Hebe en su laberinto de contradicciones

Una situación tensa, difícil e inusitada se generó ante la convocatoria a indagatoria a la que había sido citada Hebe de Bonafini por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El llamado a comparecer se dio en el marco de la causa por el programa Sueños Compartidos, una iniciativa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual Bonafini es titular, para la construcción de viviendas sociales. 

De Giorgi busca determinar cuál fue la responsabilidad de Bonafini en un supuesto fraude al Estado a través del programa. Para la construcción de las casas, la Fundación había celebrado una serie de convenios con el Ministerio de Trabajo, que encabezaba Carlos Tomada. Según consta en la resolución del juez, Trabajó desembolsó entre 2008 y 2011 la suma de 58.834.800 pesos para asistir a la entidad de las madres. Entre otros puntos, no se pagaron aportes de empleados, las obras carecían de planes de trabajo ajustados a un calendario y los presupuestos carecían de apertura de ítems. Además, el valor del metro cuadrado superó el costo fijado por el Programa Techo Digno, el plan que, con igual fin, instrumentaba el Ministerio de Planificación Federal con los gobiernos provinciales. 

En lo que respecta a la aplicación de los fondos que el gobierno kirchnerista había girado, el juez determinó que de los 748.719.414,64 de pesos que la Subsecretaría de Obras Públicas (a cargo de José López) había transferido a las jurisdicciones locales y que fueron canalizadas en distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, solo 516.247.173,07 pesos pudieron ser asociados a débitos vinculados a la gestión de obras. Es decir que 206.438.454,05 pesos fueron desviados sin un fin específico.

En esa causa, el magistrado citó a otras 42 personas, entre las que se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y varios exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

La titular de “Madres” ya había faltado a la dos primeras citaciones que le había hecho el juez y no podía desconocer que en esta oportunidad podía ser llevada por la fuerza pública.

Tras ser citada por tercera vez y habiéndose negado en rotundo a concurrir al juzgado, el magistrado ordenó a la Policía Federal que donde la encontrase la detuviera para llevarla ante el juez.

Bonafini concurrió el jueves a la habitual marcha de las Madres en la Plaza de Mayo y luego se movilizó a la sede de la entidad donde militantes, legisladores y dirigentes K y de derechos humanos se dieron cita para evitar que fuese detenida. Ella le envió una carta a Martínez de Giorgi criticando a la Justicia, pero para ir a indagatoria hay que hacerlo de cuerpo presente, aun cuando no se declare. Legalmente se trata de un acto de defensa al que es obligatorio concurrir, aunque más no sea para excusarse. De más está decir que la actitud tomada y preanunciada por la dirigente no responde a una imposibilidad de asistir sino a un acto de rebeldía. Ya no ante tal o cual persona, juez o mandatario, sino ante la ley misma. Por eso, tanto o más cuestionable que su decisión es la de los legisladores que le hicieron la arenga. Estamos hablando de hacedores y custodios del marco legal de nuestro país, alabando una postura totalmente contradictoria a toda norma.

El juez la declaró “rebelde”, ordenó su captura a los fines de que cumpla con su obligación y dispuso que le prohibieran cualquier intento de salida del país hasta tanto se ponga a derecho. Cumplida esta instancia, Bonafini no corría riesgo de quedar detenida, era cuestión de declarar y retirarse.

Otro dato a tener en cuenta es que la presidenta de “Madres” es querellante en esta causa; es decir que oportunamente acudió por este asunto a la Justicia que ahora desplanta para acompañar la acusación contra Sergio Shocklender. Pero también está imputada y debe dar todas las explicaciones en su calidad de titular de una entidad que recibió dineros públicos cuyo destino no está claro. Si todo sucedió a sus espaldas, a manos de su otrora hijo putativo, pues nada mejor que plantearlo frente al juez. 

En cambio, prefirió banalizar su histórica lucha, al mezclar ideales, persecución política y pretendida represión con un posible delito económico de fraude al Estado. Los números no están claros y hay que poner luz en el asunto, nada tienen que ver con esto todas las prerrogativas aludidas por Bonafini. No se trata de una persecución ideológica sino de que como responsable de la entidad explique sobre el uso de los fondos públicos recibidos y las condiciones de contratación del personal. En estos puntos, nada diferencia a un radical de un peronista, a un socialista de un conservador. Todo lo que se esgrima en este sentido para eludir el llamado de la Justicia no viene a cuento.

Ella lo sabe, quienes la acompañaron lo saben y la sociedad lo sabe.  

Hebe es contradictoria con este tipo de actitudes y más lo fue la postal que conformó con quienes la acompañaron en la movilización en la sede de “Madres”: procesados como Amado Boudou y Luis D’Elía o el activista golpista Fernando Esteche. 

Es difícil encontrar un hilo de coherencia en esta mujer de 87 años: luchó toda su vida pidiendo “Memoria, Verdad y Justicia” pero no contribuye a ello. La misma que bregó por el fin de la dictadura y el regreso de la democracia, no respeta la división de poderes ni acata sus decisiones. Ella, que sin distinciones fue contra todos los militares del país por significar en ellos al genocidio de la dictadura, fue complaciente cuando la expresidenta Kirchner nombró jefe del Ejército a César Milani, que es investigado en Tucumán por la desaparición y muerte del soldado Ledo. Esta vez, en que había motivos fundados para incluir al elegido por Cristina entre los responsables directos de la represión, y aun cuando su pliego de designación fue duramente observado, resultó que Bonafini no levantó siquiera la voz.

La presidenta de Madres acusó a la Justicia de haber mirado hacia otro lado cuando se secuestraba y desaparecía gente en la Argentina y narró las veces que recorría tribunales reclamando por sus hijos y nueras sin obtener ninguna respuesta. Del mismo modo ocurrió con la causa que la involucra desde 2008. Hasta ahora. Entonces, ¿no debiera aplaudir que la Justicia dejó de mirar para otro lado? Nuevamente la contradicción. 

Pero no terminó allí: en su segundo discurso, ya en medio de las tensiones que se generaron en la puerta de la sede de “Madres”, Hebe pidió que todo se desarrollara en paz. Si pretendemos que no se incendie el tema, como sucedió, debiera haber concurrido al juzgado como cualquier ciudadano y ojalá pudiera limpiar a una entidad tan respetada en la Argentina y en el mundo, de esta mancha de corrupción que coloca a los sagrados pañuelos blancos en un escenario muy triste.

La manera más fácil de explicar estas contradicciones sería decir que la señora ya está grande. Algo de eso hay, pero también es evidente que Bonafini buscó generar este conflicto, ya que el juez no pudo llevarla por la fuerza pública para evitar alguna situación violenta con los militantes.

Hay una postura en Hebe que además de ser contradictoria, la perjudica; a su salud primero, ante los ojos de la sociedad que, aun respetando su dolor, le ha retirado el apoyo, y ante el mundo, donde tanto se la ha valorado, a ella y a la institución. Toda esta “pérdida”, que ya viene por goteo en cada una de sus apariciones, ahora se ha magnificado por una cuestión actitudinal. Cuánto mejor hubiera sido para Hebe, para la Fundación Madres de Plaza de Mayo y para su causa, haber concurrido a la Justicia de buen grado cuando fue citada por primera vez, en esta causa de la cual ella no es la principal acusada y, como dijimos, la tiene también de querellante.

Los principales acusados son los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, que fueron apoderados de la Fundación y tuvieron un rol clave en el manejo del dinero que pasó por allí gracias al vínculo de confianza que habían forjado con Hebe de Bonafini. De acuerdo con el juez Martínez de Giorgi, los Schoklender, “valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado la fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas”.

Es posible que lo que afirma el juez sea lo más parecido a la realidad de lo que sucedió, pero no es menos cierto que Hebe fue la que confió en estos personajes tan cuestionables y que terminaron ensuciando a la entidad.

Para descomprimir la situación, el juez no ordenó a la Policía que allanara la sede de la Fundación y la trajera por la fuerza. Finalmente ayer por la tarde el patrocinante de Bonafini dijo que prestará declaración en pocos días, no se dijo ni cuándo ni dónde, tal vez en su casa. Y Martínez de Giorgi levantó la orden de detención que pesaba sobre ella por el desacato.

¿Si es cuestionable la actitud del juez, al manejarse con esta excepcionalidad? Puede ser, pero es visible que priorizó descomprimir el conflicto, sacarlo de la arena política.

Precisamente lo contrario a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que no contribuye a la paz social que pregona. 

Realmente se torna difícil que una república pueda funcionar bien con estos escollos y rebeldías frente a las instituciones. Las causas judiciales deben seguir adelante, sobre la base de la prueba objetiva y sin sobreactuación de parte de la Justicia que, también es cierto, aceleró el paso con el cambio de Gobierno. 

Hebe de Bonafini debe concurrir a declarar como cualquier argentino, esa es la realidad y cuanto antes suceda, mejor será, para todos.