino una actitud ex profeso, en que cada gesto, cada medida fue fríamente calculada para facilitar estos desembarcos mafiosos. Sin controles en las radicaciones, en las inversiones fastuosas, sin radarización ni vigilancia en los pasos fronterizos; todas acciones por las que cada participante -Policía, Justicia y sectores de la política- algún beneficio han de haber sacado, a costa de pudrir una generación. Porque no hay que olvidar que drogas tan nocivas como el Paco solo se producen donde hay cocinas de cocaína, justamente porque se hace con sus desechos. Entonces, a la tozudez de Fernández respecto de que Argentina no era un país productor, la respuesta era elocuente, como un 1+1=2: si hay Paco, hay cocina.

Como ejemplo de que lo que decimos respecto de la vinculación del poder con el crecimiento del narcotráfico no es antojadizo, basta ver que en cada juicio contra capos de bandas de venta de drogas hay policías que son parte o que los protegen.

Por otro lado, no ha sido hasta el advenimiento de la nueva gestión de gobierno que la Justicia federal se activó y comenzaron allanamientos, encarcelamientos y juicios. Hasta entonces,  las justicias provinciales eran las que enfrentaban a los narcos, aprovechándose de otros delitos, como crímenes o robos, a pesar de ser el narcotráfico es un delito federal, claramente.

También este crecimiento exponencial de la droga en la última década fue posible por la participación la política, tanto de ministros y funcionarios de alto rango como de gobernadores e intendentes de distintos puntos del país, desde el Conurbano al norte del país, que aparecen involucrados incluso con la venta, porque si la política no da cobertura en muchos sectores no hubiese crecido tanto.

Los operativos se hacían cada tanto en las décadas pasadas; grandes titulares y vistosas fotos de “Super Berni” yendo de acá hacia allá en helicóptero, pero el negocio seguía su marcha a un punto cada vez más peligroso y extendido ayudado por los mismos que decían combatirlo.

Aquel panorama nos llevó a pensar -y varias veces lo planteamos en esta página- que Argentina iba camino a convertirse en un narco Estado, como fue Colombia, como lo es México. Partiendo de la negación de la realidad por parte de ministros, funcionarios y presidenta, hasta ver con qué facilidad entraba gente al país cargada de dinero de origen desconocido, además de la Policía generalmente involucrada, nada hacía posible ver una luz al final del túnel.

Este tétrico panorama ciertamente cambió con la llegada del macrismo. No quiere decir esto que no haya más droga narcotráfico en el país sino que quienes hoy encaran la lucha lo hacen de verdad y sin compromisos con este negocio. Puede ser escasa y falible pero se la ve honesta.  Podrá haber policías, funcionarios y jueces díscolos, algunos remanentes de los entramados que llevaron al negocio a este punto. Pero hay una férrea postura de “hasta acá”, que va a redundar en que ya no sea fácil para un narco que huye de un país donde lo controlan establecer su negocio en Argentina y así, como dice el refrán, “muerto el perro” se va a ir acabando la rabia. Sin financistas, no hay negocio. Quedan los “peones”, dealers y sicarios que crecieron de la mano de estos delincuentes, que ponen en juego su vida y la de los demás en luchas territoriales por mantenerse en el negocio. 

Para los argentinos en medio de una situación de inseguridad y auge de la droga sin precedentes, teniendo ambos asuntos una conexidad imposible de no visualizar, no deja de ser una buena noticia que, al fin, enfrentemos el narcotráfico hasta, al menos, hacerlo retroceder, porque es claro que es un sucio negocio que en un porcentaje seguirá estando aquí, como sucede en la mayoría de los países del mundo, pero ya no vamos en camino a ser un narco Estado.